22.08.05El síndrome Mirtha Legrand
Por Néstor Scibona
Ministro: yo tengo la sensación de que vivimos en un país pobre con un Estado rico. La apreciación de Mirtha Legrand, volcada en el almuerzo televisivo que compartió hace diez días con Roberto Lavagna, podría ser suscripta hoy por muchos argentinos aunque sea sólo parcialmente cierta. La Argentina, en efecto, es un país más pobre y desigual que en el pasado: su producto bruto interno per cápita es idéntico al de 1974, lo cual implica un fenomenal retroceso en términos relativos frente a un mundo que siguió creciendo. Lo que no es cierto es que tenga un Estado rico. El dato más elocuente es que la deuda pública reestructurada representa 70% del PBI; y eso después de una quita compulsiva de 65% a quienes le prestaron fondos en la última década y de haber borrado a los bonistas que no aceptaron el canje.
Por más que la especialidad de Mirtha Legrand no sea la macroeconomía, su percepción está en sintonía con el mensaje que suele transmitir el Gobierno. No hay más que repasar los avisos oficiales que se publican en los diarios cada vez que el presidente Kirchner visita una provincia o localidad del interior para advertir que, a falta de propuestas concretas, el eje de la campaña electoral es el reparto de fondos públicos. Y que bajo el título "inversiones" se engloban conceptos tan diversos que van desde la pavimentación de caminos hasta la distribución de preservativos.
Probablemente la sensación de tener un Estado rico que no lo es surja de la combinación de dos elementos que generan confusión.
Uno, que el gasto público primario ha crecido sostenidamente, al punto de ubicarse (con 24,1% del PBI) en niveles similares a los de antes de la crisis de 2001/2002. En este año electoral, a su vez, subió más que el aumento de los ingresos (debido al incremento de jubilaciones, sueldos estatales y obras públicas); y la semana última acaba de engrosarse con la elevación del piso salarial para las asignaciones familiares, que aporta más de 300 millones de pesos anuales a la cuenta de erogaciones. Este incremento, que regirá desde septiembre, se cobrará justo unos días antes de las elecciones.
El otro elemento es que, a pesar de aquel crecimiento (el denominado plan "felices elecciones" tiene hasta ahora un costo equivalente a 0,5% del PBI), el sector público nacional y provincial mantiene todavía un robusto superávit primario, de 4,3% del producto, similar al que exige el FMI. Este superávit, que equivale prácticamente a todo lo que el Estado recauda por retenciones y el impuesto al cheque, es lo que produce la engañosa percepción de que sobra plata. Nunca como ahora la Argentina tuvo superávit primario, con la modesta excepción del año 1993.
Pero el superávit primario se calcula antes del pago de intereses de la deuda. Si se incluye este gasto (que incorpora desde este año la deuda reestructurada con el canje), el saldo a favor de unos 17.000 millones de pesos se reduce a un superávit financiero de apenas 1000 millones; y si se computan los vencimientos que la Argentina aún no logró refinanciar (con el FMI y otros organismos multilaterales) reaparece la temida figura del déficit fiscal, que se agiganta si el Gobierno sigue desendeudándose con el Fondo.
Por cierto que, en plena campaña, al Gobierno le conviene hablar de superávit y no de déficit. La contrapartida es que estimula reclamos simultáneos de todos los sectores.
Hoy no está ni remotamente en juego el superávit del 3% del PBI que Kirchner fijó como piso y techo y que considera garantía de gobernabilidad. En todo caso, la discusión está en lo que excede de ese límite. Podría ser utilizado alternativamente para sostener el tipo de cambio alto; aumentar salarios estatales, planes sociales y jubilaciones; bajar impuestos; reducir deuda o incrementar obras públicas. Lo que no se puede es atender esos frentes al mismo tiempo; por más que al Gobierno le cueste decir que no y transmita el mensaje de que todo podría ser factible, sin animarse a establecer cierto orden de prioridad. Por ahora, la única certeza es que el gasto se orienta allí donde puede haber más votos.
El resultado de esta táctica es, por un lado, un aumento de la conflictividad social, donde los sectores más duros (piqueteros, Garrahan) aprovechan la pasividad del Gobierno para tirar de la cuerda y ganar protagonismo político. Por otro, una mayor confusión en las señales económicas.
Un Estado con recursos insuficientes puede inducir inversiones privadas en infraestructura pero no reemplazarlas. El régimen de participación pública y privada (PPP), anunciado la semana última es un paso en la dirección correcta pero con grandes interrogantes. Aunque el objetivo es comprensible, ya que la economía no puede seguir creciendo si la infraestructura no acompaña, y el sistema establece plazos taxativos para que no se convierta en una expresión de deseos, vuelve a instalar la idea del Estado empresario ya ensayada con Enarsa. Pocos son los empresarios que están al tanto sobre cómo y dónde funcionará en la práctica y más los que temen que si el Estado vuelve a actuar como juez y parte, se corra el riesgo de reeditar los antiguos vicios de la "patria contratista". El marco contractual pasa a ser tanto o más importante que el propósito del régimen.
Reglas claras
Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno no se ha caracterizado por clarificar reglas de juego para estimular la inversión en infraestructura y servicios públicos. Después de casi cuatro años, los contratos de concesión de los 90 permanecen sin ser revisados, aunque existe la promesa oficial de hacerlo en 2006. Y en algunos casos donde se constituyeron fondos fiduciarios específicos, el Estado les echó mano para cubrir necesidades urgentes del Tesoro.
El caso más dramático a mediano plazo es el de la energía. Según cálculos del especialista Gerardo Rabinovich, del Instituto General Mosconi, si la economía crece a un promedio de 4% anual y se mantiene la actual ecuación energética, la Argentina tiene por delante un enorme desafío. Para 2010 necesitaría incorporar 3200 MW de generación hidroeléctrica (el equivalente a otra Yacyretá); 600 MW de fuentes nucleoeléctricas (como Atucha II); elevar la producción de gas natural a 72.000 millones de metros cúbicos (25% más que en la actualidad) y la de petróleo a 54 millones (contra 40 millones hoy). En estos dos casos, si no lo logra, dejaría de exportar para pasar a importar.
El plan de incentivos fiscales para fomentar la exploración en asociación con el Estado ha avanzado muy poco. Entre otras cosas porque Enarsa pide una participación de hasta 50%; sigue sin sancionarse una ley de hidrocarburos que proteja inversiones y tampoco hay certezas sobre qué ocurrirá con las retenciones. Con los precios más altos en 20 años, la producción petrolera bajó 6% en 2004 y casi 4% en lo que va de 2005. Más que un Estado rico, probablemente se necesite un gobierno que se ocupe de diseñar políticas para imaginar en el futuro un país menos pobre.
Fuente: LA NACION
http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=731809
Ministro: yo tengo la sensación de que vivimos en un país pobre con un Estado rico. La apreciación de Mirtha Legrand, volcada en el almuerzo televisivo que compartió hace diez días con Roberto Lavagna, podría ser suscripta hoy por muchos argentinos aunque sea sólo parcialmente cierta. La Argentina, en efecto, es un país más pobre y desigual que en el pasado: su producto bruto interno per cápita es idéntico al de 1974, lo cual implica un fenomenal retroceso en términos relativos frente a un mundo que siguió creciendo. Lo que no es cierto es que tenga un Estado rico. El dato más elocuente es que la deuda pública reestructurada representa 70% del PBI; y eso después de una quita compulsiva de 65% a quienes le prestaron fondos en la última década y de haber borrado a los bonistas que no aceptaron el canje.
Por más que la especialidad de Mirtha Legrand no sea la macroeconomía, su percepción está en sintonía con el mensaje que suele transmitir el Gobierno. No hay más que repasar los avisos oficiales que se publican en los diarios cada vez que el presidente Kirchner visita una provincia o localidad del interior para advertir que, a falta de propuestas concretas, el eje de la campaña electoral es el reparto de fondos públicos. Y que bajo el título "inversiones" se engloban conceptos tan diversos que van desde la pavimentación de caminos hasta la distribución de preservativos.
Probablemente la sensación de tener un Estado rico que no lo es surja de la combinación de dos elementos que generan confusión.
Uno, que el gasto público primario ha crecido sostenidamente, al punto de ubicarse (con 24,1% del PBI) en niveles similares a los de antes de la crisis de 2001/2002. En este año electoral, a su vez, subió más que el aumento de los ingresos (debido al incremento de jubilaciones, sueldos estatales y obras públicas); y la semana última acaba de engrosarse con la elevación del piso salarial para las asignaciones familiares, que aporta más de 300 millones de pesos anuales a la cuenta de erogaciones. Este incremento, que regirá desde septiembre, se cobrará justo unos días antes de las elecciones.
El otro elemento es que, a pesar de aquel crecimiento (el denominado plan "felices elecciones" tiene hasta ahora un costo equivalente a 0,5% del PBI), el sector público nacional y provincial mantiene todavía un robusto superávit primario, de 4,3% del producto, similar al que exige el FMI. Este superávit, que equivale prácticamente a todo lo que el Estado recauda por retenciones y el impuesto al cheque, es lo que produce la engañosa percepción de que sobra plata. Nunca como ahora la Argentina tuvo superávit primario, con la modesta excepción del año 1993.
Pero el superávit primario se calcula antes del pago de intereses de la deuda. Si se incluye este gasto (que incorpora desde este año la deuda reestructurada con el canje), el saldo a favor de unos 17.000 millones de pesos se reduce a un superávit financiero de apenas 1000 millones; y si se computan los vencimientos que la Argentina aún no logró refinanciar (con el FMI y otros organismos multilaterales) reaparece la temida figura del déficit fiscal, que se agiganta si el Gobierno sigue desendeudándose con el Fondo.
Por cierto que, en plena campaña, al Gobierno le conviene hablar de superávit y no de déficit. La contrapartida es que estimula reclamos simultáneos de todos los sectores.
Hoy no está ni remotamente en juego el superávit del 3% del PBI que Kirchner fijó como piso y techo y que considera garantía de gobernabilidad. En todo caso, la discusión está en lo que excede de ese límite. Podría ser utilizado alternativamente para sostener el tipo de cambio alto; aumentar salarios estatales, planes sociales y jubilaciones; bajar impuestos; reducir deuda o incrementar obras públicas. Lo que no se puede es atender esos frentes al mismo tiempo; por más que al Gobierno le cueste decir que no y transmita el mensaje de que todo podría ser factible, sin animarse a establecer cierto orden de prioridad. Por ahora, la única certeza es que el gasto se orienta allí donde puede haber más votos.
El resultado de esta táctica es, por un lado, un aumento de la conflictividad social, donde los sectores más duros (piqueteros, Garrahan) aprovechan la pasividad del Gobierno para tirar de la cuerda y ganar protagonismo político. Por otro, una mayor confusión en las señales económicas.
Un Estado con recursos insuficientes puede inducir inversiones privadas en infraestructura pero no reemplazarlas. El régimen de participación pública y privada (PPP), anunciado la semana última es un paso en la dirección correcta pero con grandes interrogantes. Aunque el objetivo es comprensible, ya que la economía no puede seguir creciendo si la infraestructura no acompaña, y el sistema establece plazos taxativos para que no se convierta en una expresión de deseos, vuelve a instalar la idea del Estado empresario ya ensayada con Enarsa. Pocos son los empresarios que están al tanto sobre cómo y dónde funcionará en la práctica y más los que temen que si el Estado vuelve a actuar como juez y parte, se corra el riesgo de reeditar los antiguos vicios de la "patria contratista". El marco contractual pasa a ser tanto o más importante que el propósito del régimen.
Reglas claras
Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno no se ha caracterizado por clarificar reglas de juego para estimular la inversión en infraestructura y servicios públicos. Después de casi cuatro años, los contratos de concesión de los 90 permanecen sin ser revisados, aunque existe la promesa oficial de hacerlo en 2006. Y en algunos casos donde se constituyeron fondos fiduciarios específicos, el Estado les echó mano para cubrir necesidades urgentes del Tesoro.
El caso más dramático a mediano plazo es el de la energía. Según cálculos del especialista Gerardo Rabinovich, del Instituto General Mosconi, si la economía crece a un promedio de 4% anual y se mantiene la actual ecuación energética, la Argentina tiene por delante un enorme desafío. Para 2010 necesitaría incorporar 3200 MW de generación hidroeléctrica (el equivalente a otra Yacyretá); 600 MW de fuentes nucleoeléctricas (como Atucha II); elevar la producción de gas natural a 72.000 millones de metros cúbicos (25% más que en la actualidad) y la de petróleo a 54 millones (contra 40 millones hoy). En estos dos casos, si no lo logra, dejaría de exportar para pasar a importar.
El plan de incentivos fiscales para fomentar la exploración en asociación con el Estado ha avanzado muy poco. Entre otras cosas porque Enarsa pide una participación de hasta 50%; sigue sin sancionarse una ley de hidrocarburos que proteja inversiones y tampoco hay certezas sobre qué ocurrirá con las retenciones. Con los precios más altos en 20 años, la producción petrolera bajó 6% en 2004 y casi 4% en lo que va de 2005. Más que un Estado rico, probablemente se necesite un gobierno que se ocupe de diseñar políticas para imaginar en el futuro un país menos pobre.
Fuente: LA NACION
http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=731809