Por Pedro Isern

El jueves 14 de julio de 2005 la jueza Gloria Ana Chevesich dictó procesamiento a Matías de la Fuente, primo de la primera dama Luisa Durán de Lagos, por los delitos de "falsificación de instrumento público y fraude al fisco en calidad de reiterados" durante los años 1997 y 1998.

Según el diario "El Mercurio" la Magistrada determinó que De la Fuente, quien se desempeñaba como Director de Planeamiento del MOP (Ministerio de Obras Públicas) y jefe de asesores del entonces ministro de Obras Públicas, Ricardo Lagos, solicitó a la división de Concesiones contratar a un consultor, M&P Délano, para "obtener recursos para fines ajenos al servicio y además para beneficiar a empleados públicos" con sobresueldos. Fueron dos contratos innecesarios, dice Chevesich, en agosto de 1997 y mayo de 1998, cuyos gestores "defraudaron el patrimonio fiscal originándole una pérdida ascendente a la suma de $92.659.751".

En un procesamiento de diez páginas claras y concretas, la jueza sostiene que dicho mandato se cumplió a "cabalidad".  Mas aún, "Concesiones no requería de apoyo externo (...) razón por la que no es efectivo lo que se expresa en las dos resoluciones por las que se adjudicaron los contratos de apoyo administrativo". Mas adelante sostiene el dictado que "De la Fuente también le dio órdenes a Délano para que trabajara con empleados de Planeamiento, pese a que, según la normativa, no se podía hacer porque eran contratos de apoyo."

Délano aceptó la proposición y durante todo el tiempo que debían ejecutarse los trabajos, "nunca se relacionó con los empleados públicos (...) desconociendo su identidad". Sólo se limitó a recibir informes de quien se desempeñaba como "coordinadora" y quien fuera "asesora del gabinete del Ministro de Obras Públicas" (es decir, Ricardo Lagos).

A lo largo de la exposición judicial, que significa un duro golpe a la credibilidad de la actual administración, la jueza parece haber acreditado que De la Fuente, junto a Sergio Cortés, que se desempeñaba en la Coordinación General de Concesiones, cometieron fraude al fisco por $92.659.751 y falsificación de instrumento público en calidad de "reiterados".

Estas acciones se enmarcan en la investigación judicial conocida como MOP-Gate, comenzada en 2002. En ella se ha constatado también que Hernán Durán, socio principal de la consultora ambiental Gescam y hermano de Luisa Durán, ha participado en decenas de licitaciones públicas, ganando 52 de ellas. En este caso, la mencionada jueza está indagando una denuncia de supuestas irregularidades en un contrato del consorcio Faraggi-Gescam (CGU) con el Ministerio de Obras Públicas (MOP). Las réplicas incluso han llegado a Codelco, donde un socio de Hernán Durán (Hernán Sandoval, actual embajador en París y amigo del presidente Lagos), se desempeñaba como asesor de la presidencia ejecutiva. El episodio no sólo ha sacudido a La Moneda, sino que gatilló  a finales de junio la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Esta comisión ya ha comenzado a sesionar.

Al mismo tiempo que se suceden nuevas revelaciones que comprometen a distintos funcionarios, se ha aprobado una reforma constitucional clave que implica el fin de los senadores vitalicios y designados,  recupera para el Poder Ejecutivo la facultad de designar y remover a los Jefes de las Fuerzas Armadas y, entre otras medidas, reduce el periodo presidencial de 6 a 4 años. La reforma constitucional es de tal envergadura que, en palabras del Presidente Lagos, pone fin a los asuntos pendientes de la transición comenzada en 1990.

Por ultimo, es necesario mencionar que la nueva encuesta del CEP, realizada entre el 13 de junio y el 3 de julio, evidencia la consolidación de la ventaja de la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, incluso en el nuevo escenario político que ha significado la aparición de Sebastián Piñera. En dicha encuesta Bachelet encabeza las preferencias con el 46%, seguida por Joaquín Lavin con el 22%, Sebastián Piñera con el 15% y Tomás Hirsch, postulante del Pacto de izquierda "Juntos Podemos", con 2%. Sin embargo, las dificultades judiciales por la que atraviesa el oficialismo pueden llegar a implicar un golpe para su candidata.

Ante ello, es importante hacer hincapié que la salud republicana del exitoso proceso chileno deberá ponerse a prueba en el delicado proceso judicial en marcha. Es decir, la comprobación de irregularidades debiera resultar en una reacción de una parte de la sociedad civil que se ha sentido decepcionada al comprobar que determinadas conductas públicas que sistemáticamente se dan en la mayoría de los países latinoamericanos también estarían sucediendo en Chile. Luego, la ausencia de daño electoral a Bachelet ante esta circunstancia podría paradójicamente perjudicar la calidad institucional del país, ya que una sociedad civil vigilante debe exigir probidad a sus gobernantes independientemente que éstos muestren una evolución positiva en los indicadores económicos y sociales.

Pedro Isern Munné es Director del Área Economía y Estado de Derecho del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina www.cadal.org