Por Natalio Botana

No hay que confundirse. Poco hay de extraordinario en los acontecimientos que en estos días conmueven a Ecuador. Lo que sí resulta de esta mezcla de degradación institucional, rebeliones y derrocamiento del presidente es otro eslabón de una secuencia. Estos cortocircuitos ocurren, en efecto, asiduamente. Y cuando las cosas se repiten, no vale la pena seguir hablando tan sólo de crisis o de estallidos. El problema es mucho más complejo porque esta secuencia, común a varios países sudamericanos, en cuyo desenvolvimiento se engarza la ineptitud de los gobernantes con su destitución violenta, presenta las características de un contrasistema político que se sitúa en las antípodas de las expectativas pacíficas derivadas de un sistema republicano y representativo.

El caso de Ecuador ilustra con creces el choque entre estos dos métodos de cambio político. Desde 1997 hasta la fecha se sucedieron en Ecuador cinco presidentes: Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez. Uno solo de ellos, Fabián Alarcón, pudo concluir un mandato interino; los otros cuatro fueron destituidos. En pocas palabras: a los gobiernos en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay, en la Argentina y, en menor grado, en Perú, se los elige y si no gustan se los tumba (esta palabra, de uso habitual en el mundo andino, es, al respecto, muy expresiva).

Esta manera de entender la política pone desde luego en cuestión la legitimidad democrática basada en el papel mediador de los partidos políticos. Por cierto que no se trata de una crisis global de la democracia, semejante a la de los años setenta, cuando el orden predominante en la región era militar-autoritario. Sin embargo, estas constantes vueltas de tuerca, que oprimen una de por sí precaria legalidad, han dejado el saldo de una curiosa fórmula mixta en la cual conviven elementos democráticos, elementos autoritarios y factores tumultuarios sujetos a la lógica de la acción directa.

Tal circunstancia obedece, como recién apuntábamos, a que no practicamos un sistema político, sino dos: votos y cacerolas en la Argentina del "que se vayan todos" (grito que se repite en Quito); frágiles partidos y milicias al servicio del gobierno en Venezuela; partidos y movimientos sociales en Bolivia; impugnaciones callejeras frente a políticas gubernamentales en Ecuador. El contrapunto entre sistema y contrasistema continúa expandiéndose sin que se advierta, por el momento, una política regional encaminada a reducir estas tensiones. Con la excepción de Brasil, cuyo temperamento mediador se ha manifestado en varios conflictos, no parece que hubiese todavía una voluntad compartida, pronta para la acción (lo mismo cabe decir con respecto a la Organización de Estados Americanos).

La urgencia de poner en marcha cuanto antes un esquema regional de salvaguardas institucionales se explica porque las causas de estos cimbronazos en cadena no provienen exclusivamente del estado de pobreza en que están sumidos en Sudamérica grandes segmentos de la población. Si bien estas flagrantes desigualdades de carácter étnico explican una parte del fenómeno, la cronología de los hechos que, desde el 8 de diciembre del año último se precipitaron en Ecuador, nos indica que esta trama tiene también un costado eminentemente político, en gran medida autónomo de aquellos factores sociales y económicos.

Los combates callejeros de Quito no tuvieron por protagonistas a los sectores pobres y excluidos. Fueron más bien los sectores medios y altos -estudiantes y grupos alterados por las decisiones del presidente Gutiérrez- los que la emprendieron en una acción directa organizada mediante teléfonos celulares e Internet. La chispa que encendió los ánimos fue provocada por la arbitrariedad del Gobierno. Una grosera manipulación de la Corte Suprema para anular, con la designación de nuevos miembros adictos, los juicios de corrupción contra los ex presidentes Gustavo Noboa y Abdalá Bucaram, desencadenó las protestas. El presidente Gutiérrez reaccionó sin éxito implantando el estado de sitio (tuvo que derogarlo de inmediato debido a su evidente inutilidad). Por fin, en medio de este vacío de autoridad, el Congreso destituyó con premura al presidente mediante una decisión que no reunió el número de votos previsto por la Constitución para llevar a cabo tal cometido.

La confusión que se deriva de este conjunto precipitado de actos ilegales es tan evidente como la popularidad que va adquiriendo en nuestros países el contrasistema orientado a tumbar presidentes. La política impuesta por la acción callejera ya no es patrimonio, como en los antiguos relatos acerca de las revoluciones históricas, de los pueblos sojuzgados o de las clases excluidas. En rigor, es patrimonio de todos: de ricos y pobres, de empleados y marginales sin trabajo, de blancos e indígenas. Tal vez en esta suerte de generalización de un comportamiento contestatario se encuentre alguna pista para entender lo que realmente acontece en nuestras democracias.

Este entendimiento es también urgente y necesario. Observando en conjunto el continente sudamericano, se podría trazar una línea invisible que separe los países del mundo andino, incluida la Venezuela de Chávez con sus milicias bolivarianas, de los países del Cono Sur. Esta frontera no es, desde luego, precisa. Aun cuando en Colombia persista el desafío de los narcoguerrilleros, su clase política ha mostrado contar con la suficiente aptitud cívica para mantener firme el rumbo del sistema representativo. Estos matices deben tomarse en consideración. De todos modos, la suma de estabilidades que ofrecen Chile y Brasil, junto con las posibilidades abiertas por el gobierno de Tabaré Vázquez en Uruguay, permiten avizorar por estos lares un clima menos tormentoso. Más allá de las dificultades, estos tres países disponen de partidos relativamente sólidos, con capacidad para articular, merced a la representación política, nuestras complejas realidades sociales.

Así las cosas, es obvio que estos regímenes de partidos conforman actualmente un triángulo de estabilidades y no un cuadrilátero como desearíamos los argentinos. La razón de esta deficiencia no necesita mayor demostración: la Argentina padeció los efectos de este contrasistema que hoy muestra sus dientes en Ecuador entre los años 2001 y 2002. Derrocamos un gobierno, restauramos la práctica del cacerolazo, lanzamos al ruedo la consigna de echarlos a todos, desarrollamos, en fin, las tácticas piqueteras consistentes en bloquear los espacios públicos. Todo esto en muy poco tiempo. Tal vez, como decía Mirabeau según la versión de Ortega y Gasset, logramos en aquel verano caldeado poner a buen recaudo la "subitaneidad del tránsito", pero para apartarse de ese síndrome la Argentina necesita recuperar dos atributos básicos del buen gobierno republicano: el tiempo para repetir en más de una oportunidad la alternancia pacífica de los presidentes sustentada en comicios transparentes y, sobre todo, la confianza entre y hacia los partidos políticos.

Este último aspecto es central para entender por qué el sistema clásico de la representación política es desbordado frecuentemente. A menor capacidad de los partidos para mediar entre el Estado y la sociedad, mayor probabilidad de que los nuevos actores, inclinados a la impugnación y al tumulto, hagan su tarea. Estas fuerzas sociales, bueno es recordarlo, hacen las veces por ahora de un ariete: niegan, derriban, pero no construyen. La reconstrucción, si cabe, la realizan precariamente algunas instituciones (en especial la vicepresidencia) de ese sistema de partidos tan denostado en las plazas y calles de las ciudades. Algo, por lo menos, queda. De donde se sigue que los estallidos en Ecuador no son para nada ajenos a nuestra circunstancia. Evocan, al contrario, una herida aún no cerrada del todo y, por tanto, susceptible de abrirse en otra oportunidad.

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LA NACION | 24.04.2005 | Página 6 | Exterior