Por Carlos Alvarez

Finalmente ocurrió. Como "no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte" la izquierda uruguaya asumió el poder el 1º de marzo. Tabaré Vázquez arranca su gobierno bajo excelentes auspicios y no solo dispone de mayoría parlamentaria, sino de  un índice de popularidad inédito para un presidente uruguayo: 85 por ciento.  Encuestas de opinión revelan que la gente está dispuesta a darle un tiempo al nuevo gobierno, solo el 3% cree que se van a ver cambios significativos inmediatamente. La identificación de la gente con el nuevo gobierno es muy fuerte y explícita. Las familias y los amigos se reunieron masivamente  a cenar el 28 de febrero y a esperar la medianoche para lanzar fuegos artificiales, como si fuera navidad o año nuevo. Nunca antes se había visto algo así. Es claro que el apoyo además de abrumadoramente mayoritario, es fervoroso.

Otro hecho auspicioso, con ribetes históricos, es la suscripción por parte de los cuatro partidos con representación parlamentaria, de un acuerdo que fija un marco de consenso mínimo en torno a políticas económicas, políticas de estado para la enseñanza y para las relaciones internacionales. Las concordancias en materia económica no son menores: Se respaldó el mecanismo de canje de deuda instrumentado en 2003, que originalmente había sido duramente criticado por Vázquez. Se ratificó la actual política monetaria, basada en metas inflacionarias y stock de circulante. El documento también señala que es necesario "consolidar un ambiente propicio para la inversión, apoyando reglas claras de juego y el compromiso de mantenerlas" y realizar una profunda reforma del aparato estatal. Nunca un gobierno había contado con un documento de este tenor firmado por todos los partidos.

Sin embargo, también es cierto que el nuevo gobierno arranca bajo el signo de la incertidumbre y la contradicción. De algún modo este signo era previsible, dado que la estrategia de acumulación de fuerzas que lo precipitó al poder se basó en la fuerte confrontación con los partidos tradicionales, estimulando todas las reivindicaciones sociales, incluso cuando unas eran contradictorias con otras, como bajar impuestos y subir el gasto. Llegados al poder, a los principales protagonistas de la izquierda les queda claro que con sus visiones tradicionales es imposible abordar exitosamente la realidad y están procesando una reconversión acelerada que los está llevando a proponer políticas no demasiado distintas de las que criticaban desde la oposición. Lo realmente paradójico es que ahora esas políticas pueden tener chance de éxito, ¡justamente porque en las nuevas condiciones políticas no encuentran oposición!

Pero esta transición no es uniforme, no la procesan igualmente todos los dirigentes y eso determina que un observador desprevenido quede impávido ante las contradicciones que encuentra. Estas contradicciones se han expresado en los últimos días en una polémica surrealista respecto de tres temas que globalmente representan inversiones por algo así como dos mil millones de dólares (por tanto involucran unos veinte mil puestos de trabajo):  un conjunto de doce edificios en Punta del Este cuestionado por su impacto paisajístico, una planta de celulosa en las costas del Río Uruguay cuestionada por su impacto ambiental y un puerto privado en Montevideo, cuestionado no se sabe bien por qué. Los miembros del gobierno en la línea del Ministro de Economía Danilo Astori reivindican su derecho a decidir en estos temas y obviamente apoyan la realización de las inversiones. Mientras, el Ministro de Obras Públicas y ex intendente de Montevideo, Mariano Arana, las critica, junto con una larga claque radical. Astori aparece con mucho poder, pero muy solo, por más que tenga todo el apoyo del Presidente. Y eso empieza a ser percibido.

Lo verdaderamente importante es que el núcleo central de dirigentes que componen la nueva administración logren completar esa transición de opositores a gobernantes del modo mas homogéneo y completo, y que puedan explicarlo a su entusiasta electorado, acostumbrado a la sonoridad ramplona de la diatriba opositora.

El nuevo gabinete ministerial está conformado de modo tal de comprometer con la gestión de gobierno a todos los sectores de la heterogénea fuerza política mayoritaria. Esa misma definición describe el alto grado de contradicción que encierra el nuevo Poder Ejecutivo.

Para los directorios de las empresas del estado, que en Uruguay son muchas y muy poderosas, el nuevo gobierno abandonó (con una sola excepción) la práctica histórica de blancos y colorados de designar dirigentes políticos que no habían logrado ser electos como legisladores y armó en cada uno de estos directorios una combinación de académicos, empresarios y sindicalistas, de bajo perfil político, sin que sea posible predecir hoy como será su desempeño. Parece claro al menos que no habrán de proceder con criterio partidista. No es poca cosa.

El Partido Nacional, que ha aceptado el ofrecimiento de participar en minoría en los directorios y en la dirección de la enseñanza, también ha propuesto directores de bajo perfil político partidario, con énfasis en la competencia profesional. Desde el primer gobierno post dictadura  no ocurría que la oposición tuviera participación en estos organismos. Los colorados no aceptaron cargos, pero de todos modos suscribieron "el histórico acuerdo".

Por otra parte, el dictador cubano Fidel Castro no vino y más allá de la versión oficial acerca de motivos de salud, una de las hipótesis que se maneja es que su intención de hacer un acto público en un estadio cerrado no fue bien vista en filas del gobierno. Alcanzó con Chávez, que si hizo su acto, y con su "jarabe de pico" bolivariano y populista nos dejó en claro cuanta cosa valiosa podríamos perder los uruguayos si el nuevo gobierno lo tuviera como referente.

A tres días de asumir, al nuevo gobierno se le fundió un banco cooperativo respecto de cuya situación el FMI y el BM vienen alertando desde hace meses. Cualquier liberal aplaudiría de pié la primera reacción del ministro Astori: "Ni un peso para salvar bancos". Los gobiernos anteriores, incluso los acusados de "neoliberales", endeudaron enormemente al país para evitar la caída de bancos irremediablemente fundidos y "socializar las pérdidas". Si bien esta batalla recién empieza no arranca mal el ministro de economía.

Y  a cuatro días de asumir, con toda decisión, una frágil abuela de 75 años -Azucena Berruti, ministra de Defensa- abre las puertas de los cuarteles para que un grupo de antropólogos busque los restos de los detenidos desaparecidos y así terminar de una vez con esta pesadilla que atormenta desde hace treinta años al Uruguay. Y los militares -como no podía ser de otra manera- acatan. Una resolución favorable de este punto fortalecería la imagen de izquierda del gobierno y le aportaría "algo de inmunidad" para tomar medidas contrarias a la cultura de izquierda en el campo económico.

Eso si, algunas medidas muestran la dificultad de alinear al conjunto del gobierno en torno a las mismas ideas. Se habla de insistir con políticas de subsidio al irracional empeño de plantar caña de azúcar, el inmediato restablecimiento de relaciones con Cuba, la no menos precipitada suscripción de acuerdos con Venezuela que no han sido difundidos ni discutidos y la anunciada convocatoria a consejos de salarios ponen un manto de duda sobre la firmeza de las orientaciones macroeconómicas.

Pero la búsqueda de equilibrios puede traer problemas muy serios al nuevo gobierno. La designación de Ernesto Murro para presidir el organismo de seguridad social (jubilaciones, que por alguna inexplicable razón se llama "Banco" de Previsión Social, cuando de banco no tiene nada), era esperada. Lo que causó sorpresa es que en sus primeras declaraciones públicas mantuviera su arremetida histórica contra el régimen de capitalización que desde hace nueve años funciona en paralelo con el régimen "solidario" que encarna el BPS. Murro fue quien perdió la batalla cuando se reformó el sistema de seguridad social y desde entonces ha procurado derogarlo y debilitarlo por todos los medios. La pertinaz insistencia de Murro en la derogación del régimen de AFAPs tampoco habla bien de sus convicciones democráticas, puesto que este régimen fue impugnado por la vía plebiscitaria y no se llegó a reunir las voluntades suficientes para convocar la consulta popular. Si este régimen fuera derogado, sería un golpe al mentón de la seguridad jurídica, ya que implicaría la lisa y llana confiscación y socialización del ahorro individual de cientos de miles de uruguayos. Nadie creería en ninguna seguridad jurídica y caería cualquier acuerdo con los organismos multilaterales. Seguramente,  si eso ocurriera, Astori dejaría de inmediato el Ministerio de Economía.

Vázquez no tiene otra alternativa que contemplar a todos los sectores de su partido y llegar a julio próximo con sus fuerzas intactas, porque sabe que en ese mes tendrá que dar la batalla central de su administración: El Presupuesto Quinquenal del Estado. Y para llegar a julio, tendrá que acordar un nuevo programa con el FMI en marzo y firmar una carta intención. Por eso estos golpes de timón que parecen llevar la nave a un puerto y al minuto siguiente a otro, responden a esa necesidad de asegurarse a Tirios y Troyanos.

Vázquez dijo en un discurso del 1º de marzo que gobernaría con la vista en la utopía y los pies en la realidad. En esas condiciones son inevitables los tropezones.

Carlos Alvarez es Coordinador de Programas en Uruguay del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).