La última encuesta CEP confirma el fuerte impacto que han tenido en la población las denuncias de corrupción que afectan a altos funcionarios del sector público y a un grupo de parlamentarios de la Concertación. En la medición el 57 por ciento de los chilenos señala

Por Cristián Larroulet

La última encuesta CEP confirma el fuerte impacto que han tenido en la población las denuncias de corrupción que afectan a altos funcionarios del sector público y a un grupo de parlamentarios de la Concertación. En la medición el 57 por ciento de los chilenos señala que "muchos y casi todos" los funcionarios públicos están involucrados en coimas y corrupción. Sin embargo, no todo es negativo y este grave problema también tiene otra mirada. La reacción de la prensa y del Poder Judicial permiten tener una visión optimista. En efecto, un país democrático requiere de una prensa independiente que, junto con informar a la ciudadanía, fiscalice los actos del Gobierno, del Poder Legislativo y Judicial. Al promover la transparencia de las actividades públicas la libertad de expresión es el mejor antídoto contra la corrupción. Es claramente reconfortante que en un país que tiene un Poder Ejecutivo muy influyente y poderoso la prensa nacional haya actuado con la independencia mostrada.
También nos permite mirar con optimismo el futuro la actitud del Poder Judicial. Este, con sus fallos ha sido consecuente con su trascendental rol de hacer respetar el Estado de Derecho. No hay libertad ni justicia en un país sin Estado de Derecho y eso pasa por la absoluta independencia del Poder Judicial. El país ha podido apreciar las ventajas de la libertad de expresión y el respeto a las leyes y la Constitución para combatir a la corrupción, valor especialmente importante de cuidar cuando ha sido una de nuestras ventajas a nivel internacional. Un extranjero que observa a Chile sabrá apreciar que, a diferencia de gran parte de los países de América Latina, aquí las instituciones funcionan.
Pero no sólo el funcionamiento de las instituciones nos deben hacer apreciar las fortalezas que Chile posee, sino que también debemos valorar la oportunidad que se está generando para atacar de raíz las principales causas de los fenómenos de corrupción que hemos conocido. Después de varias semanas de paralización el Gobierno ha tomado la iniciativa, y la oposición la ha acogido, para realizar las reformas que la solución del problema requiere. A continuación señalaré lo que considero deben ser los aspectos centrales de esa agenda de reformas. En primer lugar los fenómenos de corrupción que hemos podido ver están directamente relacionados con la institucionalidad de nombramiento por cuoteo político de un número excesivo de funcionarios públicos. Debemos reformar radicalmente ese procedimiento siguiendo los principios de la reforma del Estado realizada en Nueva Zelandia en la cual los directivos públicos y gran parte de los funcionarios de alto nivel deben ser nominados a través de un procedimiento que privilegie su capacidad profesional. Esto pasa por crear una entidad pública especializada en la selección de esas altas autoridades, que posea una estructura y organización autónoma del poder de turno y que le proponga ternas a los Ministros de Estado para que seleccionen esos directivos públicos. Estos deben firmar un contrato de gestión evaluable periódicamente y permanecer en sus cargos un período de tiempo fijo y ser removibles sólo por causales de incumplimiento de esos objetivos. El éxito de ésta reforma requiere una aplicación gradual y que la autoridad actual no trate de "apernar" en los cargos a los funcionarios que no poseen los antecedentes profesionales para desempeñarse en esas importantes tareas y sólo están en esas posiciones por sus compromisos políticos.
El segundo aspecto de la agenda debe consistir en profundizar la transparencia en todas las actividades públicas. Ello requiere actuar en varios frentes como la transparencia del Congreso, las mayores facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados y las mayores facilidades de acceso a la información pública por parte de la prensa. Aquí el principio debe ser que todo es público y lo único discutible es en que momento se hace pública una información de naturaleza sensible para la seguridad del país.
En tercer lugar se necesita actuar en las empresas estatales. Para ello lo primordial es que todas se transformen en Sociedades Anónimas y que como mínimo, si no se las desea privatizar, se coloque un 20% de sus acciones en el mercado de tal forma que haya intereses privados que velen por la eficiencia y la probidad. Esta propuesta obligaría a dichas empresas a entregar información pública con lo cual inversionistas institucionales, acreedores y organismos fiscalizadores van a estar atentos para evitar las prácticas corruptas. En esta materia no hay que caer en el error de politizar la gestión de las empresas públicas, sino que llevarlas a su ámbito natural: el sector privado. Sería un gran error que pasaran de ser administradas por un grupo político determinado a serlo por la totalidad de ellos.
En cuarto lugar, la agenda debe considerar la revisión detallada de una serie de regulaciones que han facilitado las prácticas de corrupción. Me refiero especialmente a aquellas relacionadas con el sector transporte, infraestructura y algunos servicios locales. Estas al otorgar un poder monopólico con procedimientos poco transparentes han estimulado conductas inadecuadas. Entre otras reformas al respecto debe considerarse la creación de una institución pública que tenga como único fin realizar una evaluación periódica desde la perspectiva del beneficio para la sociedad y de la probidad de las antiguas y nuevas regulaciones. Así se genera una instancia que cuestione las regulaciones y permita un debate más equilibrado sobre sus bondades que el actualmente existente.
Finalmente, esa agenda no puede abstenerse de considerar el financiamiento de la política. Al respecto resultaría muy negativo para la existencia de un sistema político abierto y sano poner límites al gasto en una campaña. Esa propuesta, además de atentar contra la libertad de expresión en su más amplio sentido, frena la competencia otorgando grandes facilidades a los que ya están en la política. Ello mata la innovación y facilita la corrupción. Asimismo, no hay que estigmatizar el aporte de la plata a la política. Los ciudadanos tienen el legítimo derecho de aportar sus recursos en las más diversas formas a la noble tarea de la política: unos lo hacen con dinero, otros con ideas, otros con canciones, otros con sus rostros, etc. Si queremos limitar uno de ellos debiéramos también hacerlo con los otros, lo que es ridículo. Debiera estudiarse un aporte estatal relacionado con el bien público principal, que no es otro que las propuestas y el debate sobre políticas públicas que cada campaña permite. En la lógica del actual sistema de franja televisiva debieran asignarse recursos para franjas de radio y espacios de prensa. De esta forma se facilitaría el debate en torno a las diversos propuestas que los candidatos le ofrecen al país.

Santiago, 26 de enero de 2003