Cuando, a partir de fines de la década del ’70, a lo largo y ancho de América Latina, los regímenes autoritarios cedieron paso a la apertura democrática, los gobiernos civiles debieron afrontar, entre muchos otros desafíos, a la resolución de los crímenes cometidos por los militares salientes. La forma en que se avanzó en la resolución de estos crímenes fue notoriamente más dispar, y pocos fueron los casos en que tales procesos alcanzaron algún éxito concreto. Una mirada a la experiencia chilena a la luz de los ultimos acontecimientos.

Por Santiago Alles

Cuando, a partir de fines de la década del ’70, a lo largo y ancho de América Latina, los regímenes autoritarios cedieron paso a la apertura democrática, los gobiernos civiles debieron afrontar, entre muchos otros desafíos, a la resolución de los crímenes cometidos por los militares salientes. Si bien la ola democratizadora presentó una asombrosa extensión, y por tal motivo son muchos los elementos comunes, la forma en que se avanzó en la resolución de estos crímenes fue notoriamente más dispar, y pocos fueron los casos en que tales procesos alcanzaron algún éxito concreto. No obstante, en muchos casos los resultados en materia de reparaciones y enjuiciamientos han sido tan magros, que con seguridad lo más apropiado sea hablar de la forma en que los gobiernos civiles avanzaron en el tratamiento del problema político que representaban tales crímenes. En efecto, los crímenes cometidos durante los gobiernos militares (en especial, en los casos más represivos, como fueron los regímenes del Cono Sur), se constituyeron en un problema político a resolver, en el cual se entrecruzaban las demandas de múltiples actores.

Por supuesto, de un lado, se presentó el frente militar. Los cuadros militares tenían el claro objetivo de bloquear la posible revisión de las atrocidades cometidas y ellos, incluso en los casos en que se retiraron con un mayor desprestigio, conservaban recursos capaces de bloquear la acción civil, muchas veces con el apoyo de sectores de la derecha. La contraparte natural de la postura militar estuvo vinculada tanto a las organizaciones de Derechos Humanos (locales e internacionales), a las víctimas y a los sectores políticos de izquierda. Por su parte, amplios sectores de la sociedad se mostraron más interesados en la estabilidad política de las democracias recién establecidas que en avanzar en materia de reparaciones y enjuiciamientos; lo ético quedaba subyugado a su viabilidad política. En esta línea, la posición de muchos gobiernos civiles estuvo emparentada con tal temor a la inestabilidad: inclusive en aquellos casos en que acogieron vivamente la necesidad de revisar los crímenes cometidos, el grado de debilidad de su situación política significó un serio constreñimiento para su acción punitiva. En este sentido, tal como señala M. Garretón (1995:58), el tema de las violaciones a los Derechos Humanos no presenta una solución sencilla, por cuanto en él colisionan la lógica ética, expresada por los movimientos y organizaciones de Derechos Humanos, con la lógica político estatal.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los mecanismos que, en las últimas décadas, se aplicaron en sociedades que debieron resolver el conflicto planteado por los crímenes cometidos durante gobiernos autoritarios? Aparecen, entonces, dos grandes tipos de soluciones al tratamiento de violaciones de Derechos Humanos: 1.) el procesamiento judicial de los responsables, y 2.) la creación de comisiones de verdad, encargadas de informar sobre las violaciones cometidas, ya sea durante una dictadura o durante un conflicto armado interno. Las comisiones de verdad se han insertado en diferentes roles en el proceso de reconciliación, por lo cual pueden clasificarse como:

• Comisiones que han funcionado de manera paralela al procesamiento judicial de los responsables de las violaciones (p.e.: Argentina).
• Comisiones que han funcionado donde no ha existido proceso judicial, porque los responsables de las violaciones fueron previamente amnistiados (p.e.: Chile).
• Comisiones cuyo funcionamiento se ha articulado de alguna manera al eventual desarrollo del procesamiento judicial de los responsables (p.e.: El Salvador).
• Comisiones que han operado como si ella misma fuera el procesamiento judicial de los responsables (p.e.: Sudáfrica).

Las soluciones a las que se arribó en la etapa de instauración de la democracia estuvieron vinculadas a la capacidad de acción que los actores políticos tuvieron para defender sus posiciones. Pero, como era de esperar, en ningún caso el balance de fuerzas se mantuvo constante, por lo cual en ocasiones los grupos que demandaban justicia lograron reintroducir sus demandas algún tiempo más tarde, inclusive en casos en que los militares en el momento inicial tuvieron el poder para “clausurar” el pasado.

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Los militares chilenos constituyen un ejemplo de transición a la democracia en la cual los militares conservan una importante cantidad de recursos político institucionales y de apoyo social, tal que fueron capaces de imponer límites claros (y duros) a los posteriores gobiernos civiles. En efecto, la propia transición a la democracia se inició cuando la oposición democrática al régimen aceptó que las reglas del juego impuestas por los propios militares en la Constitución de 1980 serían la base legal sobre la cual se edificaría la transición. Este paso, tal como señala J. S. Valenzuela (1998:170), “fue motivado inicialmente por la falta de otras alternativas para poner fin al régimen autoritario, y una vez ganado el plebiscito, por la necesidad ineludible de mantenerse dentro de la legalidad so pena de que, en nombre de las amenazas o violaciones a la Constitución, Pinochet movilizase a los militares y a sus aliados civiles de la derecha”.

La aceptación de la constitución autoritaria dio algunas garantías a los militares y sus aliados, y si bien de esa manera redujo la capacidad de obstrucción que estos conservaban sobre el proceso de transición, a la vez impuso un corsé institucional a los gobiernos civiles posteriores. Precisamente, la institucionalización del régimen autoritario introduce una serie de enclaves autoritarios que marcan su carácter incompleto como rasgo básico de la transición (Garretón 1995:48). Estos enclaves se localizaron en diferentes posiciones. Los enclaves institucionales han estado dados tanto por aspectos no reformados de la constitución autoritaria, como de leyes orgánicas constitucionales (“leyes de amarre”) relativas a otros ámbitos más específicos, que han bloqueado la acción de gobierno (Garretón 1995:56-57). Pero a la vez, un conjunto de enclaves actorales, en especial los militares, conservaron posiciones estratégicas dentro del sistema político chileno, al punto que estuvieron en condiciones de bloquear al gobierno civil en numerosos asuntos.

El gobierno concertacionista de Patricio Aylwin (DC) se planteó un programa radical, comparado con las experiencias históricas, con una postura ética antes que con una acción gubernamental concreta. El gobierno tuvo la intención de avanzar sobre los crímenes cometidos por el gobierno de Pinochet, pero los logros efectivos fueron escasos, y estuvieron principalmente vinculados a dos ámbitos. Por un lado, desde un punto de vista simbólico, se realizaron funerales de Estado para trasladar los restos de Salvador Allende desde Viña del Mar, donde había sido sepultado al día siguiente del golpe. Por otra parte, el gobierno de Aylwin avanzó en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y constituyó la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, presidida por el ex senador radical Raúl Rettig. La Comisión, en marzo de 1991, entregó al presidente las conclusiones de sus investigaciones en las que se documentaron más de dos mil muertes, a la vez que se criticaba la anuencia de la Justicia durante los años de Pinochet (Collier y Sater 1996:326-327), aunque el informe careció de efectos judiciales concretos.

Aylwin avanzó en un programa de compensaciones para las víctimas de la represión, pero la cuestión de los juicios penales quedó en manos de la Justicia, la cual liquidó parte de los esfuerzos del gobierno al concluir que no podía investigarse los crímenes amnistiados durante los propios años de Pinochet; los sectores militares lograron bloquear los intentos del gobierno de avanzar con mayor profundidad en el enjuiciamiento penal de los responsables. La cuestión de las violaciones a los Derechos Humanos permaneció como una herida abierta en la sociedad chilena, a pesar de los esfuerzos hechos por los sucesivos gobiernos concertacionistas, e inclusive por algunos sectores de la nueva derecha democrática (como quedó visto en los proyectos de reparación impulsados por la UDI el año pasado).

No cabe duda que los sectores pinochetistas han perdido tanto posiciones cruciales como aliados políticos en los últimos años, en especial a partir de la detención del ex dictador en Londres. En este contexto de creciente descrédito, ocho de los generales más allegados a Pinochet sorprendieron el año pasado al realizar, por primera vez en público, un reconocimiento conjunto (aunque limitado) sobre los abusos cometidos, a tan sólo dos meses del trigésimo aniversario del golpe de Estado. No obstante, la sorpresa fue completa cuando, el pasado 5 de noviembre, el general Juan E. Cheyre, comandante en jefe del Ejército, anunció que “el Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”, por medio de un breve documento titulado “El fin de una visión” (Clarín, 06/11/04); el paso dado por Cheyre, fue bien recibido en el gobierno y la oposición, pero no así entre los militares retirados. Sobre el asunto, los otros jefes militares en un principio guardaron silencio, pese a que el gobierno, por intermedio del ministro del Interior, los instó a imitar el gesto del jefe del ejército (La Nación, 10/11/04), pero en los días posteriores a la difusión del Informe Valech, los jefes de Armada, Fuerza Aérea y Carabineros se sumaron a las autocrítica de Cheyre, aunque en estos casos se negaron a aceptar que las responsabilidades sean institucionales, sino individuales (El Mercurio, 02/12/04).

La coyuntura operó como un detonante de la autocrítica militar. La decisión de Cheyre no fue una repentina reacción ética, sino una acción reflexionada cuando faltaban pocos días para que la Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura presentara al presidente Ricardo Lagos (PS) su informe final, luego de un año de tareas. La Comisión, presidida por el obispo católico monseñor Sergio Valech, recogió los testimonios de casi 36,000 supuestas víctimas de torturas, aplicadas entre 1973 y 1990 en más de 1,200 centros de detención durante la dictadura de Pinochet, detallando los métodos sistemáticos que utilizaron los agentes para aplicar tormentos (Clarín, 11/11/04). Presentado el informe, el gobierno decidió mantenerlo en reserva para darlo a difusión junto con las propuestas de reparación del Ejecutivo (aunque buena parte del contenido ya se había filtrado a la prensa en los días previos), por lo cual el presidente Lagos se tomó alrededor de una semana para determinar las medidas del caso (El Mercurio, 23/11/04); desde el Congreso, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Hernán Larraín (UDI) y Pablo Lorenzini (DC) respectivamente, coincidieron en reclamar la participación de legisladores en las rondas de conversaciones previas al conocimiento del informe, en las cuales ya habían participado diferentes actores de la sociedad civil (El Mercurio, 26/11/04).

Así, luego de varios días poblados de versiones, el presidente Lagos se dirigió a la sociedad chilena: “Se terminó el silencio, se desterró el olvido, se reivindicó la dignidad”. Admitiendo que está comprometida la responsabilidad del Estado, anunció tres tipos de reparaciones para las 28,000 personas cuyo testimonio fue aceptado (entre los que se encuentra el propio ministro de Educación, Sergio Bitar Chacra). Primero, en un aspecto institucional, anunció la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto a medidas jurídicas para evitar que este tipo de hechos se repitan en el futuro. Además, en términos individuales, se restablecerán la honra pública y los derechos ciudadanos de los damnificados. Y, finalmente, en lo económico, anunció pensiones vitalicias de 112 mil pesos mensuales para las víctimas, como así también beneficios de salud, vivienda y educación (El Mercurio, 29/11/04). Las pensiones, si bien modestas, significarán un gasto de 70 millones de dólares anuales, es decir de unos 2,100 millones de dólares en las próximas tres décadas. Precisamente, la cuantía de las indemnizaciones generó decepción entre organismos de derechos humanos y círculos de izquierda, incluidos algunas figuras del Partido Socialista. Ahora, estas medidas requieren del trámite legislativo para entrar en vigor, pero siguiendo las declaraciones de los presidentes de ambas cámaras, todo parece indicar que el trámite será rápido y sin modificaciones (El Mercurio, 30/11/04). Más allá de lo escaso de los montos de las reparaciones, no cabe duda que la determinación del gobierno concertacionista constituye un paso adelante en la consolidación y mejora de la democracia.

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Las heridas generadas por la violencia política, tal como expone el caso chileno, han probado ser un problema político duradero, difícil de resolver por vía del olvido. Tanto el informe elevado por la Comisión Valech como el reciente fallo de la Corte Suprema que validó la tesis del secuestro permanente en los casos de Derechos Humanos, han removido un pasado que no fue cerrado en ningún momento. Así, la situación dio lugar a que, desde el socialismo se emplazara a muchos dirigentes de la derecha (tanto de RN como de UDI) a reconocer responsabilidades en su calidad de colaboradores del régimen militar; a la vez, desde la derecha y desde ámbitos castrenses, se llamó a contextualizar lo sucedido y no olvidar lo convulsionado de aquellos años. Pero también la situación se ha visto conmovida por la detención de varios uniformados, entre ellos dos generales retirados, por decisión del magistrado Sergio Muñoz: detuvo a ocho ex militares por su presunta vinculación con la desaparición y muerte de comandos de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales de Peldehue en septiembre de 1973, a los cuales se había dado de baja en 1970 por sus posibles vínculos con el PS y el MIR (El Mercurio, 26/11/04).

La vida política chilena se ha visto conmovida por el resurgimiento de la problemática de los Derechos Humanos, pero esto, y es ese el punto que se pretende remarcar, tiene muy poco de novedoso. En realidad, el tratamiento que cada sociedad le ha dado a estos temas está directamente vinculado a la capacidad de superar las heridas, pero también de consolidar el régimen democrático. Los procesos de reconciliación están directamente vinculados al tipo de transición desde regimenes autoritarios, porque en ocasiones los militares conservan el poder necesario para bloquear las salidas buscadas por los gobiernos civiles. En cierto sentido, esto implica que las características de la transición y la (in)existencia de procesos de reconciliación puede afectar a la consolidación democrática: el riesgo será la desvinculación de la sociedad civil respecto del régimen.

Uno de los efectos está vinculado a la ruptura de la credibilidad en la efectividad real del sistema de justicia. Cuando los gobiernos civiles hacen concesiones a los responsables de crímenes notorios, tal como los cometidos por militares y fuerzas de seguridad en las dictaduras del Cono Sur, la sociedad observa la incapacidad de la Justicia para aplicar castigos a los culpables. Pero esta pérdida de credibilidad no afecta sólo al sistema de justicia, sino también a la credibilidad de todo el aparato estatal, y sienta las bases del progresivo vaciamiento de las instituciones. Así, un segundo punto de inflexión se encuentra en un difundido sentimiento de descrédito de lo político, testimoniado por una ideología despolitizada y conformista; la ciudadanía, cada vez más, no cree en su dirigencia política y en la utilidad de lo político para resolver sus necesidades. Y estos dos puntos están directamente vinculados, porque cuando la dirigencia política democrática es incapaz de condenar a los culpables, tampoco puede recuperar la credibilidad perdida por las instituciones políticas.

Paralelamente a la erosión de la credibilidad del Estado, la ausencia de procesos de reconciliación deja sin resolución divisiones imborrables en la sociedad, las cuales quedan latentes por años. El olvido como decisión política no resuelve la problemática de fondo, sino que la oculta. Cuando estos temas ingresan (o, mejor, reingresan) en la agenda política, ellos tienen la capacidad de dividir a la sociedad en mitades; lo hondo de las heridas introduce un matiz de polarización, preocupante en el largo plazo. Las sociedades polarizadas no son el ámbito más adecuado para el desarrollo democrático.

Existen casos donde, sin avanzar en procesos de memoria histórica y con una política de olvido, se ha conseguido cierto grado de cohesión política y un funcionamiento basado en ciertos rasgos de participación de la ciudadanía. Pero esto no siempre es políticamente sustentable en el largo plazo. El caso chileno presenta, en el momento actual, una profunda revisión de lo ocurrido. Tanto las conclusiones de la Comisión Valech como la decisión del gobierno de asumir su responsabilidad de Estado respecto de lo ocurrido abren una nueva etapa. En este sentido, son muy significativas las palabras de monseñor Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal chilena (El Mercurio, 28/11/04): “Hay que tomarlo con un corazón abierto, con serenidad y mirar de cara al presente y al futuro... pero el futuro no puede olvidar el pasado [...] Nunca hará mal a nadie conocer la verdad”.

 

* Agradezco a Carolina Delgado Sahagún (Lic. en Historia, Universidad de Salamanca) por sus útiles e inteligentes comentarios.

COLLIER, Simon; y SATER, William F. (1996): Historia de Chile. 1808-1994, Cambridge University Press, Madrid, 1999.
GARRETÓN, Manuel A. (1995): Hacia una nueva era política. Estudio sobre las democratizaciones, Fondo de Cultura Económica, Santiago.
VALENZUELA, J. Samuel (1998): “La Constitución de 1980 y el inicio de la redemocratización en Chile”. En: DI TELLA, T. (compilador): Crisis de representatividad y sistemas de partidos políticos, Nuevohacer – GEL, Buenos Aires.

Fuentes periodísticas: La Nación y Clarín, de Buenos Aires; El Mercurio, de Santiago.