El 7 de agosto de 2004 se cumplen dos años de aquel día en que, en medio de un ataque de morteros rudimentarios contra el Palacio presidencial, Álvaro Uribe Vélez tomó posesión como presidente de Colombia. A dos años de su asunción, el presidente Uribe enfrenta desafíos venidos tanto desde las FARC como de las "auto-defensas", con un ojo en su re-elección.

Por Andrés Mejía-Vergnaud

El 7 de agosto de 2004 se cumplen dos años de aquel día en que, en medio de un ataque de morteros rudimentarios contra el Palacio presidencial, Álvaro Uribe Vélez tomó posesión como presidente de Colombia, quien fue elegido con una votación que desafiaba todos los pronósticos y superaba todas las expectativas. Lo ocurrido aquel día fue, en cierto modo, un símbolo de la tragedia que estaba viviendo la sociedad colombiana: ese 7 de agosto, en un plan para asesinar al presidente Uribe, las FARC, el grupo terrorista más antiguo y poderoso de Colombia, lanzó un ataque con morteros de fabricación casera contra la zona de Bogotá en que se ubica el Palacio presidencial. Varias de esas bombas cayeron sobre un sector de la ciudad frecuentado por indigentes y personas muy pobres, lo cual tuvo como triste desenlace la muerte de varios de ellos. Como decía, esto es un símbolo de lo que a nivel más amplio ocurría en Colombia: la actividad de los grupos terroristas como las FARC estaba perjudicando al país entero, pero sobre todo a los más pobres entre los pobres. Conscientes de la magnitud de este problema, y alarmados ante el fracaso del proceso de paz torpemente diseñado y conducido por el ex presidente Pastrana, los ciudadanos se movilizaron para apoyar en las urnas a Álvaro Uribe y otorgarle un mandato muy claro: el de recuperar la seguridad como condición mínima de la existencia humana.

La política de seguridad y su desarrollo.

Al cumplirse dos años del mandato de Uribe, es evidente que la política de recuperación de la seguridad ha ocupado la prioridad en su agenda. Y no podía ser de otra manera, ya que, como hemos dicho, este era el contenido principal del mandato que Uribe recibió en las urnas. Además, porque Uribe vio con claridad que, en medio de una realidad como la colombiana, no había progreso posible en ninguna área de la vida social a menos que se garantizara, cuando menos, un nivel  aceptable de seguridad.

Los éxitos de la política de seguridad de Álvaro Uribe son indudables. Ha habido una notable recuperación en materia de control del territorio por parte de las autoridades legítimas. El tránsito por las vías principales del país es hoy día más seguro, aunque todavía subsisten puntos de la geografía colombiana en los cuales el peligro de una incursión terrorista en las vías es elevado. Estos dos avances han traído como resultado una recuperación del sector turístico regional, el cual había sido afectado de manera muy grave por el problema de la inseguridad.

Por otro lado, las fuerzas militares han logrado contener cualquier intención ofensiva de los grupos terroristas. Recordemos que, en el período que va desde 1996 hasta el año 2002, las FARC realizaron operaciones de gran envergadura que hicieron a muchos pensar que este grupo había pasado a una etapa bélica de control efectivo y ofensivo de zonas territoriales. Gracias a los avances en inteligencia y al uso de la fuerza aérea, los grupos terroristas han perdido toda capacidad de movilización en grupos de mediana o grande dimensión. Las tomas armadas a pequeños municipios, que eran hechos de frecuente ocurrencia en la vida nacional, nunca más volvieron a presentarse. La policía volvió a todos los municipios de Colombia.

Otros grandes éxitos de la política de seguridad han sido la significativa disminución del secuestro, la captura en Ecuador de uno de los más importantes líderes de las FARC (gracias a una operación conjunta entre Ecuador y Colombia), y la completa eliminación de la presencia terrorista en algunos lugares de Colombia.

Actualmente, las fuerzas militares desarrollan una gigantesca operación en las selvas del sur que es conocida como “Plan Patriota”. Pese a que los detalles de la operación se mantienen en completo secreto, se sabe que su propósito es el de golpear en su corazón a las unidades más importantes de las FARC y a sus cuadros de líderes políticos y militares. De tener éxito, esta operación constituirá un hito en la historia reciente de Colombia.

El problema de la negociación con las autodefensas.

Como bien se sabe, la Administración Uribe está involucrada en un proceso de negociación con una serie de grupos llamados de “auto-defensa”. Estos grupos surgieron a mediados de los años ochenta, como reacción ante la presencia y actividad de las guerrillas en varias zonas de Colombia. Pese a haberse constituido inicialmente como grupos clandestinos armados de defensa contra la guerrilla (en especial, contra el secuestro), estos grupos fueron penetrados de manera profunda por el narcotráfico, como también lo fueron las FARC, y se hicieron famosos por el carácter especialmente atroz de muchos de sus actos.

En principio, una negociación de paz con los grupos de auto-defensa no debería ofrecer mayores dificultades. Sin embargo, el factor que ha complicado esta negociación es el hecho de que, aparentemente, hay grupos de narcotraficantes que buscan beneficiarse de los eventuales indultos o amnistías que este proceso produzca, sin que ellos puedan ser en rigor considerados como merecedores de estos beneficios (reservados para delincuentes políticos). Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ve este proceso con un explícito escepticismo, ya que este gobierno mantiene la pretensión de que varios de los involucrados en él sean extraditados a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico.

La economía, perspectivas y amenazas.

Después de haber vivido una de sus peores crisis a finales de los años noventa, la economía colombiana ha recuperado un notable dinamismo que puede llevarla a un crecimiento cercano al 4% en el año 2004.  Este renovado ritmo de crecimiento se debe en buena medida a los progresos en materia de seguridad, los cuales, entre otros factores, han propiciado un interesante incremento en la inversión privada, que surge entonces como base para una aceleración sostenida de la economía colombiana. La inflación se mantiene bajo control, y es de esperarse que en los próximos meses se vean mejoras en materia de reducción del desempleo. Pero sin duda lo que más interés despierta en el panorama actual de la economía colombiana es la negociación de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos, el cual liberaría al sector productivo de las limitaciones en que lo encierra el pequeño mercado local.

Este panorama, positivo en su mayoría, no está libre de circunstancias preocupantes. En primer lugar, la situación fiscal sigue siendo alarmante, con todos los efectos negativos que el desequilibrio fiscal produce en cualquier economía. Este problema es agravado por el activismo judicial, gracias al cual se han producido onerosas sentencias que constituyen una carga adicional sobre el presupuesto público. Pero sin duda la mayor amenaza que pende sobre la economía colombiana es la inevitable crisis del sistema público de pensiones, el cual funciona como un sistema pay as you go.  Los fondos que sostienen a este sistema son ya insuficientes, por lo cual el gobierno nacional deberá transferir sumas millonarias a este sistema en los próximos años, agravando mucho más el problema fiscal.

Gobernabilidad y activismo judicial.

Todo parece indicar que la administración Uribe enfrentará serios problemas de gobernabilidad al menos en lo que resta del año 2004. Colombia es un país en el cual ya no existen grandes partidos políticos. El presidente Uribe fue elegido con el respaldo de una amplia coalición en la que participaron decenas de partidos y movimientos políticos; en los primeros meses de su administración, Uribe logró que esta coalición le proporcionara apoyo parlamentario para sus proyectos, pero los sucesos más recientes indican que, como era de esperarse, dicha coalición ha perdido unidad y solidez, y por lo tanto no podrá garantizar que los proyectos de la administración tengan un curso exitoso en el legislativo. Esto resulta sumamente preocupante, más si se tiene en cuenta que en la actual legislatura se discutirán reformas de gran importancia para la economía del país.

Pero la efectividad de la gestión gubernamental estará amenazada también por otro factor, a saber, el creciente activismo judicial desplegado por la Corte Constitucional. Gracias a la vaguedad e imprecisión que reinan en la Constitución de 1991, la Corte Constitucional ha tenido un amplio espacio jurídico para desplegar un activismo que ha tenido muy nocivos efectos sobre la vida institucional del país. Gracias a varias de sus interpretaciones de la Constitución, la Corte Constitucional se ha erigido en una suerte de dictador, que se atribuye facultades supremas en todos los ámbitos del gobierno. A principios de agosto, en una muestra de cuán débil es hoy la coalición uribista, el senado eligió un nuevo magistrado de la Corte Constitucional que pertenece a la línea hostil a Uribe y que favorece el activismo judicial.  Con esto el equilibrio en la corte se rompió en favor de esta última tendencia.  De tal manera, algunos de los más importantes proyectos en la administración, como es el urgente estatuto antiterrorista, podrían naufragar en la Corte Constitucional.

¿Uribe 2006 - 2010?

Apoyado en unas cifras de respaldo popular que bordean el 80%, el presidente Uribe ha propuesto una reforma constitucional que permita la reelección presidencial inmediata, y no es un misterio el que el propio Uribe tiene intenciones de beneficiarse de este cambio. Este proyecto pasó su primer trámite en el Congreso, y ahora debe pasar por un tramite igual, con la diferencia de que en este caso es posible que la coalición uribista no funcione tan bien como en el pasado.  Este proyecto de reelección, pese a gozar de un inmenso respaldo en las encuestas, es objeto de continuos y muy feroces ataque por parte de líderes opositores y un importante sector de analistas políticos. Existe además la posibilidad de que, incluso si el proyecto se aprueba en el Congreso, este sea derrotado en la Corte Constitucional. Esto, unido a la pérdida de gobernabilidad, significaría un gigantesco golpe político para el presidente Uribe. Sin embargo es muy posible que, en la medida en que siga habiendo éxitos en materia de seguridad, el respaldo popular al presidente Uribe continúe en niveles muy altos, lo cual escribiría un nuevo capítulo en la historia política de la Colombia moderna.