La necesidad de financiar gastos que no se podían pagar con los ingresos fiscales, derivaba (y deriva) en un endeudamiento creciente, que periódicamente se fue haciendo insostenible, hasta llegar a un límite en el cual hay que negociar una refinanciación o caer en incumplimiento de pagos.

Por Nelson Fernández Salvidio

Hace exactamente 113 años, el Parlamento uruguayo fue escenario de una discusión política con argumentos similares a los que escuchados el fin de semana pasado y en los últimos meses.
La necesidad de financiar gastos que no se podían pagar con los ingresos fiscales, derivaba (y deriva) en un endeudamiento creciente, que periódicamente se fue haciendo insostenible, hasta llegar a un límite en el cual hay que negociar una refinanciación o caer en incumplimiento de pagos.
El 27 de julio de 1891 se discutía en la Cámara de Diputados la crisis financiera que atravesaba el país. El diputado Carlos de Castro advertía sobre la inconveniencia de caer en cesación de pagos. "Empezarán a cundir las zozobras", decía el legislador sobre las consecuencias de un default, y sostenía: "a esos capitalistas ingleses que ya se ven comprometidos por operaciones desgraciadas en otros países de América del Sud, ¿contribuiríamos nosotros a darles el golpe de gracia, faltando en el cumplimiento de nuestros más solemnes compromisos?". Y aclaraba que el default no sólo perjudicaría "a los banqueros" sino también a "esa inmensa familia de pequeños rentistas (…) que viven de la renta que este pueblo oriental les ha designado como compensación del dinero que representaba el ahorro, el trabajo constante de dos o tres generaciones".
Su colega Antonio Bachini le respondió con dureza. "Castro se asusta de la posibilidad de que llegáramos a dejar de pagar el servicio de Deuda y dice '¿qué dirán de nosotros?, ¿que sería de esas infelices viudas inglesas que viven de la renta que les da la deuda (uruguaya)?'. Pero al decir esto, se olvida de lo que dirán nuestras viudas criollas, que viven del Presupuesto". Criticó que por pagar la deuda externa se dejara "morir de hambre a los acreedores internos" y se inclinó por privilegiar los compromisos internos.
En esencia, esa exposición de un diputado uruguayo, recoge la intención de privilegiar, favorecer a unos y castigar a otros, a la hora de adoptar medidas drásticas en el pago de deudas.
Los depósitos son las deudas de los bancos. Y en la discusión política del fin de semana sobrevoló la idea de que los castigos o cumplimientos, se dieran por una decisión política y no por la lógica del mercado.
Frente a una probabilidad de incumplimiento en el sistema bancario, habria -en teoría- tres posibilidades: dejar que el que pueda pagar, lo haga y el que no, se vaya a la quiebra; seleccionar desde la burocracia lo que se "protege" artificialmente y lo que se deja caer; o generalizar el problema sin distinguir caso a caso. Éste último ejemplo fue el aplicado por Argentina ("corralito"), que Uruguay decidió evitar porque ya se sabe que es irreversible.
Fue tan fuerte el impacto del "corralito argentino" que muchos uruguayos y extranjeros creyeron que la medida se reproduciría. Pero, por sensatez y gracias a la ayuda internacional, no fue así.
¿Qué fue el "corralito" del exministro argentino Domingo Cavallo, y el "corralón" del presidente Eduardo Duhalde? En síntesis, fueron medidas de ese gobierno que impidieron el retiro de depósitos en todos los bancos, que estiraron sus plazos y los convirtieron de dólares a pesos luego de una brutal devaluación, y luego de festejar en el Congreso la decisión de no pagar los compromisos de deuda.
Todo el espiral de desconfianza llevó a que la semana pasada el gobierno suspendiera la actividad bancaria durante cuatro días, cuando el país había quedado colgado de un pretil. La salida dependía de una extraordinaria ayuda de préstamos (de los organismos internacionales) para reforzar las reservas, y de medidas internas, como la depuración del sistema bancario según la situación de cada institución, así como de un arreglo especial en la banca pública, que no tenía más dinero.
Alguna gente, por simplismo, frivolidad, ignorancia o mala intención, llama "corralito" a las medidas adoptadas el fin de semana (mediante una ley que el Parlamento votó en tiempo récord ante el riesgo de descalabro total). Hay quienes indican que es un "corralito parcial", lo que es dificil de imaginar. Algo así como una cárcel de dos o tres paredes, quizá.
Si bien la expresión "corralito" no tiene un significado técnico, está claro que esa medida implica la intromisión del Estado en los contratos privados, la violación de esos acuerdos y la generalización del problema, extendiendo los males a todo el sistema, sin identificar la situación de cada banco.
Es decir, en Argentina, el gobierno decidió que todos los ahorristas se perjudicaran, tanto los que estaban en bancos en buen estado como los que habían confiado en instituciones riesgosas. Si un banco no podía devolver depósitos, no lo haría. Y si un banco podía pagar sin problemas, tampoco lo haría. Porque así lo disponía el gobierno. Una decisión que apesta (y que volteó a un gobierno y le acortó el mandato a otro presidente).
En Uruguay, se identificaron tres casos:
a) En la banca privada extranjera, todo sigue igual. Los que aguantaron una salida de depósitos extraordinaria pero siguen con capacidad de respuesta, se mantienen sin cambios.
b) Los bancos que habían sido intervenidos con la intención de salvar su quiebra, pero ya no tenían reservas y el gobierno no está en condiciones de seguir poniendo plata, sencillamente porque no tiene (además de que se dio cuenta que no sirve), esos se encaminan a la quiebra, salvo que surja un milagro. Según lo anunció el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, no habrá "un centavo más" para sostenerlos. Claro: si ya se vació el monedero del Estado y los créditos conseguidos no son para "echar agua fría en una caldera de agua hirviendo".
c) Los bancos del Estado, sin liquidez, no pueden seguir pagando. Para los depósitos en dólares en esos bancos, se decidió una reprogramación (sólo del capital, porque los intereses se pagan al vencimiento) con plazo nuevo a tres años, amortizaciones anuales e intereses trimestrales con tasa preferencial. Si alguien piensa que eso es "un corralito" que le pregunte a un ahorrista argentino qué prefiere.
Había otra salida para la banca pública. Si el República y el Hipotecario se quedaron sin plata y el Estado sin reservas, Uruguay tiene activos que los podía ejecutar, lograr billetes y honrar sus depósitos. Podía vender sus "preciadas joyas", como la telefónica estatal, la petrolera, u otros activos públicos. Seguramente no hubiera habido consenso para ello. Tampoco sería bueno transformar un monopolio público en otro privado, sino que lo mejor es lograr competencia para que el consumidor, la gente, tenga libertad para elegir y haya más eficiencia económica. Pero eso es otro tema.
Como no hay voluntad para vender activos públicos y no hay activos líquidos, los bancos estatales no podían pagar sus depósitos y los reprogramaron. Y por lo visto, es con consideración hacia los ahorristas (no como a los argentinos que todavía no saben como saldrán de la cárcel financiera).
Al borde del precipicio, no prosperaron algunos intentos de elegir a quien beneficiar y a quien castigar mediante decisiones de burócratas que señalan con una varita mágica. No se distinguió entre "viudas inglesas" y "viudas criollas"
Los que creen que la decisión perjudica a los ahorristas del BROU y el BHU, deberían preguntarle a los depositantes del Comercial, Caja Obrera, Montevideo y De Crédito, todos ellos bancos privados, qué prefieren: ¿la reprogramación de la banca pública o la indefinición con alta probabilidad de quiebra de esos bancos?
No es cierto que si el sistema financiero procesa este ajuste de la forma que se ha presentado, los ahorristas se convencerán que es preferible colocar en bancos privados que en bancos públicos (que se beneficia a "viudas inglesas" para perjudicar a "viudas criollas").
Lo que sí es claro, que ahora los ahorristas se preocuparán más por conocer la solvencia y el riesgo de la institución a la que confían su dinero. Y eso, más allá de la actual crisis, es bueno.

Nelson Fernández es Subsecretario de Redacción de Revista BÚSQUEDA de Montevideo, y corresponsal de LA NACION de Buenos Aires en Uruguay

Esta columna fue publicada en la Revista Búsqueda de Montevideo, Uruguay el 8 de agosto de 2002.