Cuando Luiz Inácio “Lula” da Silva resultó electo presidente de Brasil en octubre de 2002, las expectativas populares eran inmensas. En realidad, lo destacable de la situación actual en Brasil es cuán popular sigue siendo Lula (60% de aceptación) a pesar de: su política fiscal conservadora, un modesto aumento en la tasa de desempleo, la disposición a gastar valioso capital político en las reformas de pensión y tributaria, un escándalo financiero que involucró a su Jefe de Gabinete, y una amenaza de expulsar a un periodista de New York Times.

Por Mark Falcoff

Cuando Luiz Inácio “Lula” da Silva resultó electo presidente de Brasil en octubre de 2002, las expectativas populares en casi todo el espectro político eran tan grandes que estaba destinado a desilusionar a alguno. En realidad, lo destacable de la situación actual en Brasil es cuán popular sigue siendo Lula (60% de aceptación) a pesar de: su política fiscal conservadora, un modesto aumento en la tasa de desempleo, la disposición a gastar valioso capital político en las reformas de pensión y tributaria, un escándalo financiero que involucró a su Jefe de Gabinete, y una vergonzosa amenaza de expulsar a un periodista de New York Times.

Algunos de los problemas de Lula surgieron de la problemática propia de cualquier democracia joven. Apenas han pasado veinte años desde que el país salió de más de dos décadas de gobiernos militares, y las contenidas demandas de los sectores menos privilegiados de la población debían explotar tarde o temprano. Pero el contexto bajo el cual resultó electo del presidente da Silva (una campaña cuya pieza central era crear diez millones de nuevos puestos de trabajo y sacar de la pobreza a un vasto número de brasileños) no hace que esta tarea sea más sencilla.

La agenda económica de Lula.

Una de las características peculiares de la economía brasileña, la décima más grande del mundo, es que parece estar perpetuamente al filo de la navaja: por un lado, caos y derrumbe, por el otro, despegue a un status de súper-potencia. La política económica misma está generalmente hipotecada con la capacidad de cualquier gobierno de alcanzar acuerdos con el Congreso brasileño. Como ningún partido domina el Poder Legislativo, cualquier administración debe involucrarse en una complicada negociación para que se promulgue su legislación.

Muchas medidas que aparentemente no tienen nada que ver con la economía, de todas formas pueden tener una carga importante en los resultados financieros. Un caso en este sentido es el destino de un reciente proyecto legislativo, apoyado por el gobierno, que le habría permitido a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados presentarse a una reelección. Su derrota a comienzos de mayo de este año bien puede costarle a Lula la pérdida de legisladores del PMDB (Movimiento Democrático de Brasil), cuyo líder, el ex presidente José Sarney, preside el Senado brasileño. Este cambio en el alineamiento partidario no podía suceder en peor momento. El Congreso actualmente está contemplando un aumento en la exención del impuesto a las rentas y un aumento mayor en el salario mínimo nacional al deseado por el presidente da Silva(1).

Mientras tanto, la Corte Suprema brasileña está revisando la legalidad de la reforma previosional sancionada el año pasado, que habría cobrado impuestos sobre los pagos de seguridad social de algunos de los ciudadanos más opulentos del país. Si esta legislación fuera anulada, eliminaría los muy costosos ahorros del plan, e inmediatamente disminuiría el valor de los C-bond (título público denominado en dólares ampliamente difundido). Si los guarismos saltaran lo suficiente, el gobierno bien podría verse luchando para pagar su deuda en dólares con una moneda depreciándose con rapidez. Así como está, en junio tuvo que cancelar su subasta de bonos porque las tasas de interés exigidas por los prestamistas eran 100 puntos básicos más elevadas que el nivel que al Banco Central le parecía cómodo pagar. La mayoría de los analistas financieros piensan que el gobierno tiene el efectivo suficiente para operar sin dificultad hasta septiembre, pero después de eso deberá recurrir al crédito internacional.

Desde que asumió su cargo el presidente da Silva, quizás para sorpresa de su pasado radical, ha llevado a cabo una política fiscal profundamente ortodoxa. En el momento de su asunción, los C-bonds denominados en dólares tenían un spread completamente insostenible de 24.4 puntos porcentuales. La elección era o la autodisciplina o el camino argentino hacia el default. Al elegir la primera, el superávit fiscal primario del sector consolidado creció 4.3 por ciento, y el efecto favorable se sintió casi inmediatamente en las tasas de interés y de intercambio.

Desgraciadamente, las recompensas de esta audaz política aún no se hacen sentir. En el corto plazo la economía se contrajo el año pasado 0.2 por ciento y el desempleo se mantuvo apenas por encima de 13.1 por ciento en abril, a pesar de que el superávit comercial del año pasado acumuló 25,000 millones de dólares. Los indicadores de este año son más que favorables: el crecimiento económico del primer trimestre de 2004 fue de 6.4 por ciento sobre la base anualizada, una cifra que probablemente no podrá sostenerse hasta fin de año debido a un esperado aumento en las tasas de interés de Estados Unidos y una esperada desaceleración de la economía china. Pero tal como lo expresa el Financial Times (1° de junio de 2004), “un país de bajos ahorros como Brasil puede alcanzar un crecimiento más veloz sólo siendo fiscalmente disciplinado y atrayendo inversión directa interna de gran escala”.

Inquietos movimientos sociales.

El éxito o fracaso del presidente da Silva depende no sólo del desempeño macroeconómico sino de su capacidad de integrar los elementos de la sociedad, muchos de los cuales cultivó en el pasado en busca de apoyo político, en su diseño ampliado. Una cuestión en este sentido es el semi-marxista, semi-anarquista Movimiento de los Sin Tierra (MST), uno de los grupos de promoción de la reforma agraria más grandes del mundo. Sus miembros invaden constantemente espacios privados o sin uso para llamar la atención a su reclamo de mayor igualdad en la distribución de la tierra. Generalmente llegan con carpas y equipamiento de cocina y se instalan en un lugar por meses. Si bien generalmente no están armados (salvo por guadañas y machetes), de todas formas pueden representar un espectro amenazador a los propietarios y pequeños agricultores, y el año pasado hubo varias muertes como resultado de los enfrentamientos.

A comienzos de abril el líder del MST, João Pedro Stedile, prometió “hacer arder a Brasil” con protestas de ocupación, y de hecho su organización tomó más de cien lotes durante las últimas semanas en catorce de las veintisiete divisiones territoriales de Brasil, una de sus acciones más grandes y difundidas de los últimos años. La razón brindada para esta acción fue la frustración con el presidente da Silva, que es visto como que defraudó a sus antiguos compromisos de reforma agraria. En noviembre pasado públicamente el presidente prometió que, para cuando culminara su mandato en 2006, habría asentado a 355,000 familias en tierras, y en marzo de este año, esperando detener la ola de invasiones, entregó medio millón de dólares al MST para comprar tierra para 115 familias.

Stedile calificó de “ridículas” e “insuficientes” a las propuestas del presidente y exigió que se estableciera a un millón de familias durante los próximos cuatro años. El presidente da Silva reiteró su compromiso de reforma agraria pero le dijo públicamente a Stedile que no se lograría “gritando… sino de la manera más calma y pacífica.” Las autoridades locales respondieron con mayor estridencia. El ministro de Agricultura Roberto Rodrigues y algunos gobernadores estatales se quejaron públicamente acerca de la toma de tierras (como bloqueos de rutas, otra forma de protesta). El gobernador Ronaldo Lessa del nordestino estado de Alogoas insistió en que “cualquier inversor extranjero será ahuyentado por lo que está sucediendo,” y en otras partes treces miembros del MST fueron arrestados por robar ganado de la granja que ocupaban.
La cuestión de la tierra es un área en la cual el viejo y el nuevo Lula están en evidente oposición. El presidente intentó reconciliarlos a ambos en su transmisión radial mensual. “Yo he sido un líder sindical. Fui radical y utilice el buen sentido. Siempre que usé el buen sentido, gané,” recordó a sus oyentes. “Cuando el radicalismo ganó, perdí. Si puedo dar algún consejo a mis camaradas en los movimientos sociales, es esto: actúen con toda la responsabilidad posible, porque sino todos seremos víctimas”(2).

Otra agrupación largamente leal al presidente da Silva, el movimiento ambientalista, ahora se ve en la oposición. En cuestión está la construcción de una gasoducto que una a los masivos recursos subterráneos del país con ciudades aisladas del interior brasileño. El objetivo de este proyecto no es sencillamente crear infraestructura y puestos de trabajo en una región olvidada y remota, sino cortar su confianza en caras y ambientalmente indeseables diesel y fuel oil.

Concretamente la empresa brasileña estatal de combustibles, Petrobras, tiene planes de gastar 420 millones de dólares en la construcción de un gasoducto de Coari a Manaos, centro de una zona de libre comercio de un millón de personas. La línea misma atravesaría cerca de 1,600 kilómetros de jungla amazónica, bordeando a varias reservas indígenas, para unirla con otra línea completada en 1999 que se origina en los campos de gas de Urucu. Los ambientalistas se quejan de que el proyecto implica la deforestación extensiva y que abrirá un área hasta ahora inaccesible para los habitantes del área, los mineros del oro, agricultores de soja, y hacendados de ganado, para no mencionar la exposición de los indígenas a enfermedades o pérdida de alimento y agua limpia si la construcción  planea causar erosión o encenagar los ríos. (Señalan que sólo durante el año pasado un área de aproximadamente el tamaño de Bélgica fue deforestada.) La propuesta del presidente de construir grandes proyectos hidroeléctricos en el norte del Amazonas también ha provocado fuertes críticas por parte de los ambientalistas.

Otros dolores de cabeza para Lula.

La comúnmente conformista sociedad civil brasileña también ha presentado problemas para el presidente. La policía federal entró en huelga por mayores salarios, junto con los trabajadores gubernamentales en otras agencias. Hubo problemas en dos reservas indígenas. Si bien el gasto social aumentó en salud y educación, muchos de los ex seguidores del presidente están desilusionados de que su programa “Hambre Cero” hasta ahora no haya podido despegar.

La evidente frustración del presidente con muchos de sus seguidores (o ex seguidores) resultó evidente en un discurso que dio el año pasado en la planta de General Motors en Sao Paulo, donde urgió a la audiencia a no “esperar que yo sea más que un presidente. No tengo el poder de Dios de realizar milagros que algunos piensan que debería tener”(3). En un esfuerzo por apaciguar a un electorado semejante, el presidente anunció un programa para crear 40,000 nuevos puestos de trabajo en el gobierno (un recurso que el ex presidente Fernando Henrique Cardoso llama “estupefaciente”) y sugirió que bien podría crear otros 100,000 más, en parte expandiendo las fuerzas armadas y ordenando nuevos proyectos de infraestructura. También anunció un nuevo programa social habitacional y planea crear una cadena de farmacias baratas en los barrios pobres.

Como si el oscuro humor público no fuera suficiente, dos escándalos menores han manchado la imagen del presidente. Uno es la información de que su jefe de gabinete, José Dirceu, estaba aceptando coimas de los jefes de la mafia local para financiar la campaña de los candidatos del Partido de los Trabajadores para las próximas elecciones de noviembre. Si bien esas prácticas, desafortunadamente, han sido demasiado comunes en Brasil (como de hecho en muchas otras democracias, incluso la nuestra), la imagen cuidadosamente cultivada del presidente (y en cierta medida, la de su partido) las malversaciones como las mencionadas han sido hasta ahora una de sus mayores y más duraderas fuerzas con el electorado.

El otro escándalo involucra al corresponsal del New York Times, Larry Roehter(4) quien en un artículo publicado el 9 de mayo de 2004, señalaba que entre otras cosas los asistentes del presidente estaban preocupados de que su supuesta adicción al alcohol estuviera afectando su capacidad para gobernar. La fuerte reacción del presidente, amenazando con revocar la visa de Roehter, si bien inapropiada desde el punto de vista de las libertades civiles y las relaciones públicas, quizás sea entendible. Demasiados brasileños (de hecho muchos latinoamericanos) trabajan bajo la idea equivocada de que el New York Times es algo cercano a la voz de Dios, y aún peor, parecen no estar en conocimiento del hecho de que su reputación de veracidad, al menos en Estados Unidos, fue profunda y quizás irrevocablemente dañada recientemente. Si bien el Presidente da Silva fue finalmente persuadido de quitar su amenaza, era demasiado tarde para minimizar el daño(5).

Mientras la oposición en Brasil es demasiado diversa y está demasiado fracturada como para representar una seria alternativa unificada al gobierno, es lo suficientemente amplia como para evitar que el presidente da Silva alcance otras cuestiones de su agenda legislativa. Para ponerlo más crudamente, muchos partidos de la oposición huelen sangre en el agua y a medida que el país se encamina a las elecciones legislativas este otoño pierden incentivos a dar su apoyo al gobierno. Así, no es de sorprender que el presidente haya decidido no realizar ningún otro avance en el proceso de reforma laboral o la legislación que le daría autonomía total al Banco Central. Sus esperanzas están hipotecadas a un giro positivo de la economía, que se traduciría en un mayor apoyo del Congreso y entre los gobernadores estatales.

Un acto de balance.

Cuando el presidente da Silva se reunió con el presidente George W. Bush poco después de su elección, le explicó que su victoria era extraordinariamente significativa porque representaba la posibilidad de incorporar a millones de brasileños pobres en un sistema político y económico moderno; en otras palabras, demostrar que el capitalismo democrático con cara humana podía funcionar en un país del Tercer Mundo. El argumento es mucho más impactante viniendo de un ex radical que aún se considera socialista. La gran pregunta es si el sistema político de Brasil, una extraña mezcla de concepciones del siglo XIX y XX, se prestará a las inmensas tareas sociales que enfrenta. El presidente da Silva debe equilibrar sus necesidades de votos con las exigencias de estabilidad económica y confianza internacional, una tarea nada envidiable. Sabremos si esto es posible en un período de tiempo relativamente corto. El futuro no sólo de Brasil, depende del resultado.

 

(*) Este artículo fue publicado en Latin American Outlook, el pasado viernes 18 de junio.

(1). Nota del editor: Finalmente, el gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva logró la aprobación del salario mínimo. Ver: “Panorama Latinoamericano: Brasil”, en esta edición.
(2). Alex Bello, “Lula Throws the Brazilians More Promises As Problems Mount,” The Guardian (London), 28 de abril de 2004.
(3). Andrew Downie, “Lula Faces First Big Crisis as Nation’s Problems Grow”, Miami Herald, 23 abril de 2004.(4). “Brazilian Leader’s Tippling Becomes National Concern.”
(5). Aún así, es posible que el incidente pueda haber creado una reacción en su favor entre los brasileños comunes, mucho de los cuales probablemente vean al New York Times como de alguna manera representante de Estados Unidos, un país no muy querido por la mayoría de ellos.