Por Carlos Alberto Montaner

El gobierno argentino tiene un severo problema: no puede pagar las deudas contraídas y ha perdido el crédito internacional. No hay nada original en esta situación. Eso les ha ocurrido a numerosos países. ¿Cómo llegó a ese lamentable estado? Muy simple: es la consecuencia de una letal combinación entre la incapacidad para cobrar suficientes impuestos sin destruir el aparato productivo y, simultáneamente, controlar el gasto público.

Lo curioso, en este caso, es que el gobierno argentino parece inclinado a poner en práctica medidas que contribuirán a agravar la crisis en lugar de aliviarla. Ante la ausencia de inversionistas extranjeros o nacionales, flanqueada por la vieja vocación intervencionista del peronismo, la administración de Néstor Kirchner recurre al lanzamiento de empresas estatales. Ya ha anunciado la creación de una gran compañía pública dedicada a producir y distribuir energía y la reestatización del servicio de correo, privatizado hace unos años.

Naturalmente, esas medidas fueron recibidas con aplausos por las vastas tribus populistas argentinas y, en general, latinoamericanas. Hace muchos años que los mexicanos adictos al PRI acuñaron una cínica frase que hizo fortuna: ''Vivir fuera del presupuesto (oficial) es vivir en el error''. Y la manera de aumentar de forma incesante ese presupuesto y la gente que de él obtiene su sustento, consiste en asignarle al Estado de manera creciente la responsabilidad de producir bienes y servicios. Por supuesto, como esas empresas no están organizadas para ser competitivas y producir beneficios, sino para enriquecer a los corruptos, darles de comer a los amigos y mantener artificialmente la paz social, suelen generar pérdidas, empobrecen al conjunto de la sociedad y agrandan la distancia que separa a los países del tercer mundo de los que integran el pelotón de avanzada.

En realidad, la forma que tendría Argentina de abandonar la crisis no es creando empresas, sino abonando el terreno para que sea la sociedad civil la que realice esa tarea, pero eso requiere respeto por la propiedad privada, reglas claras y sencillas, un sistema legal apto para solucionar conflictos, una moneda que no esté sujeta a las locuras y las arbitrariedades de funcionarios desaprensivos, y una burocracia que no entorpezca los impulsos creativos de los empresarios.

Todo el mundo conoce la historia casi mágica de Bill Gates y los cuatro amigos que crearon Microsoft en un garaje, o la de los dos estudiantes que inventaron el asombroso ''buscador'' Google de internet, pero casi nadie repara en que lo verdaderamente grandioso no es la imaginación de esos jóvenes laboriosos, sino la atmósfera económica y social que permite y estimula el surgimiento de estos fenómenos. Detrás de ellos había leyes, sanos hábitos comerciales e instituciones confiables. Microsoft o Google eran posibles porque en Estados Unidos y en cualquier nación seria y desarrollada es imposible el ''corralito'', es decir, la confiscación ilegal de los ahorros de personas indefensas o cualquiera de las injurias que el gobierno argentino inflige periódicamente a sus atribulados ciudadanos.

Todo estado necesita cuantiosos recursos para poder ofrecer ciertos servicios básicos como seguridad, tribunales, infraestructuras, educación o sanidad. Pero la manera de obtener esos recursos es propiciando intensamente la creación de empresas privadas exitosas que abonarán al Estado un porcentaje de sus beneficios y de los salarios de quienes en ellas trabajan.

Si a una persona en su sano juicio le preguntaran si prefiere invertir su capital en crear una empresa de la que sería dueño, pero a cambio de correr todos los riesgos, o recibir el 20 por ciento de los beneficios sin arriesgar nada, más un porcentaje similar del salario de todos los trabajadores, lo sensato es que esa persona prefiera obtener todas las ventajas sin poner en peligro sus recursos propios, especialmente si sabe que 7 de cada 10 empresas fracasan o no consiguen levantar vuelo.

En los sistemas en los que existe la empresa privada, el Estado es ese socio invisible que percibe beneficios cuando hay ganancias, nada aporta cuando hay pérdidas y, además, es el gran trabajador ausente, que no labora en la empresa, pero al que todos estamos obligados a pagarle un salario llamado ''impuesto sobre las rentas''. ¿Qué se deduce de esta simple observación? Que el gran negocio del Estado es que las empresas se multipliquen como conejos y que ganen mucho dinero para que aumenten los ingresos del sector público por vía de los impuestos al rendimiento del capital y del trabajo. Si eso se logra, y si se mantienen los gastos bajo control, los estados no quiebran, prosperan y pueden pagar sus deudas. Puro sentido común.