Por Carlos Alberto Montaner

El proteccionismo regresa con entusiasmo suicida. Un 57% de los electores norteamericanos cree que la globalización los perjudica. Piensa que muchos empleos bien remunerados acaban siendo desempeñados por técnicos o profesionales del tercer mundo dispuestos a trabajar por salarios más bajos. Sólo un 28% opina lo contrario. Poco a poco, ese debate se va convirtiendo en el foco central de las próximas elecciones entre republicanos y demócratas. La guerra de Irak o el déficit fiscal empiezan a desdibujarse. Incluso la seguridad nacional va perdiendo importancia en la medida en que se aleja el recuerdo de los sucesos del 11 de septiembre.

Curiosamente, se ha producido una inversión del discurso tradicional de los dos grandes partidos políticos norteamericanos. Por ahora --y no sabemos por cuánto tiempo-- George Bush y muchos republicanos sostienen, sensata y firmemente, que la libertad de comercio y de contratación es conveniente para Estados Unidos y para el mundo entero, mientras la mayor parte de los demócratas opina lo contrario. Algunos plantean, incluso, cancelar los acuerdos de libre comercio que el país ha suscrito con Canadá, México o Chile y hacer abortar el que se negocia con Centroamérica. El famoso ALCA, pues, hace aguas no sólo por los estridentes ataques de la izquierda antimercado, sino por los más eficaces que lanzan desde la derecha antimercado.

El asunto sería divertido si no tuviera un componente trágico. Resulta que los enemigos de la libertad económica, aunque aparentemente están situados en las antípodas, coinciden en dos argumentos mutuamente excluyentes. La izquierda antimercado --Castro, Chávez, Shafik Handal-- afirma que la globalización es perjudicial para el tercer mundo porque la asimetría en los niveles de desarrollo y la distancia que separa a las naciones ricas de las pobres otorga unas ventajas leoninas a los países poderosos. Mientras que la derecha antimercado --Dick Gephardt, John Edwards, incluso Ralph Nader-- afirma que la globalización es perjudicial para el primer mundo exactamente por las mismas razones: no pueden competir contra la curiosa ventaja comparativa que sus miserables salarios les confieren a los pobres.

Cuando la demagogia y la estupidez alcanzan un volumen de esa magnitud es casi imposible derrotarlas. ¿Cómo pueden los norteamericanos, con apenas un 5.6% de desempleo, casi la mitad de la media europea, y la mayor renta per cápita del planeta, decir seriamente que se están destruyendo puestos de trabajo? ¿No han sido precisamente los últimos 25 años, cuando la globalización alcanzó su impulso más enérgico, la época de mayor productividad y crecimiento económico en la historia de Estados Unidos? Por la otra punta, ¿no ha sido este fenómeno de expansión del comercio una bendición para países como México, China o la India? ¿No parecía evidente, desde Adam Smith, que cuando dos comercian libremente ambos ganan?

Pero, al margen de esta obvia contradicción en la que incurren los enemigos de la libertad económica, hay un par de elementos morales y económicos que no deben quedar fuera del análisis: la flagrante vulneración del derecho de los consumidores a poder adquirir libremente las mercancías que prefieran, sean o no producidas dentro de las fronteras del país, y el peligroso intento de conculcar los derechos de los productores a contratar a quien mejor convenga para la supervivencia de la empresa a la que sirven.

Cuando un político proteccionista defiende y aprueba leyes para proteger puestos de trabajo, lo que realmente hace es condenar a los consumidores a pagar más por las mercancías o los servicios que adquieren, pisoteando sus derechos, afectando sus bolsillos y asignando disparatadamente los recursos económicos del conjunto de la sociedad. Cuando ese mismo político proteccionista legisla para que una empresa no pueda contratar a un trabajador en el extranjero, está obligando a la empresa a ser menos competitiva y, por lo tanto, más vulnerable.

Hace más de 150 años, un brillante parlamentario y economista francés, Frederic Bastiat, les explicó a sus colegas proteccionistas cómo y por qué no sólo eran injustos, sino, además, bordeaban la oligofrenia. Lo hizo mediante una deliciosa proposición de ley: hacer absolutamente obligatoria la colocación de unas gruesas cortinas en todas las ventanas, de manera que se impidiera la entrada de luz solar. Si los diputados proteccionistas querían proteger a los trabajadores franceses de la competencia ''desleal'' de las importaciones baratas producidas en naciones con bajos salarios, ¿por qué no comenzar por prohibir una fuente de energía gratis y universal como era la luz del sol? Eliminada la luz del sol, inmediatamente aumentaría la producción de sebo para confeccionar velas, ello conllevaría criar más ganado para obtener grasa animal, lo que les daría trabajo a los granjeros y agricultores y la sociedad se enriquecería tremendamente como consecuencia de esa penumbra artificialmente creada por los eminentes padres de la patria.

Me temo que el riesgo de contar esta anécdota es grande. Algunos políticos pueden pensar que se trata de una idea capaz de atraerles un puñado de votos. La próxima promesa de campaña tal vez sea tapar la luz del sol.

Abril 4, 2004