COCINANDO LOS LIBROS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Por Mary Anastasia O´Grady
Desde que el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se posesionó hace 19 meses, prometiendo que la seguridad nacional sería su prioridad máxima, las Fuerzas Armadas han logrado que los grupos ilegales sufran tiempos duros.
Los asesinatos y los secuestros han disminuido, se puede volver a transitar por las carreteras y algunos líderes guerrilleros han sido capturados.
Al tiempo, algunas de las más importantes ONG de Colombia manifiestan que Uribe es un monstruoso violador de los derechos humanos.
Esas organizaciones fruncen el ceño porque Uribe ha ganado mucha popularidad entre los colombianos por su guerra contra el terrorismo. Lógicamente, un comandante que arbitrariamente captura a los inocentes o cuyas tropas asesinan indiscriminadamente a los individuos no obtiene buenas calificaciones. Pero acabo de mirar un reporte interno de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que explica esta paradoja. Completado el otoño pasado y titulado "Una mirada cercana a las estadísticas de derechos humanos", el reporte revela cómo algunas de las ONG con mayor influencia en Colombia recolecta e interpreta la información referente a los derechos humanos. El descubrimiento más importante es que la metodología empleada por las ONG crea una gran parcialidad en contra del Gobierno colombiano, mientras le otorga favorabilidad a la guerrilla. Este hecho tiene una importancia monumental porque la Embajada estadounidense en Colombia ha confiado siempre en las estadísticas de las ONG para guiar a Washington con respecto al estatus de la protección de derechos humanos en el país, para así establecer una política para la Nación. Las mismas ONG utilizan sus estadísticas para crear un ambiente de desconfianza hacia Colombia en el Congreso norteamericano.
Desde mediados de 1990 y hasta finales de esa década, el Congreso dudada de los militares colombianos. Demandaba la remoción de los generales que, según las ONG, habían violado los derechos humanos. Esto también producía desconfianza en el momento de proveer ayuda militar, que es de gran utilidad para derrotar a los rebeldes.
La política estadounidense, dirigida ampliamente por las estadísticas de las ONG, gradualmente debilitó al Estado colombiano y dio espacio a los insurgentes. El apoyo norteamericano a Colombia ha mejorado durante la administración Bush, hecho que explica por qué las acusaciones de las ONG han aumentado.
Según la Embajada, las quejas del presidente Uribe sobre los informes de las ONG provocaron el análisis de las mismas. Refiriéndose a "El Embrujo Autoritario", la Embajada dijo que la ira de Uribe se debió a la incapacidad de sus autores de aceptar lo que el Gobierno de Colombia considera un progreso significativo en derechos humanos. Más fundamental que la crítica del Jefe de Estado a las ONG es la exactitud y naturaleza de las estadísticas de los derechos humanos en Colombia. Según la Embajada, las discrepancias entre lo que reportan las ONG y los resultados más optimistas, provenientes del Gobierno Nacional, se pueden atribuir a una diferencia de significados. Por ejemplo, el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) manifiesta que dos mil detenciones arbitrarias fueran realizadas por parte del Gobierno en los primeros nueve meses del mandato de Uribe, hecho que representó un aumento del 400% si se tiene en cuenta el mismo período del año inmediatamente anterior. Pero la definición que tiene el Cinep de "detención arbitraria" incluye "arrestos legalmente autorizados de personas que estén haciendo protestas en propiedad del Estado, detenciones de personas sospechosas durante combates en áreas urbanas y arrestos de activistas (que tengan una sentencia) que se sospeche estén apoyando a la guerrilla". ¿Son estos "civiles inocentes"? La Embajada también manifiesta que las ONG consideraron que todas las detenciones realizadas en lo que fueron las Zonas de Rehabilitación y Consolidación eran ilegítimas, a pesar de que dichas detenciones fueran autorizadas por la ley.
El Cinep, organización con mucha influencia en el tema de la violación de derechos humanos, también tiene una perspectiva asimétrica de la justicia. Según la Embajada de Estados Unidos, "esa ONG sigue unas convenciones que definen las violaciones de los derechos humanos como crímenes que sólo pueden ser cometidos por actores apoyados por el Estado.
La organización presume que los paramilitares hacen parte de este tipo de actores. El informe manifiesta que es muy probable que las estadísticas del Gobierno no reporten las violaciones. Sin embargo, dice que, como los asesinatos y secuestros llaman la atención del Gobierno, entre más serio sea el crimen, es más probable que sea incluido en las figuras gubernamentales.
Según la Embajada, las estadísticas de las ONG sobre-reportan las violaciones, ya que éstas dependen de reclamos injustificados que podrían ser manipulados. Además, advierte que las matemáticas aplicadas por el Cinep son confusas.
Si se comprueba que las ONG han estado manipulando las estadísticas, muchas cosas podrían cambiar. Sería un poco tarde para los miles de campesinos colombianos que han perdido la vida en los últimos años, mientras la política estadounidense ahuecó a los militares, permitiendo a guerrilleros y paramilitares fortalecerse. Pero no sería demasiado tarde para los millones de colombianos sobrevivientes, amenazados por criminales que trafican drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Washington podría brindar más ayuda.
Desde que el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez se posesionó hace 19 meses, prometiendo que la seguridad nacional sería su prioridad máxima, las Fuerzas Armadas han logrado que los grupos ilegales sufran tiempos duros.
Los asesinatos y los secuestros han disminuido, se puede volver a transitar por las carreteras y algunos líderes guerrilleros han sido capturados.
Al tiempo, algunas de las más importantes ONG de Colombia manifiestan que Uribe es un monstruoso violador de los derechos humanos.
Esas organizaciones fruncen el ceño porque Uribe ha ganado mucha popularidad entre los colombianos por su guerra contra el terrorismo. Lógicamente, un comandante que arbitrariamente captura a los inocentes o cuyas tropas asesinan indiscriminadamente a los individuos no obtiene buenas calificaciones. Pero acabo de mirar un reporte interno de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá que explica esta paradoja. Completado el otoño pasado y titulado "Una mirada cercana a las estadísticas de derechos humanos", el reporte revela cómo algunas de las ONG con mayor influencia en Colombia recolecta e interpreta la información referente a los derechos humanos. El descubrimiento más importante es que la metodología empleada por las ONG crea una gran parcialidad en contra del Gobierno colombiano, mientras le otorga favorabilidad a la guerrilla. Este hecho tiene una importancia monumental porque la Embajada estadounidense en Colombia ha confiado siempre en las estadísticas de las ONG para guiar a Washington con respecto al estatus de la protección de derechos humanos en el país, para así establecer una política para la Nación. Las mismas ONG utilizan sus estadísticas para crear un ambiente de desconfianza hacia Colombia en el Congreso norteamericano.
Desde mediados de 1990 y hasta finales de esa década, el Congreso dudada de los militares colombianos. Demandaba la remoción de los generales que, según las ONG, habían violado los derechos humanos. Esto también producía desconfianza en el momento de proveer ayuda militar, que es de gran utilidad para derrotar a los rebeldes.
La política estadounidense, dirigida ampliamente por las estadísticas de las ONG, gradualmente debilitó al Estado colombiano y dio espacio a los insurgentes. El apoyo norteamericano a Colombia ha mejorado durante la administración Bush, hecho que explica por qué las acusaciones de las ONG han aumentado.
Según la Embajada, las quejas del presidente Uribe sobre los informes de las ONG provocaron el análisis de las mismas. Refiriéndose a "El Embrujo Autoritario", la Embajada dijo que la ira de Uribe se debió a la incapacidad de sus autores de aceptar lo que el Gobierno de Colombia considera un progreso significativo en derechos humanos. Más fundamental que la crítica del Jefe de Estado a las ONG es la exactitud y naturaleza de las estadísticas de los derechos humanos en Colombia. Según la Embajada, las discrepancias entre lo que reportan las ONG y los resultados más optimistas, provenientes del Gobierno Nacional, se pueden atribuir a una diferencia de significados. Por ejemplo, el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) manifiesta que dos mil detenciones arbitrarias fueran realizadas por parte del Gobierno en los primeros nueve meses del mandato de Uribe, hecho que representó un aumento del 400% si se tiene en cuenta el mismo período del año inmediatamente anterior. Pero la definición que tiene el Cinep de "detención arbitraria" incluye "arrestos legalmente autorizados de personas que estén haciendo protestas en propiedad del Estado, detenciones de personas sospechosas durante combates en áreas urbanas y arrestos de activistas (que tengan una sentencia) que se sospeche estén apoyando a la guerrilla". ¿Son estos "civiles inocentes"? La Embajada también manifiesta que las ONG consideraron que todas las detenciones realizadas en lo que fueron las Zonas de Rehabilitación y Consolidación eran ilegítimas, a pesar de que dichas detenciones fueran autorizadas por la ley.
El Cinep, organización con mucha influencia en el tema de la violación de derechos humanos, también tiene una perspectiva asimétrica de la justicia. Según la Embajada de Estados Unidos, "esa ONG sigue unas convenciones que definen las violaciones de los derechos humanos como crímenes que sólo pueden ser cometidos por actores apoyados por el Estado.
La organización presume que los paramilitares hacen parte de este tipo de actores. El informe manifiesta que es muy probable que las estadísticas del Gobierno no reporten las violaciones. Sin embargo, dice que, como los asesinatos y secuestros llaman la atención del Gobierno, entre más serio sea el crimen, es más probable que sea incluido en las figuras gubernamentales.
Según la Embajada, las estadísticas de las ONG sobre-reportan las violaciones, ya que éstas dependen de reclamos injustificados que podrían ser manipulados. Además, advierte que las matemáticas aplicadas por el Cinep son confusas.
Si se comprueba que las ONG han estado manipulando las estadísticas, muchas cosas podrían cambiar. Sería un poco tarde para los miles de campesinos colombianos que han perdido la vida en los últimos años, mientras la política estadounidense ahuecó a los militares, permitiendo a guerrilleros y paramilitares fortalecerse. Pero no sería demasiado tarde para los millones de colombianos sobrevivientes, amenazados por criminales que trafican drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. Washington podría brindar más ayuda.