Colombia, una de las naciones más grandes y más importantes estratégica y económicamente de Sudamérica, ha estado sumergida por más de una década en un conflicto civil aparentemente sin solución. El término guerra civil es inapropiado en este caso; se trata, en realidad, de una situación menos dramática pero mucho más compleja.

Por Mark Falcoff

Quienquiera que siga las noticias latinoamericanas, incluso de reojo, sabrá que Colombia, una de las naciones más grandes y más importantes estratégica y económicamente de Sudamérica, ha estado sumergida por más de una década en un conflicto civil aparentemente sin solución. El término guerra civil es inapropiado en este caso, dado que sugiere un enfrentamiento entre fuerzas relativamente equivalentes. El caso colombiano es menos dramático pero mucho más complejo. Por un lado está el Estado colombiano y 40 millones de ciudadanos comunes; por otra parte, dos grupos guerrilleros, el más importante de los cuales, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuenta con alrededor de 17 mil militantes armados. El fracaso del Estado colombiano en proveer una seguridad básica de las guerrillas, particularmente en áreas rurales, llevó, durante las últimas dos décadas, a la aparición más o menos espontánea de las llamadas Fuerzas Autónomas de Defensa (fuerzas paramilitares, o paras) formadas por 13 mil hombres. Mientras las FARC y otras formaciones guerrilleras sostienen estar luchando por un proyecto revolucionario marxista, su ideología es marcadamente decorativa. En realidad son delincuentes para quienes la violencia es un estilo de vida, y así lo ha sido por muchos años. Se especializan en secuestros y asesinatos. Sólo las FARC han secuestrado más de mil personas (políticos, incluyendo a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, además de soldados y policías), presumiblemente para ganar la liberación de alrededor de 500 militantes capturados por las fuerzas gubernamentales. Lo que hace que las FARC sean un fenómeno duradero no es que disfruten de apoyo popular, sino que están involucradas en el tráfico de drogas en una escala monumental, y así quizás sea la insurgencia económicamente más autosuficiente en la historia de América Latina.

Acercamientos al conflicto

Una importante escuela de pensamiento sostiene que la actual crisis colombiana es en gran medida, sino completamente, el producto de históricas injusticias sociales. Desde esta premisa se podría deducir que una vez que sean eliminadas las desigualdades en la sociedad colombiana, o al menos sean significativamente reducidas, la violencia cesará más o menos automáticamente. Esta hipótesis es particularmente atractiva para ciertos tipos de europeos, que suponen el valor nominal de las declaraciones de las guerrillas, o quizás sencillamente no pueden enfrentar la posibilidad de que la violencia a veces pueda enfrentarse con contra-violencia. Esta creencia recientemente inspiró a la Unión Europea para establecer misiones de paz con la intención de contribuir con el diálogo de paz fortaleciendo la voz de la sociedad civil e instituciones locales democratizantes. La primera misión de ese tipo se lanzó en marzo de 2002 con un generoso aporte de 43 millones de euros. La segunda fue activada en diciembre con otros 33 millones.

Las misiones de paz, además de fortalecer la sociedad civil, se supone que deben generar estrategias de desarrollo alternativas y encargarse de las deficiencias en salud, educación, recursos hídricos, y administración de los deshechos. Si bien no hay duda de que estos proyectos son valiosos, dista de ser obvio que las deficiencias que buscan remediar no tienen nada que ver con la génesis o el desarrollo del movimiento de guerrillas. Una vez más, difícilmente se pueda culpar a la Unión Europea por querer contribuir con el desarrollo colombiano, pero si se acepta la premisa básica que inspiró a este proyecto en primer lugar (es decir, que el conflicto es “acerca” de la pobreza y la desigualdad más que una cruda lucha por el poder) dado el tamaño y la complejidad de Colombia, este acercamiento bien podría absorber la totalidad del presupuesto de ayuda de la Unión Europea para todo el continente latinoamericano por muchos años venideros.

Otra escuela de pensamiento sostiene que las guerrillas están cansadas de luchar y quieren negociar un acuerdo de paz. Si no han podido hacerlo, sugieren sus defensores, se debe a que el gobierno no les ha dado las garantías suficientes para deponer sus armas. Mientras lo último es posiblemente cierto, dada la naturaleza anómica de la violencia en Colombia, los puntos que esperan ser establecidos, y la incapacidad del gobierno de controlar todos los elementos de la sociedad civil que actualmente están armados, la primera es absolutamente ridícula. Las guerrillas no tienen incentivos para desmovilizarse, debido a que han logrado un destacable éxito para sus limitados objetivos, que son confundir y dividir la opinión internacional acerca de Colombia, enriquecer sus arcas a través del pago de rescates y del tráfico de drogas, y mantener las fuerzas de orden perpetuamente en desequilibrio. A través de sus conexiones con varias organizaciones de Derechos Humanos, también han hecho un buen trabajo dificultándole a los amigos de Colombia, particularmente a los Estados Unidos, la provisión de asistencia de seguridad suficiente para permitir que las fuerzas gubernamentales prevalezcan en forma rápida y decisiva.

No es que el proceso de paz no tuvo una oportunidad. Se intentó sin éxito durante la última década bajo la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002). Hacia fines de su período presidencial, las guerrillas habían realizado varios viajes estelares hacia Europa y habían ocupado alrededor del 40% del territorio nacional, pero la paz no estaba más cerca que cinco años antes. Más que nada, explica por qué los colombianos eligieron como sucesor de Pastrana a Álvaro Uribe, un hombre habitualmente señalado como la línea dura.
La estrategia del presidente Uribe es ampliamente militar. Ve al problema de las guerrillas como una cuestión policial y de seguridad y ha actuado de acuerdo a ello. Hasta el momento los resultados son impresionantes: las muertes y los secuestros están en baja, algunas autopistas se han reabierto, y han sido atrapados algunos altos líderes guerrilleros. La postura del presidente goza actualmente de un alto apoyo de la población colombiana, pero su agenda ha inspirado un torrente de críticas de los europeos y de grupos de Derechos Humanos. Ambos están particularmente descontentos con los planes de Uribe de realizar una amnistía con los grupos paramilitares si ellos deponen las armas, lo cual han aceptado hacer hacia el 2005.

Un indicador, entre muchos, de que la situación de seguridad ha mejorado, ha sido la repentina emigración de profesionales y trabajadores experimentados venezolanos a Colombia, huyendo de las desastrosas políticas económicas del presidente Hugo Chávez. A pesar de los problemas de seguridad de Colombia, la profundización de la crisis económica y política de Venezuela también ha incentivado a que muchas importantes compañías multinacionales, incluyendo a Microsoft, la cervecería Polar y la farmacéutica Bayer, concentrarán sus operaciones en Colombia en lugar de en Venezuela. Otro indicador es un giro positivo en indicadores económicos básicos: la inversión privada creció un 17% el año pasado; las exportaciones aumentaron alrededor del 8%, y el crecimiento económico general del país alcanzó casi el 4%, casi el doble que la estimación previa. Anne Krueger del Fondo Monetario Internacional, por su parte, sostiene que el actual gobierno colombiano ha realizado un “progreso recomendable al llevar adelante un fuerte programa de reformas económicas que apunta a un crecimiento económico más rápido y a una mejora de la equidad social” (1). Parece haber un vínculo directo entre la mejora de la seguridad, la mejora en la performance económica, e incluso (¿hay que decirlo?) una mejor equidad social. Sería sorprendente que no fuera así. La moderadamente exitosa performance económica de Colombia subraya una verdad importante: si se pudiera recobrar la paz civil, el país sin lugar a dudas, sería al menos tan exitoso como Chile.

Preocupaciones de Derechos Humanos

Nada de esto parece hacer mucha diferencia para varios sectores de la comunidad internacional de Derechos Humanos, para los cuales Colombia es un lujurioso jardín de horrores a ser encantadoramente explorado (y explotado). Esto no es subestimar la crisis humanitaria por la cual pasa el país. Por su misma naturaleza, las guerras son destructivas de la vida humana y de la infraestructura económica. En el caso de Colombia, en años recientes más de dos millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, la mayor población de este tipo en el mundo luego de Sudán y Angola. La mayoría son afro-colombianos o indígenas que ahora están fuera del alcance de todos los servicios públicos; alrededor de 250  mil han huido solos hacia la frontera ecuatoriana. Otros 300 mil se han ido de Colombia hacia Venezuela, los Estados Unidos, o cualquier otro lugar.

El punto central de la controversia no es, sin embargo, la cuestión de los refugiados sino más bien las diferencias entre lo que sucede en pueblos y ciudades remotas donde tiene lugar la guerra contra las FARC y sus aliados. Muchas organizaciones de Derechos Humanos ven al gobierno colombiano como insuficientemente preocupado en castigar los abusos cometidos por sus propias Fuerzas Armadas, como también cómplice de los cometidos por las fuerzas paramilitares. A tal fin, están presionando con intensidad en Europa y los Estados Unidos para limitar, restringir o eliminar la asistencia en seguridad hacia Colombia, al menos hasta que este país persiga judicialmente a los paramilitares y ponga fin a lo que es visto como impunidad en los oficiales militares que no observan los lineamientos humanitarios. El presidente Uribe tiene una visión radicalmente diferente: ve a muchos de sus críticos como “cobardes” cuando no como “simpatizantes con el terrorismo”.

Es difícil, si no imposible para quienes están afuera, evaluar cargos sobre hechos que sucedieron (o supuestamente sucedieron) en lugares distantes y remotos, mucho más aún cuando ambas partes esgrimen estadísticas para justificar sus objetivos de políticas. Sin embargo, un análisis reciente de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá sugiere fuertemente que muchas activas organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en Colombia emplean como metodología cargar automáticamente contra el gobierno local y quitarle excesiva responsabilidad a los rebeldes. Gran parte del problema recae en las definiciones.

Por ejemplo, uno de los principales grupos católicos, conocido por su iniciales, CINEP, sostiene que hubo un sensacional aumento del 400% en el número de detenciones arbitrarias durante los primeros nueve meses de la presidencia de Uribe, pero “arbitrario” incluye “arrestos legalmente autorizados de manifestantes que ocupaban propiedad estatal, detenciones de personas sospechosas durante operaciones de combate urbano, y arrestos basados en garantías de activistas civiles y líderes sindicales sospechados de apoyar a las guerrillas.” En realidad, destaca la embajada, muchas ONG’s ven a todas las detenciones realizadas por las fuerzas militares en áreas que reclaman las guerrillas como ilegítimas, más allá del hecho de que dichas detenciones “fueron autorizadas por la ley y, salvo que se descubriera una cantidad sorprendente de arrestos con garantías, usualmente duraron un máximo de 36 horas.”

Aún más perturbadora ha sido la tendencia de muchos grupos a considerar como “violaciones de derechos humanos” sólo aquellos abusos cometidos por actores patrocinados por el Estado, que en este caso incluiría no meramente a los militares sino también a todos aquellos cometidos por fuerzas paramilitares. La embajada hace la concesión de que el gobierno de Colombia puede sub-informar violaciones (a pesar de que las más serias son las más probables de ser reportadas). Por otro lado, las ONG’s “indudablemente sobre-reportan violaciones, dado que confían fuertemente en reclamos insustanciales que pueden ser sujetos a manipulación.” Por ejemplo, la Comisión de Juristas Colombianos, otra ONG, define a las muertes de los combatientes en hostilidades como "violaciones de Derechos Humanos” prima facie. Es cierto que puede ser que así sea, pero seguramente no en todos los casos. Con esta definición, más convenientemente, el número de violaciones entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003 se duplicó. Quizás no casualmente, este mismo período engloba la reconquista de territorios gustosamente concedidos en los ’90 a las guerrillas por parte del presidente Pastrana con la vana esperanza de que se sentarían en la mesa de negociaciones.

Se puede estar seguro de que muchas ONG’s que operan en Colombia bien pueden hacer contribuciones a su pesar. Fuerzan al gobierno a tomarse a los Derechos Humanos seriamente y, en la medida en que esto sucede, priva a las guerrillas de nuevos motivos de quejas sobre los cuales construir apoyo popular. Si el gobierno puede hacer un mejor trabajo sojuzgando a las guerrillas, la razón para la existencia de los paramilitares desaparecerá. Finalmente, en la medida en que tengan éxito evitando que los Estados Unidos tomen un rol más central en el conflicto, las ONG’s desmienten el reclamo de las guerrillas de que su guerra es contra el imperialismo estadounidense más que contra el gobierno civil.

Lo que los extranjeros pueden hacer

Colombia ha sido perturbada por la violencia política durante más de cincuenta años. En la década de 1940 y 1950 el conflicto se parecía más que hoy a una guerra civil, con partidarios a cada lado esgrimiendo las pancartas de los dos partidos políticos más grandes del país, tal como fue caricaturizado, por ejemplo, por Gabriel García Márquez en su novela internacionalmente aclamada, Cien años de soledad.

La situación actual también es diferente en sus dimensiones internacionales. Tanto figurativa como geográficamente, Colombia es un punto de cruce de drogas, terrorismo, venta de armas, y crimen internacional. Los Estados Unidos y los vecinos de Colombia, e incluso algunos principales países europeos, tienen gran interés en la restauración del orden y el fortalecimiento de la legalidad allí, como así también el serio respeto de los derechos humanos en medio del conflicto. El éxito de Colombia en este asunto no depende enteramente, ni quizás significativamente, de la asistencia exterior, a pesar de que dicha asistencia sería indudablemente bienvenida. La mayor contribución que pueden hacer los extranjeros es comprender los puntos esenciales de la situación y estar en guardia contra los pretextos ideológicos.

 

(*) Este artículo fue publicado en “Latin American Outlook” el lunes 1° de marzo pasado.
(1) M2 Presswire, 13 de enero de 2004.