La Gobernabilidad (Democrática) Futura (Fin)
Una nueva Constitución es imprescindible, porque solamente a través de un nuevo marco institucional en el que los actores políticos y sociales se sientan representados, se pueden propiciar condiciones de estabilidad política y de gobernabilidad. También es imprescindible porque el deseo de los actores políticos, la mayoría de ellos, insisten en cambios y reformas jurídicas más allá de los contenidos electorales. Simbólicamente es fundamental, porque el orden constitucional de 1976 no represento las expectativas de la nueva generación ni ayudo a precisar el paso de un antiguo régimen a uno nuevo.
Desde el punto de vista de la transición a la democracia, la nueva Constitución sería el puente perfecto para cruzar de una orilla a la otra. La experiencia comparada así lo indica: la gran mayoría de transiciones han concluido con una convocatoria al constituyente y la adopción de una nueva Ley Fundamental. Esta Constitución simbolizara y hará realidad el tránsito definitivo de un régimen a otro, de un sistema autoritario a uno democrático, donde el Estado de Derecho sea el eje rector de la vida política y social.
Sin embargo a pesar de todo lo dicho y de la imperiosa necesidad de adecuar el marco constitucional a un escenario democrático y de pluralismo político, esto no va a resultar sencillo. Tal vez no sea factible, políticamente hablando. Los acuerdos necesarios entre los partidos políticos van a tardar un buen tiempo en madurar y quién sabe dónde desemboquen, finalmente. Además, una nueva Constitución implicaría revisar absolutamente todo: no solamente el régimen político, sino los derechos individuales y sociales, los contenidos económicos, las responsabilidades de los funcionarios, etcétera. Acuerdos esenciales sobre los que al menos de forma tácita no hay discrepancias, podrían ser fuente de conflicto. Cuestiones que resultan prácticamente imposibles de pactar entre las fuerzas políticas, ya que sus visiones estarán contrapuestas y polarizadas. Existiría, pues, el peligro de abrir una verdadera caja de pandora. No creo que ese sea el camino deseable ni el que se tenga que seguir; dudo que las condiciones políticas actuales y las que se avizoran en corto plazo permitan concretar un nuevo texto constitucional. Sin duda, una constitución tiene una naturaleza fundacional que no puede adquirir forma mientras los ánimos de rechazo, venganza y oposición a ultranza sean la norma en lugar de la excepción. Quizá sería mejor fortalecer las estructuras institucionales, a partir de la Constitución y prácticas políticas cotidianas que tenemos en la actualidad, para que consolidado eso, podamos en unos años contemplar otras opciones. Así pues, estamos a favor de una convocatoria a una constituyente y de instaurar un nuevo documento constitucional, reconocemos de forma realista que esto es muy poco probable y, en cierto sentido, peligroso.
Por tanto, de una manera más sencilla, nos proponemos que dentro del camino
de quienes convoquen a la redacción de una nueva Constitución observen la realidad cubana, como partes interesadas o como observadores más neutrales reconociendo lo obvio: la Constitución vigente nada tiene que ver con nuestra realidad. Lo que no es obvio es, si sería posible ponernos de acuerdo para redactar una Constitución moderna, abstracta y filosóficamente coherente en la actualidad.
Ante el agotamiento del modelo de dominación posrevolucionario, Cuba necesita un nuevo acuerdo político: unas nuevas reglas de juego acordadas por todos los actores, que generen un marco constitucional funcional, sobre el que se pueda establecer una democracia perdurable, sólida y gobernable. Partiendo de este supuesto, lo de menos resultará la forma que encarne ese pacto: nueva Constitución, reforma integral o modificaciones parciales. Sin duda, las reglas actuales no están diseñadas para regular un régimen democrático y pluralista, no son funcionales para resolver las disputas políticas y normar la competencia. Es indispensable, pues, dotarnos de verdaderos patrones de funcionamiento del sistema democrático: aceptados por todos, que permitan procesar el conflicto político, cualquiera que sea su naturaleza.
La gobernabilidad instituida por el régimen posrevolucionario esta llegando, tras largo tiempo de desgaste paulatino, a su fin. Es imposible instaurar la democracia sobre los viejos esquemas políticos fenecidos; muchos de los pilares del anciano régimen han dejado de ser útiles y se han convertido en meras estructuras vacías, elefantes blancos incapaces de realizar función alguna. Estos cascarones significan en la actualidad, más un impedimento o un lastre para el desarrollo político, que un activo sólido para el futuro. En este sentido, hace falta construir nuevas instituciones, capaces de contener y encauzar la competencia y el pluralismo político. Hay que regresar al restirador y pensar en serio, imaginar a fondo las posibilidades del cambio constitucional; deshacerse de prejuicios históricamente acumulados y en extremo generalizados. Basta revisar el pasado: Cuba está plagado de rupturas históricas, no veo por qué hay que temerles, todo lo contrario. Sin embargo, nada haría más daño que un grupo, por sí solo y de manera unilateral, busque imponer su proyecto de reformas políticas, movido por un ánimo de revancha y de ajuste de cuentas con el pasado reciente. En esto no cabe más que una especie de democracia contractual: Ante todo, debe tenerse presente que todas las transiciones a la democracia son resultado de una negociación: en algunos casos con los representantes del régimen anterior y en otros sólo entre las fuerzas prodemocráticas que intentan establecer un nuevo sistema. No siempre se requieren negociaciones para lograr la emancipación de la sociedad del régimen autoritario, pero éstas son necesarias para constituir las instituciones democráticas. La democracia no puede imponerse por dictado, sino que debe ser el fruto de una negociación.
Se trata, en todo caso, de construir las bases para el asentamiento de la democracia, de un nuevo régimen político con normas más equitativas y funcionales a la realidad nacional. En particular, hace falta llegar a pactos institucionales que establezcan las reglas del juego, dejando el resto aunque a algunos no les guste para después, al arbitrio de las competencias. En principio, la discusión sobre el país que se quiere deberá ser relegada hasta el pleno asentamiento de la democracia, llevando al terreno electoral la discusión ideológica, dando prioridad, a su vez, a la construcción de mecanismos neutrales para el acceso y ejercicio del poder político.
Primero las reglas, después la discusión de fondo.
En particular, la gobernabilidad futura va a depender de tres factores genéricos:
a) el desmantelamiento del viejo sistema comunista y de sus instrumentos de control político, sin causar violencia.
b) la construcción de nuevas instituciones e incentivos para que los cubanos en general, pero sobre todo los partidos políticos y la burocracia, se orienten a la negociación y a la convergencia en la toma de decisiones.
c) la modernización del marco legal a fin de facilitar el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía y de Cuba, donde puedan asegurar no sólo el ejercicio de sus derechos, sino también su participación política, como la mejor garantía de estabilidad y moderación de los extremos en el ámbito político.
De alguna manera tenemos que anular los efectos de las contingencias específicas, que ponen a los hombres en situaciones desiguales y en tentación de explotar las circunstancias naturales y sociales en su propio. Si todos los grupos sufren los efectos de este velo de la ignorancia, si no tienen cabal conocimiento de la fuerza política que tendrán en el futuro, optarán por una solución neutral o de equilibrio: por instituciones que maximicen el papel de las minorías, con amplios controles y contrapesos para hacer realidad la rendición de cuentas. Cada partido buscará que el orden político que se instaure recoja salvaguardas, en caso de que de forma transitoria, la tendencia del electorado y la opinión pública le resulte desfavorable o enfrenten adversidades políticas coyunturales. En consecuencia, es más probable que se mantengan estables a través de una amplia gama de condiciones históricas.
Las instituciones adoptadas cuando se desconoce la relación de fuerzas o ésta es poco clara tienen mayores probabilidades de sobrevivir a través de una diversidad de condiciones. Así, el proceso de transición política e instauración de nuevas reglas del juego conlleva, para que pueda resultar estable y duradero, una de las características principales de la democracia: la incertidumbre respecto a los futuros gobernantes, la expectativa de que diversos grupos políticos sean un día vencedores y otro vencidos, que en algún momento serán gobernantes y en otro opositores, de alternarse en el poder, compartirlo o formar alianzas. Por fuerza —y conveniencia—, la construcción de las nuevas instituciones políticas debe ser inclusiva y tendiente a favorecer el pluralismo, la tolerancia, el diálogo y la negociación, los consensos y los acuerdos políticos. En este camino puede resultar útil la experiencia española: donde en un periodo de tiempo relativamente reducido, el presidente Suárez —convergiendo con todas las fuerzas políticas construyó las instituciones democráticas que el momento transicional exigía y logró, provecho. Ahora bien, para lograr esto supongo que las partes están situadas bajo un velo de ignorancia. No saben cómo las diversas alternativas afectarán sus propios casos particulares, viéndose así obligadas a evaluar los principios únicamente sobre la base de consideraciones generales. Se supone, entonces, que las partes no conocen ciertos tipos de hechos determinados según sus propias palabras, una España “donde todos pudieran sentirse a gusto”. En esto hay que hacer énfasis: dentro de la nueva institucionalidad democrática, deben caber todos los grupos e intereses, que en términos democráticos sean legítimos. No cabe, entonces, la exclusión y la imposición de un grupo por encima de los demás; en este punto la lección ya estará —o debera estar— aprendida.
Concluyo, pues, rescatando las palabras del propio presidente español, Adolfo Suárez, quien escribió a propósito:
Una enseñanza reconfortante que yo, al menos, he recibido de la transición española, en la que he participado de modo fundamental, es que no existe el determinismo histórico. En la historia de esta etapa, viviéndola y haciéndola, he recibido la ratificación más importante de una idea esencial: que el futuro, lejos de estar decidido, es siempre reino de la libertad, abierto e inseguro, aunque previsible por los análisis que realicemos de las condiciones estructurales y las fuerzas operantes de la sociedad en que vivimos, entre las que se cuenta, como motor esencial, la voluntad libre de los hombres que han de protagonizar la historia. Fin de la cita
El futuro de Cuba está abierto y depende exclusivamente de todos los cubanos. Una democracia plena y consolidada nos espera. Hacia allá vamos todos Unidos.
Jorge Castorberi Díaz
Coordinador Nacional
Una nueva Constitución es imprescindible, porque solamente a través de un nuevo marco institucional en el que los actores políticos y sociales se sientan representados, se pueden propiciar condiciones de estabilidad política y de gobernabilidad. También es imprescindible porque el deseo de los actores políticos, la mayoría de ellos, insisten en cambios y reformas jurídicas más allá de los contenidos electorales. Simbólicamente es fundamental, porque el orden constitucional de 1976 no represento las expectativas de la nueva generación ni ayudo a precisar el paso de un antiguo régimen a uno nuevo.
Desde el punto de vista de la transición a la democracia, la nueva Constitución sería el puente perfecto para cruzar de una orilla a la otra. La experiencia comparada así lo indica: la gran mayoría de transiciones han concluido con una convocatoria al constituyente y la adopción de una nueva Ley Fundamental. Esta Constitución simbolizara y hará realidad el tránsito definitivo de un régimen a otro, de un sistema autoritario a uno democrático, donde el Estado de Derecho sea el eje rector de la vida política y social.
Sin embargo a pesar de todo lo dicho y de la imperiosa necesidad de adecuar el marco constitucional a un escenario democrático y de pluralismo político, esto no va a resultar sencillo. Tal vez no sea factible, políticamente hablando. Los acuerdos necesarios entre los partidos políticos van a tardar un buen tiempo en madurar y quién sabe dónde desemboquen, finalmente. Además, una nueva Constitución implicaría revisar absolutamente todo: no solamente el régimen político, sino los derechos individuales y sociales, los contenidos económicos, las responsabilidades de los funcionarios, etcétera. Acuerdos esenciales sobre los que al menos de forma tácita no hay discrepancias, podrían ser fuente de conflicto. Cuestiones que resultan prácticamente imposibles de pactar entre las fuerzas políticas, ya que sus visiones estarán contrapuestas y polarizadas. Existiría, pues, el peligro de abrir una verdadera caja de pandora. No creo que ese sea el camino deseable ni el que se tenga que seguir; dudo que las condiciones políticas actuales y las que se avizoran en corto plazo permitan concretar un nuevo texto constitucional. Sin duda, una constitución tiene una naturaleza fundacional que no puede adquirir forma mientras los ánimos de rechazo, venganza y oposición a ultranza sean la norma en lugar de la excepción. Quizá sería mejor fortalecer las estructuras institucionales, a partir de la Constitución y prácticas políticas cotidianas que tenemos en la actualidad, para que consolidado eso, podamos en unos años contemplar otras opciones. Así pues, estamos a favor de una convocatoria a una constituyente y de instaurar un nuevo documento constitucional, reconocemos de forma realista que esto es muy poco probable y, en cierto sentido, peligroso.
Por tanto, de una manera más sencilla, nos proponemos que dentro del camino
de quienes convoquen a la redacción de una nueva Constitución observen la realidad cubana, como partes interesadas o como observadores más neutrales reconociendo lo obvio: la Constitución vigente nada tiene que ver con nuestra realidad. Lo que no es obvio es, si sería posible ponernos de acuerdo para redactar una Constitución moderna, abstracta y filosóficamente coherente en la actualidad.
Ante el agotamiento del modelo de dominación posrevolucionario, Cuba necesita un nuevo acuerdo político: unas nuevas reglas de juego acordadas por todos los actores, que generen un marco constitucional funcional, sobre el que se pueda establecer una democracia perdurable, sólida y gobernable. Partiendo de este supuesto, lo de menos resultará la forma que encarne ese pacto: nueva Constitución, reforma integral o modificaciones parciales. Sin duda, las reglas actuales no están diseñadas para regular un régimen democrático y pluralista, no son funcionales para resolver las disputas políticas y normar la competencia. Es indispensable, pues, dotarnos de verdaderos patrones de funcionamiento del sistema democrático: aceptados por todos, que permitan procesar el conflicto político, cualquiera que sea su naturaleza.
La gobernabilidad instituida por el régimen posrevolucionario esta llegando, tras largo tiempo de desgaste paulatino, a su fin. Es imposible instaurar la democracia sobre los viejos esquemas políticos fenecidos; muchos de los pilares del anciano régimen han dejado de ser útiles y se han convertido en meras estructuras vacías, elefantes blancos incapaces de realizar función alguna. Estos cascarones significan en la actualidad, más un impedimento o un lastre para el desarrollo político, que un activo sólido para el futuro. En este sentido, hace falta construir nuevas instituciones, capaces de contener y encauzar la competencia y el pluralismo político. Hay que regresar al restirador y pensar en serio, imaginar a fondo las posibilidades del cambio constitucional; deshacerse de prejuicios históricamente acumulados y en extremo generalizados. Basta revisar el pasado: Cuba está plagado de rupturas históricas, no veo por qué hay que temerles, todo lo contrario. Sin embargo, nada haría más daño que un grupo, por sí solo y de manera unilateral, busque imponer su proyecto de reformas políticas, movido por un ánimo de revancha y de ajuste de cuentas con el pasado reciente. En esto no cabe más que una especie de democracia contractual: Ante todo, debe tenerse presente que todas las transiciones a la democracia son resultado de una negociación: en algunos casos con los representantes del régimen anterior y en otros sólo entre las fuerzas prodemocráticas que intentan establecer un nuevo sistema. No siempre se requieren negociaciones para lograr la emancipación de la sociedad del régimen autoritario, pero éstas son necesarias para constituir las instituciones democráticas. La democracia no puede imponerse por dictado, sino que debe ser el fruto de una negociación.
Se trata, en todo caso, de construir las bases para el asentamiento de la democracia, de un nuevo régimen político con normas más equitativas y funcionales a la realidad nacional. En particular, hace falta llegar a pactos institucionales que establezcan las reglas del juego, dejando el resto aunque a algunos no les guste para después, al arbitrio de las competencias. En principio, la discusión sobre el país que se quiere deberá ser relegada hasta el pleno asentamiento de la democracia, llevando al terreno electoral la discusión ideológica, dando prioridad, a su vez, a la construcción de mecanismos neutrales para el acceso y ejercicio del poder político.
Primero las reglas, después la discusión de fondo.
En particular, la gobernabilidad futura va a depender de tres factores genéricos:
a) el desmantelamiento del viejo sistema comunista y de sus instrumentos de control político, sin causar violencia.
b) la construcción de nuevas instituciones e incentivos para que los cubanos en general, pero sobre todo los partidos políticos y la burocracia, se orienten a la negociación y a la convergencia en la toma de decisiones.
c) la modernización del marco legal a fin de facilitar el desarrollo y el bienestar de la ciudadanía y de Cuba, donde puedan asegurar no sólo el ejercicio de sus derechos, sino también su participación política, como la mejor garantía de estabilidad y moderación de los extremos en el ámbito político.
De alguna manera tenemos que anular los efectos de las contingencias específicas, que ponen a los hombres en situaciones desiguales y en tentación de explotar las circunstancias naturales y sociales en su propio. Si todos los grupos sufren los efectos de este velo de la ignorancia, si no tienen cabal conocimiento de la fuerza política que tendrán en el futuro, optarán por una solución neutral o de equilibrio: por instituciones que maximicen el papel de las minorías, con amplios controles y contrapesos para hacer realidad la rendición de cuentas. Cada partido buscará que el orden político que se instaure recoja salvaguardas, en caso de que de forma transitoria, la tendencia del electorado y la opinión pública le resulte desfavorable o enfrenten adversidades políticas coyunturales. En consecuencia, es más probable que se mantengan estables a través de una amplia gama de condiciones históricas.
Las instituciones adoptadas cuando se desconoce la relación de fuerzas o ésta es poco clara tienen mayores probabilidades de sobrevivir a través de una diversidad de condiciones. Así, el proceso de transición política e instauración de nuevas reglas del juego conlleva, para que pueda resultar estable y duradero, una de las características principales de la democracia: la incertidumbre respecto a los futuros gobernantes, la expectativa de que diversos grupos políticos sean un día vencedores y otro vencidos, que en algún momento serán gobernantes y en otro opositores, de alternarse en el poder, compartirlo o formar alianzas. Por fuerza —y conveniencia—, la construcción de las nuevas instituciones políticas debe ser inclusiva y tendiente a favorecer el pluralismo, la tolerancia, el diálogo y la negociación, los consensos y los acuerdos políticos. En este camino puede resultar útil la experiencia española: donde en un periodo de tiempo relativamente reducido, el presidente Suárez —convergiendo con todas las fuerzas políticas construyó las instituciones democráticas que el momento transicional exigía y logró, provecho. Ahora bien, para lograr esto supongo que las partes están situadas bajo un velo de ignorancia. No saben cómo las diversas alternativas afectarán sus propios casos particulares, viéndose así obligadas a evaluar los principios únicamente sobre la base de consideraciones generales. Se supone, entonces, que las partes no conocen ciertos tipos de hechos determinados según sus propias palabras, una España “donde todos pudieran sentirse a gusto”. En esto hay que hacer énfasis: dentro de la nueva institucionalidad democrática, deben caber todos los grupos e intereses, que en términos democráticos sean legítimos. No cabe, entonces, la exclusión y la imposición de un grupo por encima de los demás; en este punto la lección ya estará —o debera estar— aprendida.
Concluyo, pues, rescatando las palabras del propio presidente español, Adolfo Suárez, quien escribió a propósito:
Una enseñanza reconfortante que yo, al menos, he recibido de la transición española, en la que he participado de modo fundamental, es que no existe el determinismo histórico. En la historia de esta etapa, viviéndola y haciéndola, he recibido la ratificación más importante de una idea esencial: que el futuro, lejos de estar decidido, es siempre reino de la libertad, abierto e inseguro, aunque previsible por los análisis que realicemos de las condiciones estructurales y las fuerzas operantes de la sociedad en que vivimos, entre las que se cuenta, como motor esencial, la voluntad libre de los hombres que han de protagonizar la historia. Fin de la cita
El futuro de Cuba está abierto y depende exclusivamente de todos los cubanos. Una democracia plena y consolidada nos espera. Hacia allá vamos todos Unidos.
Jorge Castorberi Díaz
Coordinador Nacional