La Gobernabilidad (Democrática) Futura (Tercera parte)
EL FIN DE LA HEGEMONÍA COMUNISTA
El PCC es una mezcla de secretaría de Estado con cosa nostra.
Poner fin a la hegemonía comunista, así como a sus efectos más perniciosos, será una tarea ardua para la democracia cubana. Si bien el pluralismo y la competitividad han aumentado considerablemente en los últimos años, todavía subsisten fuertes rasgos de autoritarismo en la oposición: el viejo partido de Estado. El PCC nunca ha sido ni será un simple partido político. Ha significado para el país un sofisticado instrumento de control político y una poderosísima maquinaria de movilización electoral, jamás visto en un partido en competencia con otros. El reto de su transformación está, hoy más que nunca, sobre la mesa; es ya inaplazable. La estructura comunista debe responder a la realidad y a las necesidades políticas del país. Hoy ya no es así; las circunstancias que lo hicieron posible y necesario han sido rebasadas hasta convertirse en cosas del pasado. Toda vez que la realidad social, económica y, sobre todo política cambie, el partido de Estado —entendido como el universo de la política nacional resulta inútil, incluso anacrónico. Por ello, enfrenta en la actualidad una profunda crisis que le hace indispensable una reforma integral. Cada vez resulta más evidente para la sociedad cubana que si bien la democracia no pasa necesariamente por la derrota del PCC (aunque en las próximas Elecciones no suceda así), sí implicara su reforma. Este partido permanece incapaz de ajustarse por sus tradiciones y formas de entender la política al pluralismo competitivo creciente de hoy en día, colocándolo en la disyuntiva de reformarse a fondo, tarea impostergable en el corto plazo o deteriorarse aún más e impidiendo —o retardando la plena democratización del sistema político cubano.
No estoy diciendo que el PCC deba desaparecer. De hecho, al país no le convendría un desplome o hecatombe de ese partido. No hay que olvidar que representa, todavía, una importante coalición de intereses políticos, sociales y económicos. Su derrumbe podría acarrear infinidad de problemas al país: crearía un vacío que sin duda sería propicio para la aparición de grupos y personajes autoritarios, significando ello un alto costo para Cuba y una reversión de incalculables dimensiones. Lo que sí debe desaparecer es su herencia autoritaria: corporativismo, cacicazgos, manipulación, corrupción.
El reto que enfrentaremos no es sencillo ni se va a lograr de un día para otro. El PCC tiene que asumirse y aceptarse como un partido más y no como el partido. Debe separarse o debemos exigirle que se separe, de forma clara y definitiva, de la atadura estructural que lo une al Estado (podría pensarse que esta desvinculación, con la pérdida de la presidencia de la República, sea algo automático y en cierto sentido así es; sin embargo, hay que estar muy atentos a los bastiones o nichos que todavía puedan controlar, como las instituciones estatales y los gobiernos provinciales y municipales). En pocas palabras, tiene que desestatizarse e instituir nuevos patrones de conducta. Debe, igualmente, establecer (y respetar) una normatividad interna que resulte clara y equitativa para todos sus integrantes. Debe descentralizarse y hacer menos vertical el sistema de toma de decisiones, depurar a sus cuadros, modificar su cultura política y desvincularse, de forma indudable, de su pasado autoritario y totalitario para abrazar los métodos democráticos. En realidad no es nada que los propios comunistas no hayan predicado, al menos de forma retórica. En este sentido y a manera de ejemplo sobre la tarea por cumplir, algunos han declarado a propósito del partido: O cambia atendiendo las aspiraciones de renovación de sus militantes, interpretando las necesidades y los deseo de la sociedad cubana, sincronizando su ritmo con el tiempo precipitado de la realidad contemporánea del país o se detiene anquilosado por la magnitud de su propio peso, en riesgo de la obsolescencia funcional y, lo que es peor, de ineptitud histórica, de falta de ubicación y sentido en la conformación del mundo político del país.
“La larga vida del PCC ha sido intrauterina. La presidencia lo alimentó, lo cobijó, lo protegió de los peligros exteriores, marcó sus ideas y sus programas, seleccionó sus dirigencias. Dentro de la concha presidencial, el PCC no tuvo la necesidad de competir, de discutir, de formar por sí mismo su liderazgo. Las decisiones fundamentales vinieron de fuera. Con la cabeza inclinada, las hizo suyas. El resguardo, sin embargo, fue convirtiéndose poco a poco en encierro. La sobreprotección fue atrofiando los músculos del comunismo. El imbatible partido del hiperpresidencialismo es el partido parapléjico de la competencia”,
Es decir, uno de los mayores desafíos para el PCC será tener vida autónoma, y ya no intrauterina, como es el caso de su dependencia total y absoluta respecto al presidente de la República. Debe transitar de ser un partido de Estado hacia su ubicación dentro de un sistema plural, competido y equitativo. Para ello debe renunciar a las tácticas de manipulación. Pese a los avances registrados a nivel de país, en el ámbito local subsisten, todavía, sectores renuentes al cambio, que continuaran utilizando los instrumentos tradicionales para desviar la voluntad popular; y seguir controlando las autoridades y los procesos electorales
Por otra parte, las reformas de las dependencias centrales del estado o más bien, su desmantelamiento es una de las tareas más importantes que tiene por delante el partido y el régimen político en su conjunto. El sistema de control estatal sufrirá grandes embates y querrá continuar representando el principal baluarte reticente al cambio. Aunque habrán organizaciones de corte clientelar que insistirán en reproducir la lógica vertical y autoritaria de antaño. El mayor bastión con una clara tendencia en contra de la democratización se encuentra precisamente ahí, en las viejas dirigencias, los cuales reiteradamente se han manifestado en abierta oposición a un pluralismo que amenace sus privilegios. Así, una de las mayores murallas que resisten la apertura democrática es el sector estatal, en particular las organizaciones y los sindicatos oficialistas que funcionan como pilares del PCC. Estos mecanismos son contrarios a las normas más elementales de la democracia, ya que limitan la libertad de los individuos en función de una representación corporativa. Por extensión, la reforma política debe pasar por la restitución de las libertades políticas a los obreros, a los campesinos y, en general, a los sectores que integran esta malla de organizaciones no apegadas a lineamientos democráticos básicos.
La suerte del PCC no es un asunto menor. Todo lo contrario: su destino por el tamaño y por todo lo que significa resulta de vital importancia para la estabilidad política. “Con el PCC en su estado actual de creciente descomposición es, o debería ser, de interés nacional el que ese partido se reforme para modernizarse y ser competitivo, o se desmantele sin violencia. No es, por la naturaleza del problema, algo que se pueda dejar para que se resuelva por sí mismo”. El fin de la hegemonía comunista es bueno para el país; sin embargo, se tiene que evitar que esto se convierta en un verdadero colapso que pudiera llegar a ser perjudicial, incluso desastroso, para la incipiente democracia cubana. Hay que impedir que el viejo sistema político, al desmantelarse, cause daños. Ciertas partes o fragmentos, al desconectarse, pueden ser que arrastren en su caída a otros sectores y causen costos innecesarios para el nuevo régimen.
En los países más desarrollados, la administración pública no toma parte de la lucha política. Se estructura sobre la base de un servicio civil de carrera, neutral y apartidista, y se articula como ancla para el eficaz funcionamiento del Estado, garantizando, asimismo, la estabilidad política. Más allá de los diversos gobiernos, esta burocracia profesional seleccionada bajo estrictos requisitos y rigurosos exámenes funciona como un mecanismo de preservación y continuidad de las políticas públicas del Estado. Un aparato administrativo profesional y autónomo de los mandatarios en turno es indispensable. Sin él, tal y como ha ocurrido en otros países, cada nuevo gobierno o incluso cada nuevo titular de cartera representara un recambio de funcionarios: una administración de freno y arranque, una burocracia que en cada movimiento ministerial se renueve casi por completo, acarreara una pérdida de continuidad, experiencia y memoria institucional. No sólo eso. Al contar con una administración profesional, autónoma del gobierno que se encuentra en el poder y, por ende, neutral, se está garantizando la salud y el adecuado funcionamiento del sistema democrático. Dicha neutralidad supone una serie de ventajas que no cabe desdeñar: Sin embargo, además de la neutralidad política, la eficiencia de la administración resulta clave para la democracia.
Sin un aparato burocrático efectivo, el Estado no podrá —salvo circunstancias excepcionales— mantener niveles aceptables de legitimidad y, más importante aún, de gobernabilidad. No obstante, la mejora en el funcionamiento de los servicios estatales así como su calidad no es una tarea sencilla. Se debe emprender una estrategia que cuente con objetivos claros y precisos. El camino a seguir debe ser, más que el cambiar a las personas, reformar la estructura de incentivos (premios y castigos). La construcción de un sector público mucho más eficiente debe girar, pues, en torno a sistemas de gestión modernos, que incorporen los temas relevantes de la administración pública. En concreto, se deben establecer:
— Prioridades estratégicas claras. Los gobiernos deben decidir sobre prioridades estratégicas y utilizar asignaciones presupuestarias, incentivos y supervisión para lograrlas.
— Formas óptimas para proveer servicios públicos. Los gobiernos deben decidir si es mejor proveer los bienes y servicios públicos mediante la regulación, la producción privada regulada o la producción pública.
— Formas óptimas de organización de las entidades públicas. Se pueden aclarar los incentivos y la información puede fluir mejor mediante un nuevo ‘arreglo de cuadros’... El desempeño se puede mejorar creando competencia dentro del gobierno.
— Especificación de objetivos fundamentales. El desempeño se puede lograr si se fijan los objetivos y hay incentivos para lograrlos.
— Sistemas modernos de gestión. Una gestión efectiva requiere de un conjunto de elementos, incluyendo liderazgo, recursos, incentivos, libertad de gestión y valores congruentes.
— Gestión financiera efectiva. Los sistemas de gestión financiera deberán integrar planificación, diseño de presupuestos y funciones de auditoría.
— Sistemas de información de desempeño. Los sistemas que se basan en el desempeño requieren de información integradora a la gestión financiera.
— Capacidad institucional. Los sistemas basados en el desempeño requieren de un cambio en la forma de pensar, desde una cultura de cumplimiento a una cultura de desempeño.
— Sistemas de personal eficientes. Se requiere de una descentralización de la administración de personal si es que los gerentes han de asumir responsabilidad por los resultados de sus gestiones.
El eje central debe ser una gestión enfocada a los resultados. Para ello es indispensable adoptar mecanismos como el uso intensivo de la evaluación de las políticas públicas, la medición del desempeño de la administración en su conjunto, mayor descentralización, contratación externa de servicios vía licitación pública y concentrar la atención en la calidad. La otra cara de la moneda son las personas, el personal que integra la burocracia. Para incentivarlos hay que introducir, igualmente, indicadores de desempeño, medir su rendimiento para, a partir de ahí, instaurar un sistema de salarios, estímulos y ascensos por mérito o desempeño. De este modo, se podrá revitalizar la capacidad institucional del aparato administrativo.
De la misma forma, resulta imprescindible la introducción de controles efectivos. Deben establecerse dispositivos formales de vigilancia y control. Esto será posible a través de una vigorosa división de poderes: cuanto más amplia es la separación de poderes, mayor es, por definición, el número de instancias de control que pueden limitar las medidas arbitrarias por parte de órganos estatales. Sin embargo, hay que tener presente que la existencia de múltiples entidades de control tiene ciertos inconvenientes: implica mayor dificultad para modificar las normas perjudiciales, pero —por el contrario— igualmente ocurrirá con las que resulten beneficiadas.
Además de enfocar a la administración en torno al rendimiento y la introducción de controles, resulta vital oír a la ciudadanía y ampliar las instancias en que pueda participar. Estos dos puntos se pueden desarrollar, entre otros instrumentos, a partir de encuestas a los usuarios. Por un lado, darles voz y por el otro, introducir una mayor representación en el ámbito de la organización estatal de grupos ciudadanos interesados por mejorar los servicios y bienes públicos. Todo ello como un primer paso para que las políticas públicas reflejen los verdaderos intereses y necesidades sociales.
Los programas públicos serán mucho más eficientes si se incorporan, pues, las opiniones de los usuarios y se aprovecha el sentir y la experiencia de la sociedad. La ejecución de la acción y de las políticas resultará mucho más cercana, eficaz y realmente atenderá las necesidades ciudadanas.
En resumidas cuentas, esto puede lograrse a través de:
— Normas y controles. La existencia de mecanismos que obliguen al cumplimiento de las leyes —un estamento judicial independiente, por ejemplo, es fundamental para el desarrollo sostenible. Junto con la separación adecuada de poderes y los organismos de vigilancia, son un freno para los comportamientos arbitrarios.
— Más competencia. La presión en favor de la competencia puede venir del seno mismo de la burocracia estatal, mediante un sistema de reclutamiento de los funcionarios públicos con arreglo a sus méritos; del sector privado nacional, contratando la prestación de servicios y dejando que los proveedores privados compitan directamente con los organismos públicos; del ámbito internacional, por medio del comercio y la influencia de financiamientos externos.
— Cauces de opinión y participación. En una sociedad moderna, los medios para lograr transparencia y apertura son muchos y variados: consejos empresariales, grupos interactivos y asociaciones de consumidores, por nombrar sólo algunos. Los acuerdos institucionales de colaboración con grupos comunitarios, pueden contribuir también a aumentar la eficacia estatal ofreciendo a los ciudadanos una mayor posibilidad de opinar sobre las políticas gubernamentales.
Asimismo, los contactos entre los distintos niveles de gobierno y con organismos internacionales pueden ayudar al suministro de bienes públicos locales e internacionales.
EL FIN DE LA HEGEMONÍA COMUNISTA
El PCC es una mezcla de secretaría de Estado con cosa nostra.
Poner fin a la hegemonía comunista, así como a sus efectos más perniciosos, será una tarea ardua para la democracia cubana. Si bien el pluralismo y la competitividad han aumentado considerablemente en los últimos años, todavía subsisten fuertes rasgos de autoritarismo en la oposición: el viejo partido de Estado. El PCC nunca ha sido ni será un simple partido político. Ha significado para el país un sofisticado instrumento de control político y una poderosísima maquinaria de movilización electoral, jamás visto en un partido en competencia con otros. El reto de su transformación está, hoy más que nunca, sobre la mesa; es ya inaplazable. La estructura comunista debe responder a la realidad y a las necesidades políticas del país. Hoy ya no es así; las circunstancias que lo hicieron posible y necesario han sido rebasadas hasta convertirse en cosas del pasado. Toda vez que la realidad social, económica y, sobre todo política cambie, el partido de Estado —entendido como el universo de la política nacional resulta inútil, incluso anacrónico. Por ello, enfrenta en la actualidad una profunda crisis que le hace indispensable una reforma integral. Cada vez resulta más evidente para la sociedad cubana que si bien la democracia no pasa necesariamente por la derrota del PCC (aunque en las próximas Elecciones no suceda así), sí implicara su reforma. Este partido permanece incapaz de ajustarse por sus tradiciones y formas de entender la política al pluralismo competitivo creciente de hoy en día, colocándolo en la disyuntiva de reformarse a fondo, tarea impostergable en el corto plazo o deteriorarse aún más e impidiendo —o retardando la plena democratización del sistema político cubano.
No estoy diciendo que el PCC deba desaparecer. De hecho, al país no le convendría un desplome o hecatombe de ese partido. No hay que olvidar que representa, todavía, una importante coalición de intereses políticos, sociales y económicos. Su derrumbe podría acarrear infinidad de problemas al país: crearía un vacío que sin duda sería propicio para la aparición de grupos y personajes autoritarios, significando ello un alto costo para Cuba y una reversión de incalculables dimensiones. Lo que sí debe desaparecer es su herencia autoritaria: corporativismo, cacicazgos, manipulación, corrupción.
El reto que enfrentaremos no es sencillo ni se va a lograr de un día para otro. El PCC tiene que asumirse y aceptarse como un partido más y no como el partido. Debe separarse o debemos exigirle que se separe, de forma clara y definitiva, de la atadura estructural que lo une al Estado (podría pensarse que esta desvinculación, con la pérdida de la presidencia de la República, sea algo automático y en cierto sentido así es; sin embargo, hay que estar muy atentos a los bastiones o nichos que todavía puedan controlar, como las instituciones estatales y los gobiernos provinciales y municipales). En pocas palabras, tiene que desestatizarse e instituir nuevos patrones de conducta. Debe, igualmente, establecer (y respetar) una normatividad interna que resulte clara y equitativa para todos sus integrantes. Debe descentralizarse y hacer menos vertical el sistema de toma de decisiones, depurar a sus cuadros, modificar su cultura política y desvincularse, de forma indudable, de su pasado autoritario y totalitario para abrazar los métodos democráticos. En realidad no es nada que los propios comunistas no hayan predicado, al menos de forma retórica. En este sentido y a manera de ejemplo sobre la tarea por cumplir, algunos han declarado a propósito del partido: O cambia atendiendo las aspiraciones de renovación de sus militantes, interpretando las necesidades y los deseo de la sociedad cubana, sincronizando su ritmo con el tiempo precipitado de la realidad contemporánea del país o se detiene anquilosado por la magnitud de su propio peso, en riesgo de la obsolescencia funcional y, lo que es peor, de ineptitud histórica, de falta de ubicación y sentido en la conformación del mundo político del país.
“La larga vida del PCC ha sido intrauterina. La presidencia lo alimentó, lo cobijó, lo protegió de los peligros exteriores, marcó sus ideas y sus programas, seleccionó sus dirigencias. Dentro de la concha presidencial, el PCC no tuvo la necesidad de competir, de discutir, de formar por sí mismo su liderazgo. Las decisiones fundamentales vinieron de fuera. Con la cabeza inclinada, las hizo suyas. El resguardo, sin embargo, fue convirtiéndose poco a poco en encierro. La sobreprotección fue atrofiando los músculos del comunismo. El imbatible partido del hiperpresidencialismo es el partido parapléjico de la competencia”,
Es decir, uno de los mayores desafíos para el PCC será tener vida autónoma, y ya no intrauterina, como es el caso de su dependencia total y absoluta respecto al presidente de la República. Debe transitar de ser un partido de Estado hacia su ubicación dentro de un sistema plural, competido y equitativo. Para ello debe renunciar a las tácticas de manipulación. Pese a los avances registrados a nivel de país, en el ámbito local subsisten, todavía, sectores renuentes al cambio, que continuaran utilizando los instrumentos tradicionales para desviar la voluntad popular; y seguir controlando las autoridades y los procesos electorales
Por otra parte, las reformas de las dependencias centrales del estado o más bien, su desmantelamiento es una de las tareas más importantes que tiene por delante el partido y el régimen político en su conjunto. El sistema de control estatal sufrirá grandes embates y querrá continuar representando el principal baluarte reticente al cambio. Aunque habrán organizaciones de corte clientelar que insistirán en reproducir la lógica vertical y autoritaria de antaño. El mayor bastión con una clara tendencia en contra de la democratización se encuentra precisamente ahí, en las viejas dirigencias, los cuales reiteradamente se han manifestado en abierta oposición a un pluralismo que amenace sus privilegios. Así, una de las mayores murallas que resisten la apertura democrática es el sector estatal, en particular las organizaciones y los sindicatos oficialistas que funcionan como pilares del PCC. Estos mecanismos son contrarios a las normas más elementales de la democracia, ya que limitan la libertad de los individuos en función de una representación corporativa. Por extensión, la reforma política debe pasar por la restitución de las libertades políticas a los obreros, a los campesinos y, en general, a los sectores que integran esta malla de organizaciones no apegadas a lineamientos democráticos básicos.
La suerte del PCC no es un asunto menor. Todo lo contrario: su destino por el tamaño y por todo lo que significa resulta de vital importancia para la estabilidad política. “Con el PCC en su estado actual de creciente descomposición es, o debería ser, de interés nacional el que ese partido se reforme para modernizarse y ser competitivo, o se desmantele sin violencia. No es, por la naturaleza del problema, algo que se pueda dejar para que se resuelva por sí mismo”. El fin de la hegemonía comunista es bueno para el país; sin embargo, se tiene que evitar que esto se convierta en un verdadero colapso que pudiera llegar a ser perjudicial, incluso desastroso, para la incipiente democracia cubana. Hay que impedir que el viejo sistema político, al desmantelarse, cause daños. Ciertas partes o fragmentos, al desconectarse, pueden ser que arrastren en su caída a otros sectores y causen costos innecesarios para el nuevo régimen.
En los países más desarrollados, la administración pública no toma parte de la lucha política. Se estructura sobre la base de un servicio civil de carrera, neutral y apartidista, y se articula como ancla para el eficaz funcionamiento del Estado, garantizando, asimismo, la estabilidad política. Más allá de los diversos gobiernos, esta burocracia profesional seleccionada bajo estrictos requisitos y rigurosos exámenes funciona como un mecanismo de preservación y continuidad de las políticas públicas del Estado. Un aparato administrativo profesional y autónomo de los mandatarios en turno es indispensable. Sin él, tal y como ha ocurrido en otros países, cada nuevo gobierno o incluso cada nuevo titular de cartera representara un recambio de funcionarios: una administración de freno y arranque, una burocracia que en cada movimiento ministerial se renueve casi por completo, acarreara una pérdida de continuidad, experiencia y memoria institucional. No sólo eso. Al contar con una administración profesional, autónoma del gobierno que se encuentra en el poder y, por ende, neutral, se está garantizando la salud y el adecuado funcionamiento del sistema democrático. Dicha neutralidad supone una serie de ventajas que no cabe desdeñar: Sin embargo, además de la neutralidad política, la eficiencia de la administración resulta clave para la democracia.
Sin un aparato burocrático efectivo, el Estado no podrá —salvo circunstancias excepcionales— mantener niveles aceptables de legitimidad y, más importante aún, de gobernabilidad. No obstante, la mejora en el funcionamiento de los servicios estatales así como su calidad no es una tarea sencilla. Se debe emprender una estrategia que cuente con objetivos claros y precisos. El camino a seguir debe ser, más que el cambiar a las personas, reformar la estructura de incentivos (premios y castigos). La construcción de un sector público mucho más eficiente debe girar, pues, en torno a sistemas de gestión modernos, que incorporen los temas relevantes de la administración pública. En concreto, se deben establecer:
— Prioridades estratégicas claras. Los gobiernos deben decidir sobre prioridades estratégicas y utilizar asignaciones presupuestarias, incentivos y supervisión para lograrlas.
— Formas óptimas para proveer servicios públicos. Los gobiernos deben decidir si es mejor proveer los bienes y servicios públicos mediante la regulación, la producción privada regulada o la producción pública.
— Formas óptimas de organización de las entidades públicas. Se pueden aclarar los incentivos y la información puede fluir mejor mediante un nuevo ‘arreglo de cuadros’... El desempeño se puede mejorar creando competencia dentro del gobierno.
— Especificación de objetivos fundamentales. El desempeño se puede lograr si se fijan los objetivos y hay incentivos para lograrlos.
— Sistemas modernos de gestión. Una gestión efectiva requiere de un conjunto de elementos, incluyendo liderazgo, recursos, incentivos, libertad de gestión y valores congruentes.
— Gestión financiera efectiva. Los sistemas de gestión financiera deberán integrar planificación, diseño de presupuestos y funciones de auditoría.
— Sistemas de información de desempeño. Los sistemas que se basan en el desempeño requieren de información integradora a la gestión financiera.
— Capacidad institucional. Los sistemas basados en el desempeño requieren de un cambio en la forma de pensar, desde una cultura de cumplimiento a una cultura de desempeño.
— Sistemas de personal eficientes. Se requiere de una descentralización de la administración de personal si es que los gerentes han de asumir responsabilidad por los resultados de sus gestiones.
El eje central debe ser una gestión enfocada a los resultados. Para ello es indispensable adoptar mecanismos como el uso intensivo de la evaluación de las políticas públicas, la medición del desempeño de la administración en su conjunto, mayor descentralización, contratación externa de servicios vía licitación pública y concentrar la atención en la calidad. La otra cara de la moneda son las personas, el personal que integra la burocracia. Para incentivarlos hay que introducir, igualmente, indicadores de desempeño, medir su rendimiento para, a partir de ahí, instaurar un sistema de salarios, estímulos y ascensos por mérito o desempeño. De este modo, se podrá revitalizar la capacidad institucional del aparato administrativo.
De la misma forma, resulta imprescindible la introducción de controles efectivos. Deben establecerse dispositivos formales de vigilancia y control. Esto será posible a través de una vigorosa división de poderes: cuanto más amplia es la separación de poderes, mayor es, por definición, el número de instancias de control que pueden limitar las medidas arbitrarias por parte de órganos estatales. Sin embargo, hay que tener presente que la existencia de múltiples entidades de control tiene ciertos inconvenientes: implica mayor dificultad para modificar las normas perjudiciales, pero —por el contrario— igualmente ocurrirá con las que resulten beneficiadas.
Además de enfocar a la administración en torno al rendimiento y la introducción de controles, resulta vital oír a la ciudadanía y ampliar las instancias en que pueda participar. Estos dos puntos se pueden desarrollar, entre otros instrumentos, a partir de encuestas a los usuarios. Por un lado, darles voz y por el otro, introducir una mayor representación en el ámbito de la organización estatal de grupos ciudadanos interesados por mejorar los servicios y bienes públicos. Todo ello como un primer paso para que las políticas públicas reflejen los verdaderos intereses y necesidades sociales.
Los programas públicos serán mucho más eficientes si se incorporan, pues, las opiniones de los usuarios y se aprovecha el sentir y la experiencia de la sociedad. La ejecución de la acción y de las políticas resultará mucho más cercana, eficaz y realmente atenderá las necesidades ciudadanas.
En resumidas cuentas, esto puede lograrse a través de:
— Normas y controles. La existencia de mecanismos que obliguen al cumplimiento de las leyes —un estamento judicial independiente, por ejemplo, es fundamental para el desarrollo sostenible. Junto con la separación adecuada de poderes y los organismos de vigilancia, son un freno para los comportamientos arbitrarios.
— Más competencia. La presión en favor de la competencia puede venir del seno mismo de la burocracia estatal, mediante un sistema de reclutamiento de los funcionarios públicos con arreglo a sus méritos; del sector privado nacional, contratando la prestación de servicios y dejando que los proveedores privados compitan directamente con los organismos públicos; del ámbito internacional, por medio del comercio y la influencia de financiamientos externos.
— Cauces de opinión y participación. En una sociedad moderna, los medios para lograr transparencia y apertura son muchos y variados: consejos empresariales, grupos interactivos y asociaciones de consumidores, por nombrar sólo algunos. Los acuerdos institucionales de colaboración con grupos comunitarios, pueden contribuir también a aumentar la eficacia estatal ofreciendo a los ciudadanos una mayor posibilidad de opinar sobre las políticas gubernamentales.
Asimismo, los contactos entre los distintos niveles de gobierno y con organismos internacionales pueden ayudar al suministro de bienes públicos locales e internacionales.