La Gobernabilidad (Democrática) Futura (Segunda parte)

La insurrección electoral que ha empezado a darse en estos años es la muestra más palpable en el ámbito nacional cubano. El PCC, en tanto brazo electoral del régimen, pierde adeptos, los cuales van a parar a las filas de los inconformes y de la oposición. Es, en realidad, la emergencia de una sociedad lastimada por las crisis económicas, que muestran una mayor complejidad y se reconocen incómodos e incapaces de insertarse en el corsé comunista. Debido a su heterogeneidad, simplemente no caben dentro de una sola institución política (el PCC), por más flexible e incluyente que éste fuere.

En la nueva coyuntura, estos grupos y actores emergentes mucho más educados y exigentes se han dado cuenta que lo que hasta este momento era el sistema político cubano, ya no cuenta con la capacidad para dar cabal cumplimiento a sus demandas: resulta insuficiente y hasta anacrónico. A lo largo de la década de los noventa las dislocaciones de la sociedad respecto al régimen se fueron ampliando, entre otras razones por la insatisfacción con los resultados del proceso de ajuste económico y las políticas de austeridad. La crisis representó, entonces, el principio del fin de lo que hasta ese momento resultó una fórmula política de gran éxito.

La semilla de la democracia se ha sembrado ya. Los cambios que los dirigentes en el poder se han visto obligados a implementar (la apertura política y el proceso de reestructuración económica) son a los que a la postre abrirán la puerta a un sistema democrático. Una de las hipótesis de este trabajo se basa en que el proceso de apertura y democratización tiene que ver más con las recurrentes crisis económicas, que con un deseo real de la sociedad cubana por vivir bajo el paraguas de la democracia. Que no se nos mal entienda evidentemente el éxito del propio régimen en otras materia de desarrollo social propició una sociedad más educada, informada, urbana, con acceso a servicios públicos, en suma, más compleja la economía es el factor importante para que ésta sociedad exigiera una mayor apertura y la posibilidad de que nuevos grupos puedan encabezar gobiernos diferentes. Sin embargo, sostenemos que la razón principal de este fenómeno (la transición democrática) está más íntimamente relacionada con las insatisfacciones y carencias económicas.

Como se explicará a lo largo de este trabajo, el régimen Cubano no tuvo un gran éxito en cuanto a la economía: existe una amplia intervención estatal sobre el desarrollo de ésta, haciendo posible un crecimiento promedio anual del dos coma cinco al tres por ciento del PIB, lo cual implica una relativa (y creciente) insatisfacción de las condiciones de vida de la población, y la disponibilidad de recursos para retribuir las demandas y necesidades de los diversos grupos sociales. En el fondo se ha establecido, de forma tácita, un pacto que se podría expresar de la siguiente manera: la coalición en el poder establece las condiciones pertinentes y desea fomentar un amplio crecimiento económico, que permita que infinidades de sectores resulten beneficiados; a la par, la sociedad le otorgue un poder omnímodo y el monopolio incuestionable de la autoridad política.

La transición política en Cuba se ha caracterizara por desafiar los modelos que la literatura especializada ha construido a partir de otras experiencias de democratización. El punto de partida resulta realmente sui generis: el régimen comunista es todo un coctel autoritario, acompañado de un amplio apoyo social, una fuerte institucionalidad, y como un elemento prácticamente irrepetible, el reconocimiento, al menos formal, de los procesos y mecanismos propios de cualquier sistema democrático. El proceso de mutación política resultara igualmente peculiar: la apertura se caracterizara por una serie de avances y retrocesos, de estiras y aflojas; será un híbrido en el que se mezclaran etapas y síntesis, que llevaran a la confusión a muchos de los propios actores políticos y a varios de los más avezados observadores de dicha transformación. Transición atípica, ya que no se trata de superar la hegemonía de un partido de Estado de carácter totalitario, al modo soviético o de Europa oriental (pero sí de un partido de Estado sumamente peculiar) ni de esperar la desaparición (física) de un dictador o un tirano (como en España), mucho menos de regresar a los generales y al ejército a sus cuarteles (al modo sudamericano), o de luchar por el triunfo de un frente o de cierta posición en algún plebiscito o elección (Chile); no, de lo que se ha tratado aquí es de desembarazarse de un régimen autoritario extremadamente fuerte, que no ha contado con ninguna flexibilidad y ha sido sumamente férreo. Si por alguna característica se destaca el sistema encabezado por el PCC, es por su sagacidad en tratar de adaptarse a las condiciones cambiantes del medio en los últimos años. Ha sido, sin lugar a duda, un régimen camaleónico, que ha mudado de piel según se lo han ido exigiendo las circunstancias y la propia sociedad. Por ello, la transición se ha vuelto laberíntica, interminable. No ha sido producto de un evento (o de una serie de éstos) cuyo efecto haya sido instantáneo. No ha habido ningún acto que pueda catalogarse como un parteaguas dentro de la transición, algo revolucionario o un derrumbe del propio régimen. Nada más alejado de la realidad: Así, dicho proceso debera ser clasificado, si cabe el término, como una evolución, lenta y paulatina, hacia la democracia.

Los avances del autoritarismo hacia la democracia están precedidos, en todo momento, por un importante grado de control por parte del Estado. Los arreglos, las negociaciones y cualquier reforma dirigida hacia ese objetivo, son los resultados de la voluntad de la coalición en el poder. Esto no significa que no existan presiones por parte de los actores políticos de oposición o de la sociedad. No. Significa que el régimen tiene la capacidad y la fuerza para ir controlando y dosificando estos avances, a su propia conveniencia. La transición, pues, debe ser concebida como un proceso de mejora progresiva; una serie de reformas que de forma incremental, desigual, frágil y precaria irán acercándose a la meta: la democracia política.

El ocaso del siglo XX y el inicio del XXI están marcado, como se ha dicho, por el fin de las certidumbres que el régimen comunista aportaba. El tiempo en que las reglas de juego tenían una aceptación absoluta ha concluido. Los viejos procedimientos y las instituciones de antaño entraron, con las crisis económicas, en un tobogán que denotó la lenta pero imparable pérdida de valía. Estamos en una situación intermedia de ya no ser (el viejo régimen) y a la vez de aún no ser (un sistema democrático). Vivimos, pues, un momento histórico único e irrepetible. Un instante que significa la condensación del largo proceso de transición política, en el cual se abre una oportunidad sin igual. Las normas y métodos de funcionamiento del viejo autoritarismo están feneciendo y frente a nosotros tenemos y esta, es la coyuntura única a la que me refiero, como nunca antes había ocurrido, el porvenir abierto. La transición incluye no solamente un cambio de régimen político, sino todo un relevo en el paradigma de gobernabilidad de uno claramente autoritario hacia uno pretendidamente democrático. Los problemas mayores vienen y van a venir de esta paradoja irresoluta, ya que ambos paradigmas el viejo y el nuevo amparan lógicas completamente diferentes. El momento permitirán ante el fin de las certezas autoritarias la instauración de nuevas reglas del juego político, en las que se abracen de forma decidida los métodos propios de la democracia. El propósito central debe ser la instauración de las condiciones adecuadas para que la democracia florezca y sea sustentable. Durante décadas hemos vivido bajo un esquema que privilegiaba la gobernabilidad control sobre la democracia. Es indispensable que en los nuevos tiempos por venir no se caiga en el despropósito contrario, privilegiar la democracia a costa de la gobernabilidad. No han existidos soluciones fáciles. El camino se encuentra lleno de piedras: no puede existir la democracia sin un adecuado y generalmente elevado grado de gobierno. No podemos, pues, ganar la democracia a cambio de perder la gobernabilidad. Esa ruta, como demuestran infinidadades de experiencias fallidas, no lleva a ningún lado más que al derrumbe del propio sistema democrático.

Tal parece que el costo que hay que cubrir por no ser la cubana, una transición  que no sea pactada por los diversos actores sociales, sino que ira avanzando, dando tumbos diría a fuerza y razón de crisis puede llegar a ser muy alto. La culminación exitosa de la democratización va a depender de la capacidad de las élites es decir, de los diversos partidos políticos y los principales sectores sociales organizados y los equilibrios políticos y la correlación de fuerzas existentes. Como consecuencia, este proceso carece todavía de los arreglos de carácter institucional necesarios para garantizar el correcto desempeño de la democracia en el país. Cuba ha entrado en un profundo proceso de transformación que debe desembocar en una nueva forma de hacer las cosas. Ya no sirve como lo hizo el régimen durante muchos años simplemente lavarse la cara y desarrugarse la ropa. El futuro exige mucho más. En algunos casos la mayoría, habrá que dejar atrás (destruir) lo existente y refundarlo, reconstruir de nuevo las reglas y el entramado, para dar cauce a la convivencia política y social. La materia primigenia y central, va a ser la construcción de un nuevo régimen político, pero no la única: los retos económicos, sociales, educativos, de pobreza, etcétera, no son menos importantes. Sin embargo, en este estudio sostenemos la necesidad, primero, de instaurar un nuevo modelo de dominación, es decir, un nuevo sistema político democrático que, posteriormente, permita afrontar con renovados instrumentos y legitimidad los problemas de fondo. Las reglas que durante años rigieron la vida política nacional fueron diseñadas en un escenario diferente al de hoy en día. Con el fin del sistema de un partido hegemónico y la explosión del pluralismo político ha de comenzar a despertar y cobrar vigencia dispositivos constitucionales que en el pasado se encontraban dormidos o aletargados, ¡y nos hemos dado cuenta de que son inservibles!, resultan ineficaces y llegado el caso hasta peligrosos para la estabilidad y la gobernabilidad democrática. Las presiones aparecidas como resultado del fin de la unanimidad y el acuerdo absoluto, generaran inestabilidad, incertidumbre y encontronazos entre los distintos actores políticos. Contrariamente a lo que debiera ser su propósito último (promover el acuerdo y la negociación, establecer reglas claras y encauzar el conflicto político), las instituciones actuales invitaran al choque y a la confrontación; son fuente de parálisis gubernativa y enfrentamiento. Es claro, pues, que el diseño institucional plasmado en la Carta Magna, más que un afinado mecanismo de relojería política, resulta un dispositivo de gran peligro. Es evidente que "no basta con apretar un par de tuercas, lo que exige el momento es revisar integralmente el texto de la Constitución para abrir válvulas, desactivar bombas, llenar vacíos. Hay que reflexionar sobre las condiciones de sustentación del régimen democrático. Hoy que podemos confiar en la soberanía del voto, hay que pensar en los instrumentos que hagan sustentable el pluralismo, que debe ser capaz de enfrentar exitosamente los desafíos de la política y procesar eficientemente los conflictos que surgen de la sociedad. Sustentable también porque debe servir, es decir, generar resultados deseables: crecimiento y desarrollo económico, seguridad material, libertad, justicia".

Sin embargo, hay que tener presentes las dificultades que el cambio conlleva; a la vez, hay que estar conscientes no sólo de los costos del propio proceso de transformación, sino del precio a pagar por no llevarlo a cabo o por retrasarlo en demasía. No hacer los cambios que el entramado político reclama, va a implicar, con seguridad, mayores turbulencias e inestabilidad en un futuro no muy lejano. Así como el mercado no es un instrumento económico que se autorregule, un régimen político carece igualmente de semejante dispositivo de autocorrección. Un sistema político funcional y estable no surge de la nada, no brota por sí mismo. Todo lo contrario, hay que construirlo. La transición cubana a la democracia debe avanzar, en términos generales, con un grado considerable. No obstante, a últimas fechas este nudo ha venido desatándose, con lentitud en un principio y cada vez con mayor celeridad, según avanza el pluralismo. Así pues, el paradigma de gobernabilidad imperante sufre un gran desgaste y descrédito en el presente, al grado de la inoperancia: resulta ya disfuncional y anacrónico para los tiempos venideros. Lejos de estar segura en sus cimientos, la democracia cubana tendrá que hacer frente a desafíos sin precedente si quiere sobrevivir. No es lo mismo gobernar de forma democrática que tener una democracia: un sistema democrático mal estructurado puede llevar y con frecuencia así resulta al peor de los desgobiernos; las experiencias sobran. Lo cierto es que esto no es un ejercicio simplemente teórico. En Cuba es patente el aumento en el nivel de ingobernabilidad, o dicho de otra manera, el grado de ausencia estatal en la vida pública. En todo caso, "no es arriesgado conjeturar que la metáfora de la transición alentara la creencia de que la democracia era algo, es algo, que está en un lugar adonde hay que ir, adonde se va transitando. En vez de pensar la cuestión democrática como un proceso de construcción de una nueva manera de ejercer el poder, han sobrado las voces que tienden a pensar que la democracia es como el puerto de llegada de los más caros anhelos sociales y políticos. Simplificando las cosas, el razonamiento se desplegara del siguiente modo: si el tránsito supone un itinerario y si, además, sabemos adónde tenemos que ir, también tiene que haber un camino establecido, una ruta que nos lleve a buen destino..., y no siempre se ha dejado espacio suficiente para ver la transición como un resultado contingente del accionar de los actores involucrados en el escenario político cubano... No habría que perder de vista que otros países latinoamericanos de transición reciente, pasaron por alto la necesidad de conjugar las necesidades de la construcción democrática junto con los imperativos de construir un orden político gobernable, y ello fue la fuente de amargos desengaños posteriores e incluso de retrocesos democráticos, que después hemos tenido que lamentar. Lo que algunos países latinoamericanos descubrieron tarde y mal, fue que generalmente después de los problemas de la transición democrática vienen los problemas de gobernar democráticamente. Cuba todavía está a tiempo de pensarlo desde un principio. Por otro lado, nos oponemos a las posiciones cada vez más generalizadas que anuncian el fin de la era comunista. Nada más falso (y peligroso) en la Cuba de hoy.

Esta empezando, en todo caso, la primera etapa del proceso de cambio político (muy ardua, por cierto): la de la emancipación de la sociedad frente al yugo del régimen autoritario. En este sentido los mecanismos, instrumentos, formas de hacer las cosas y en general las reglas del juego del sistema comunista, responden a una realidad, son ya cosas del pasado. Sin embargo, la transición no ha empezado aún, ya que está pendiente la realización de la segunda etapa. Falta todavía lo que se ha llamado la instauración democrática. Es decir, que los actores políticos y sociales pacten reglas de convivencia y de juego acordes con la nueva realidad, de marcado pluralismo y democracia. "La transición termina -escriben O'Donnell y Schmitter, cuando la 'anormalidad' ya no constituye la característica central de la vida política, o sea, cuando los actores se han asentado y obedecen una serie de reglas más o menos explícitas, que definen los canales a los que pueden recurrir para acceder a los roles de gobierno, los medios que legítimamente pueden emplear en sus conflictos recíprocos, los procedimientos que deben aplicar en la toma de decisiones y los criterios que puedan usar para excluir a otros de la contienda. En otras palabras, la normalidad se convierte en una característica fundamental de la vida política cuando los activistas políticos lleguen a confiar en que cada cual jugará de acuerdo con las reglas fijadas; y el conjunto de estas reglas es lo que llamamos un 'régimen'". Así, la transición no puede darse por empezada hasta que el país cuente con normas que permitan encauzar el quehacer político, la participación social y se establezcan los mecanismos de representación, los espacios y las conductas para negociar. Los problemas derivados de la necesidad de instaurar un nuevo orden político, con nuevas reglas, debe ocupar un lugar central en el debate y en las discusiones políticas y académicas. Debe pensarse (y repensarse) las condiciones necesarias para lograr una adecuada gobernabilidad democrática, dentro de un escenario realista y, sobre todo, factible. Insisto: se trata de llevar a cabo reformas que podríamos llamar de segunda generación, en las cuales, más allá del expediente electoral, se revisara el andamiaje institucional como un todo. Donde el poder, siendo democrático, sea a la vez efectivo, duradero y estable. Un país que abandona la política del amo necesita acercarse a la política del pacto. Nosotros no podemos soltar una liana sin haber atrapado la otra". El antiguo sistema, no, puede, ser apartado (derribado) antes de que  podamos construir y de que funcione uno nuevo.

Es indispensable reconstituir todo el sistema de pesos y contrapesos, de frenos al poder por el propio poder, es decir, la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Más allá del pluralismo actual, el establecimiento y consolidación de la gobernabilidad democrática que se pretende instaurar requiere mayores espacios para entablar negociaciones y llegar a acuerdos; más puntos de encuentro entre los actores involucrados. Espacios que combatan la polarización de las relaciones interpartidistas, que fomenten los entendimientos básicos para construir los cimientos del nuevo régimen y, sobre todo, que impulsen conductas cooperativas y nuevos equilibrios políticos para alcanzar una rápida maduración de la democracia cubana. La ventaja inicial es que no se parte desde cero.  Dentro de este contexto, y partiendo de estos supuestos, es que se inserta nuestra propuesta; la cual significa un (posible) modelo para adecuar las reglas políticas y las relaciones entre los diversos actores (llámense poderes públicos, partidos políticos, sindicatos, etcétera) a las nuevas condiciones que vivirá el país.

La transición en la que estaremos inmersos significa una oportunidad de oro para acometer esta tarea. El abandono del viejo autoritarismo y la adopción de un sistema democrático debe convertirse en el inicio a partir de ahora necesariamente de tipo democrático. Esta oportunidad abre la puerta para que el régimen político que se adopte cuente con los instrumentos y los canales adecuados para la expresión (y resolución) de las demandas sociales y para que la autoridad, recobre la legitimidad que desde hace mucho tiempo no tiene. De cara al futuro esta discusión es fundamental, ya que a partir de su resultado se determinará si Cuba se convierte en una democracia de calidad y vigorosa, o bien en una democracia delegativa o de baja calidad, propensa a la quiebra o a la ingobernabilidad.

Ante el tamaño y la complejidad de los retos inmediatos, no cabe dar nada por predeterminado o fijo. En un momento como este, todo lo referente al sistema político debe estar sujeto a discusión. No tiene por qué existir un rumbo establecido o concreto. Cuba necesita muchas ideas innovadoras, que encaren las imágenes preconcebidas y la ortodoxia que serán aceptadas. En este sentido, quiero hacer una especie de declaración de principios: sin ambages, estoy por la instauración en Cuba de un sistema parlamentario y por una nueva Constitución. Creo después de un amplio análisis y apoyado en los razonamientos expuestos en el cuerpo de este trabajo en la superioridad del parlamentarismo frente a un sistema presidencial; empero, de forma realista, apuesto por refuncionalizar el sistema presidencial cubano. Por las circunstancias políticas y culturales del país, será viable la instauración del parlamentarismo. Por otro lado, soy un convencido de la conveniencia y oportunidad para la adopción de un nuevo marco constitucional; estoy de acuerdo con las razones dadas por los impulsores para un nuevo proyecto, sobre todo de elemento simbólico. Es decir, una nueva Constitución como la conclusión idónea de la transición a la democracia. Sin embargo creo, igualmente, que podría acarrear ciertos riesgos y además, es poco viable desde el punto de vista político. Por ello, en ambos casos opto por soluciones intermedias, que resulten viables en su adopción y funcionales dentro de un esquema democrático, plural y multipartidista. Es necesario, pues, culminar la larga historia del PCC y concretarse a través de una profunda y radical reforma del poder público, y por ende del Estado; inaugurando con ello un nuevo tiempo, una nueva era en la historia de Cuba. La coyuntura es única para el país. La contemporaneidad política significa vivir en democracia y en eso estamos. Esa es la Meta.