Por Mark Falcoff

(Washington, 27 de enero de 2004). El 19 de diciembre, fuerzas opositoras al Presidente Hugo Chávez entregaron miles de peticiones al Consejo Nacional Electoral (CNE) pidiendo un referéndum que determinaría si el líder venezolano seguirá en el poder hasta que su período actual finalice en el 2006. Teóricamente, el consejo debería haber emitido un juicio sobre la autenticidad de las firmas dentro de los treinta días. Sin embargo, cuando este artículo entra en imprenta el veredicto continúa sin aclararse. El retraso es quizás entendible: un profético paso en el futuro de Venezuela depende del resultado.
La petición en cuestión está inspirada en las previsiones de la constitución de Chávez de 1999, que permite que un referéndum determine a mitad de camino del período de cualquier presidente, si él o ella debe continuar o no el mandato. Pero antes de que se pueda realizar dicho referéndum hay que cumplir ciertos requerimientos. El más importante de todos es que los peticionantes junten firmas de al menos 20 por ciento del electorado; además, en el caso de que se realice el referéndum, estos contrincantes deben ganar no sólo una mayoría, sino exceder en números absolutos los votos que el presidente ganó en su elección original - en este caso, 3.9 millones.
Hasta el momento, la oposición, dividida en docenas de pequeños grupos e inicialmente sin un claro foco más allá de sacar a Chávez, ha manejado admirablemente la hazaña, juntando 3.4 millones de firmas, superando el número requerido por más de un millón. Para poder lograr ese resultado, fue necesario desplegar sus fuerzas en todo el país, incluyendo en algunas de las áreas más remotas; negociar más allá de varios obstáculos burocráticos que el gobierno intentó poner en su camino; convencer a mucha gente a que no sólo ponga su firma en la petición sino también su número de documento nacional de identidad; y superar el desagrado general que muchos venezolanos han desarrollado por la política y los políticos en los últimos años.
Más aún, el ejercicio reveló a una oposición más motivada tanto en sus números como en su intensidad, que los seguidores de Chávez, que están haciendo circular una petición propia - en su caso, para retirar a miembros "desleales" de la Asamblea Nacional quienes, elegidos en la misma boleta que Chávez, luego se han vuelto en su contra, como así también a otros funcionarios que no son del agrado del presidente. En su ejercicio sólo fueron capaces de juntar 2.6 millones de firmas - un número llamativamente bajo considerando el rol que el gobierno juega en las vidas del venezolano medio y los inmensos recursos económicos que Chávez tiene a su disposición para castigar a los desleales o premiar a los sumisos.
Si la petición de la oposición es validada por el consejo, se organizará un referéndum, probablemente en mayo. Dadas las circunstancias, no resulta sorprendente que Chávez no esté apurado por apresurar las cosas. Ya ha manifestado que un millón de las firmas recogidas son fraudulentas, un alegato fuertemente contestado por observadores de la Organización de Estados Americanos y del Centro Carter en Atlanta. Chávez también dejó entrever - en forma no tan tapada - amenazas al consejo mismo, sugiriendo en una entrevista en un diario que "si el referí pierde el respeto de los jugadores, el juego puede que no termine" (El Universal, 13 de enero).

Deterioro económico

Si Chávez parece tan poco entusiasta respecto de la posibilidad de un referéndum, tiene sus razones. Es cierto, ha recuperado cierta popularidad en los recientes meses, gracias en parte al desembolso generoso (algunos podrían decir desenfrenado) de dinero gubernamental en las áreas más pobres de Caracas y a una amplia reacción popular contra la huelga general organizada por la oposición el año pasado. De todas formas, Chávez tiene la oposición de seis de cada diez venezolanos. Esto no es sorprendente. A pesar de que los precios del petróleo se mantienen en su nivel más alto en más de una década, para la mayoría de los venezolanos la situación económica continúa deteriorándose. Desde que Chávez asumió, alrededor de 500.000 personas emigraron, muchos de los cuales eran profesionales experimentados. El año pasado el crecimiento real del PBI cayó un 20 por ciento, mientras que el índice de precios al consumidor subió casi un cuarto. La veloz desaparición de gran parte del sector privado de Venezuela, particularmente la construcción, ha producido serio desempleo. La caída en la manufactura ha hecho que el país sea más vulnerable que nunca a los caprichos del mercado internacional de petróleo, y hay dudas respecto de si la compañía petrolera estatal, PDVSA, estaría en condiciones de aumentar su producción significativamente en el caso de una brusca caída del precio.
La centralización del petróleo en Venezuela es tal que las operaciones de PDVSA ya no son meramente sujeto de discusiones técnicas sino también políticas. Desde que la empresa comenzó nuevamente a comienzos del año pasado tras la mutilante huelga, que le costó al país alrededor de 16 mil millones de dólares, el gobierno insiste que ahora está produciendo 3.1 millones de barriles por día (la oposición sostiene que son 2.6 millones). Estos últimos también destacan la pérdida de varios técnicos, mientras que el gobierno asegura que -paradójicamente - su partida en realidad hizo que la empresa fuera más productiva y mejorara sus costos (Los actuales titulares de PDVSA declaran que la compañía estaba hinchada por un cuerpo de administración demasiado grande). Según Oil and Gas Journal (22 de diciembre de 2003), la gerencia de base es menos sanguínea respecto de las operaciones de la compañía que la alta gerencia (políticamente designada). Donde sea que esté la verdad de esta cuestión, Chávez puso una doble carga sobre la compañía - sus facturas deben mantener no sólo un precio subsidiado para la gasolina local, sino también financiar varios proyectos sociales, incluyendo el apoyo a comunidades locales donde están las plantas de la compañía.
El ministro del Petróleo, Ali Rodríguez, sostiene que la compañía invirtió 3250 millones de dólares en nuevas instalaciones en 2003 y planea invertir otros 5 mil millones en el futuro cercano. Juntar ese dinero en el mercado internacional de capitales no será sencillo, debido a la creciente deuda interna del país y a una ley de hidrocarburos aprobada en 2001 que la comunidad internacional de energía encuentra poco atractiva. Rodríguez es citado en un periódico líder del negocio, diciendo que PDVSA llevaría adelante el plan de inversiones sin agregarlo a su actual deuda de 8 mil millones de dólares, pero en realidad la industria de Venezuela requiere un promedio de inversión de dos mil millones cada año, sólo para compensar la caída en la producción de los pozos existentes (Oil Daily, 12 de enero de 2004).
Los objetivos de Rodríguez parecen ser más remotos a la luz del hecho de que el gobierno ha anunciado planes de congelar el aumento de acuerdos de operación con terceras partes, bajo los cuales la empresa estatal le paga a empresas petroleras privadas para explotar campos marginales (Ese tipo de operaciones representan actualmente 500.000 barriles diarios de la producción venezolana.) El ministro del Petróleo planea convertir estos contratos en fusiones con una participación mayoritaria del estado, tal como lo requiere la ley de hidrocarburos. Hasta el momento sólo dos compañías han aceptado estos nuevos acuerdos, y el artículo el Oil and Gas Journal citado más arriba enfatiza el extremo cuidado  con el cual  ahora miran los inversores extranjeros al sector del petróleo y del gas en Venezuela.
Claro está, no todos los indicadores económicos de Venezuela son negativos. Chávez sostiene que la economía de Venezuela crecerá 10 por ciento este año, mientras algunos economistas estadounidenses ponen la cifra en 7 por ciento. Aún así, le quedaría un camino por recorrer para recuperar el terreno perdido desde 1998, cuado Chávez asumió como presidente. Los altos precios del petróleo han llevado las reservas del país a un nivel récord de 21.300 millones de dólares, y la búsqueda de mayores producciones en una época de bajas tasas de interés a nivel mundial han simplificado para Venezuela la venta de sus títulos de deuda en Wall Street y demás (Su nueva emisión de un bono a treinta años se ofreció hasta los 3 mil millones de dólares.) Por otro lado, ni Chávez ni su ministro de Economía han sido muy específicos con respecto a cuál será el destino de ese dinero.

La última postura de Chávez

Como están las cosas, parece poco probable que Chávez pueda ganar el referéndum. Si es realizado antes del 19 de agosto, la constitución exige una nueva elección dentro de los 30 días. Luego de esa fecha, sin embargo, su derrota sencillamente permitiría que su vicepresidente, José Vicente Rangel, concluyera lo restante de su trunco período. Esto constituiría en el mejor de los casos una pírrica victoria  para la oposición, dado que Rangel es un clon ideológico de Chávez, aunque notablemente más astuto y mañoso. Esto explica por qué el presidente y sus socios toman la postura de que si hay que tomar esa medida, no sucederá pronto. Sin lugar a dudas impulsarán cualquier táctica y recurso dilatorio contra la CNE.
Mientras tanto, Chávez fue involucrado en una guerra de nervios contra la CNE y la oposición. Además de reclamar fraude, también asegura (en cierta medida poco ingeniosamente) que dado que es virtualmente seguro que la oposición perderá el referéndum de todas formas, deberían olvidarlo y concentrarse en las elecciones de gobernadores e intendentes programadas para julio. En su programa de radio de los domingos por la mañana, sube la temperatura retórica mucho más arriba, insistiendo, por ejemplo, que sus opositores son "terroristas" y "golpistas"; si intentan repetir el fallido levantamiento militar del 11 de abril de 2002, los "llenará de plomo".
Últimamente el presidente también a comenzado a atacar a personalidades extranjeras que él sospecha que simpatizan con la oposición, o al menos no son los suficientemente respetuosos de su conducta y políticas. Están incluidos el embajador de Estados Unidos, Charles Shapiro, el secretario general de la OEA, Cesar Gaviria, el nuncio papal, y Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En semanas recientes sumó al presidente Bush, al primer ministro español José Aznar, y al presidente colombiano, Alvaro Uribe. En los días previos a la Cumbre de Monterrey de líderes hemisféricos, describió a la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice - que le había advertido a Chávez que respete su propia constitución en lo referente al referéndum - como una "analfabeta" (La invitó a aprovechar las brigadas cubanas de alfabetismo que actualmente soplan sobre el campo venezolano). También revolvió la olla diplomática sudamericana insistiendo en el derecho de Bolivia al territorio sobre el Pacífico perdido en una guerra con Chile en 1879. Tal como escribió un cubano exiliado que vive en Caracas, "vivir en Venezuela hoy es un viaje en el tiempo, una reproducción de 1961 sin la mística revolucionaria."  Podría haber agregado, sin tampoco una revolución.

Poniendo fin al jaque

Paradójicamente, uno de los principales beneficiarios del ejercicio de recolección de firmas de la oposición (conocido en Venezuela como el reafirmazo) ha sido el mismo Chávez en el sentido de que ha tenido el efecto de calmar - al menos temporalmente - el tenso entorno político venezolano. La oposición tuvo una tarea concreta frente a él y siguió adelante con sus asuntos con entusiasmo y brío. Claramente ha cumplido su parte de la negociación. Que Chávez se niegue a respetar su propia institucionalidad reavivaría un clima de confrontación e incluso de violencia, provocando que el país sea sacudido en un humor de pre-guerra civil del tipo que caracterizó las semanas anteriores al fallido golpe del 11 de abril de 2002. El presidente sería bien aconsejado si aceptara la derrota en las urnas si de hecho ese fuera a ser el resultado, dado que aún seguiría siendo por mucho el político más popular del país, y la responsabilidad por limpiar el desastre que él creó caería sobre sus desgraciados sucesores. Él bien podría regresar con gloria en la oportunidad más cercana - ¡y en elecciones limpias!
Desafortunadamente, muchas señales indican que este es un riesgo que el líder venezolano prefiere no enfrentar. Una es el hecho de que está ampliando el ejército en 65.000 nuevos reclutas, un número llamativo para un país que no enfrenta ninguna seria amenaza militar o geopolítica. Otra es su evidente deseo de politizar las fuerzas armadas y hacer de ellas el partido que nunca se molestó en crear. Otra señal más son los planes de agrandar la Corte Suprema de veinte a 32 miembros y aumentar el número de miembros específicamente a cargo de la decisión de cuestiones constitucionales de cinco a siete. Se habla mucho ahora de revivir un esbozo de "Ley de Contenidos" que esencialmente establecería la censura gubernamental sobre los medios, el único poder en el país que Chávez no ha podido subordinar a su voluntad.
Venezuela, hoy languidece en algo parecido a un clásico jaque, pero uno que bien puede romperse bajo circunstancias muy poco propicias. Ni el gobierno ni la oposición puede eliminar el uno al otro, y ninguno parece particularmente interesado en llegar a un acuerdo. Pero hay una diferencia entre los dos. Si la oposición pierde el referéndum, aceptará su derrota de fastidiosa buena gana. Sin embargo, Chávez ya ha dejado en claro que no tiene ninguna intención de dejar el poder, pase lo que pase. Ni tampoco parece interesado en política, con sus toma y daca. A menos que cambie de sintonía (y de conducta), las consecuencias son todas demasiado probables - y temibles. Las peticiones están en el Consejo Nacional Electoral; ahora la pelota está del lado de Chávez.

Mark Falcoff es investigador residente en el American Enterprise Institute.