Los números de la economía están ayudando a endulzar la luna de miel de buena parte de la opinión pública argentina con el presidente Néstor Kirchner. En su larga historia de avances y retrocesos, no ha sido frecuente que la actividad económica crezca un 7% como lo hará este año y este es un dato que el nuevo gobierno se encarga de capitalizar políticamente. En la sociedad crece la impresión de que lo peor quedó atrás y eso es cierto, aunque los persistentes problemas estructurales de pobreza, desempleo e inseguridad pública se encarguen diariamente de moderar el entusiasmo.

Por Néstor Scibona

Los números de la economía están ayudando a endulzar la luna de miel de buena parte de la opinión pública argentina con el presidente Néstor Kirchner. En su larga historia de avances y retrocesos, no ha sido frecuente que la actividad económica crezca un 7% como lo hará este año y este es un dato que el nuevo gobierno se encarga de capitalizar políticamente. En la sociedad crece la impresión de que lo peor quedó atrás y eso es cierto, aunque los persistentes problemas estructurales de pobreza, desempleo e inseguridad pública se encarguen diariamente de moderar el entusiasmo.

 

Sin embargo, conviene poner los números en perspectiva. Aún con este avance y con el crecimiento del 4.5% que se estima para el 2004, el Producto Bruto Interno (PBI) se ubicaría el año próximo por debajo de los niveles de fines de 2001, cuando se precipitó la crisis luego de tres años de persistente recesión y endeudamiento. En otras palabras, el camino de la recuperación todavía se presenta largo y sinuoso. Tampoco alcanza por igual a todos los sectores. Hay actividades industriales -principalmente sustitutivas de importaciones- que están trabajando casi al máximo de su capacidad instalada. En cambio aquellas ligadas al consumo de bienes durables -como automotores o electrodomésticos-,  si bien duplican los bajísimos niveles del año pasado, apenas se ubican en la mitad de las épocas relativamente normales. Los altos precios de la soja y el petróleo, los dos principales productos exportables de la Argentina, ayudan a aportar divisas e ingresos tributarios. En menor escala, otro tanto ocurre con el turismo tras la maxidevaluación del año pasado. El superávit comercial volverá a ubicarse este año en torno de los U$S 16 mil millones y la sobreoferta de divisas no sólo le resta presión al mercado cambiario, sino que está impulsando a algunos argentinos a sacar dólares del colchón o de las cajas de seguridad para volcarlos al consumo o a inversiones inmobiliarias. Poco a poco, están bajando los alarmantes índices de desempleo, distorsionados por la abundancia de planes sociales que alcanzan a más de 2 millones de beneficiarios y que parecen haber alcanzado un tope.

 

Para hacer sostenible el crecimiento y la generación de empleo genuino, no obstante, la economía necesita inversiones y crédito, dos variables relacionadas con la confianza. Y es aquí donde surgen los mayores interrogantes. El gobierno de Kirchner no ha explicitado una estrategia de mediano y largo plazo y ello le resta horizonte a la economía. Lo mismo que su discurso político, que tiende a desacreditar todo -lo malo y lo bueno- de la década del ’90 y a reivindicar prácticas de los ’70, con mayor participación del Estado en la economía, que también mostraron su fracaso.

 

Los grandes problemas pendientes como la reestructuración de la deuda; la renegociación de los contratos con las empresas privatizadas; las tarifas de los servicios públicos; las nuevas reglas para el sistema financiero, permanecen en un cono de sombras, excepto el particular acuerdo con el FMI que le brindó al gobierno una virtual tregua de un año para comenzar a resolverlos y enfrentarse con los acreedores internos y externos. La negociación en este terreno prácticamente no ha comenzado y puede tener múltiples variantes.

 

Durante sus primeros cinco meses de gestión, Kirchner se ha dedicado a identificar enemigos económicos (sucesivamente fueron ocupando ese lugar los bancos, las empresas privatizadas de servicios públicos y las AFJP) pero sin plantear nuevas reglas de juego para su funcionamiento. Esto le quita credibilidad a su objetivo de constituir un capitalismo serio y competitivo, además de ahuyentar potenciales inversiones en estas áreas. La indefinición acerca de las tarifas de servicios públicos, que permanecen congeladas desde hace 22 meses pese a la devaluación, ha significado una fuerte transferencia de ingresos, pero también impide a las empresas industriales proyectar sus costos a mediano y largo plazo. Sin embargo, esta táctica que desconcierta a muchos empresarios y resulta difícil de comprender en el exterior, le ha servido para seguir ganando popularidad y poder político en el frente interno, desde un punto de partida muy bajo.

 

La gran duda es cómo va a utilizarlo. El gobierno está convencido de que la propia reactivación irá generando inversiones, en la medida en que vayan produciéndose cuellos de botella de producción en diversos sectores. El establishment, en cambio, opina que sin señales de mejoras en el clima de negocios, las inversiones seguirán brillando por su ausencia y que otro tanto ocurrirá con el crédito. Como muestra indican que, si bien los depósitos han vuelto a los bancos mucho más rápido de lo que se esperaba, tras las traumáticas experiencias del corralito y el corralón financiero, la demanda de crédito sigue mostrando un raquítico comportamiento. Al igual que durante la gestión de Duhalde, el gobierno se ha ocupado de los deudores del sistema, pero se ha desentendido de los derechos de los acreedores, internos y externos. Para colmo, los abruptos cambios en la Corte Suprema de Justicia siguen manteniendo en el terreno de la indefinición un punto final para los ahorristas que prefirieron seguir demandas judiciales por la pesificación compulsiva de depósitos y esto impide determinar si los bancos recibirán o no compensaciones por el cambio de las reglas de juego.

 

Con este cuadro, lo que para el gobierno son éxitos políticos, para muchas empresas, especialmente aquellas que se vieron perjudicadas por los cambios de reglas de principios de 2002, son factores de incertidumbre. Esto crea una visión distorsionada de la realidad y sus perspectivas, con aciertos que parecen errores y viceversa. Kirchner, por ejemplo, ha demostrado hasta ahora una disciplina fiscal mucho más arraigada que la de sus antecesores. Nunca la Argentina había conseguido un superávit primario -antes del pago de intereses de la deuda pública- equivalente a un 3% del PBI como el que está presupuestado para 2004. Pero este logro se neutraliza con la baja exigencia sobre la calidad del gasto y el enorme peso que significa haber heredado una enorme deuda pública cuyos vencimientos superan largamente aquella capacidad de pago. También se neutraliza con la existencia de una estructura tributaria donde una cuarta parte de los ingresos está constituida por impuestos distorsivos a las transacciones financieras y a las exportaciones, que difícilmente pueda mantenerse en el mediano y largo plazo.

 

A partir de esa base, se entremezclan confusiones prácticas e ideológicas. Voceros oficiales suelen criticar los ’90 como años de ajuste fiscal, cuando en realidad el gasto creció irresponsablemente en la segunda mitad de la década y ello provocó un desborde de endeudamiento. En cambio, nada dicen del sobreajuste que produjo la caótica salida de la convertibilidad, que aceleró el tránsito a la pobreza de millones de argentinos. Prefieren hacer hincapié, en cambio, en los efectos que tuvo el ostensible retraso cambiario sobre el aparato productivo, pero soslayan que –si se excluyen los productos primarios, especialmente el complejo sojero y el petróleo- las exportaciones industriales se han mantenido estancadas a pesar de la fuerte devaluación del peso.

 

El gobierno sabe que una economía en recuperación es funcional a sus necesidades políticas, ya que reduce el margen de conflictividad social. Por eso ha apostado todas sus fichas a la reactivación de corto plazo y ha preferido privilegiar los golpes de efecto antes que diseñar políticas. Es cierto que existe un conjunto de definiciones macroeconómicas básicas: flotación cambiaria con intervención activa del Banco Central, prudencia monetaria y fiscal, estímulo a la demanda interna, prioridad para el Mercosur, protección al trabajo y la producción nacional. Sin embargo, resultaría difícil enumerar estrategias de mediano y largo plazo para aumentar exportaciones; alentar cadenas de producción; reactivar el crédito interno o estimular a nuevos empleadores. Otro tanto ocurre con áreas críticas como la educación o la seguridad, que también influyen en el clima de negocios y restan potencial de crecimiento a la economía.

 

Aún con todas las prevenciones que despierta el componente ideológico de su discurso –así como algunos de sus apoyos políticos-  habrá que convenir que el gobierno que encabeza Kirchner poco tiene que ver con el peronismo de los ’70, caracterizado por precios máximos, emisión monetaria descontrolada, cogobierno sindical, aumentos masivos de salarios, estatizaciones y economía totalmente cerrada. Pero si el discurso oficial no se va acercando paulatinamente hacia el pragmatismo, ni privilegia el fortalecimiento de las instituciones y el respeto de los derechos de propiedad, de los contratos y de igualdad ante la ley, la confianza que generó la debacle de fines de 2001 y comienzos de 2002 tardará en recuperarse. En ese caso, habrá que conformarse con calcular cuánto tiempo se tarda en volver a la superficie, antes que soñar con un país que aprovecha todo su potencial, así como las mejoras de infraestructura de los últimos años, para sostener un ciclo de persistente crecimiento.

 

*Nestor Scibona es columnista del Diario La Nación de Buenos Aires, Argentina y se desempeña como consultor en temas de comunicación periodística e institucional.