De las 23 elecciones de gobernador previstas, ya se han efectuado 20. Quedan pendientes sólo Chubut, Salta y Entre Ríos, además de otros comicios legislativos y municipales. En 18 de las mismas (el 90% de los distritos, donde vive casi el 98% de la población que ya votó) las elecciones las ganó el oficialismo provincial. Todo esto habla de un escenario de inédita continuidad de los oficialismos, que sorprende a quienes recuerdan las fuertes demandas de renovación –llamadas "que se vayan todos"- de fines de 2001.

Por Julio Burdman

Iniciando el mes de noviembre, el extenso y escalonado año electoral 2003 diseñado durante la administración Duhalde –el que, junto con el estallido de las cuasimonedas provinciales y el perfil regionalista del voto en las elecciones del 27 de abril, surge como otro de los indicadores de la fragmentación provincial que experimenta la Argentina en crisis- comienza a cerrarse.

De las 23 elecciones de gobernador previstas –la de Corrientes, cuyo calendario electoral está desfasado por la intervención federal, se realizará en 2005-, ya se han efectuado 20. Quedan pendientes sólo Chubut, Salta y Entre Ríos, además de otros comicios legislativos y municipales. En 18 de las mismas (el 90% de los distritos, donde vive casi el 98% de la población que ya votó) las elecciones las ganó el oficialismo provincial: las únicas dos excepciones fueron Tierra del Fuego y San Juan. En ocho de estas provincias, incluidas las más populosas (Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Misiones, La Rioja, Neuquén, Formosa y Jujuy), los gobernadores fueron reelegidos. Asimismo, las inequívocas manos derechas del caudillo que ascienden en provincias como San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz, Chaco, Río Negro, etc., no hacen más que ratificar esta conclusión preliminar. En las tres provincias pendientes, habrá seguramente más reelecciones, aunque Entre Ríos se postula convencidamente para el minoritario club del cambio de mando partidario.

Todo ello habla de un escenario de inédita continuidad de los oficialismos, que sorprende a quienes recuerdan las fuertes demandas de renovación –llamadas que se vayan todos- de fines de 2001.

Esto no quiere decir que no se produjeron significativos cambios en la escena política argentina, aún cuando quienes conducen la nave sean más o menos los mismos que en los últimos diez años. La Argentina ha experimentado un innegable giro político-económico en la orientación del gobierno nacional. Para que ello suceda, quienes gobiernan en el Poder Ejecutivo Nacional, las provincias, el Congreso, los municipios y las legislaturas, han mostrado una notable capacidad de mutación.

Aunque en muchas áreas el giro haya sido moderado, más allá de lo discursivo, y sin que esto signifique abrir juicios de valor sobre el programa de reformas y apertura de los noventa, lo cierto es que la nueva coalición que gobierna ya introdujo nuevos enfoques en lo que respecta al rol del Estado en la economía doméstica, en la relación con las empresas y los mercados financieros, y en la actitud frente a la globalización. Argentina va hacia una economía más protegida y más keynesiana, lo que está sustentado no sólo en la visión ideológica de los referentes políticos del nuevo gobierno –Duhalde y Kirchner- sino también en el signo de los intereses de la nueva coalición político-social dominante.

Esta ha sido, por lo tanto, la trama del cambio económico: el gran barco de los políticos y los dirigentes sigue siendo más o menos el mismo, pero el timón ha pasado –tras una larga y costosa batalla interna entre Buenos Aires y el interior peronistas- del populismo neoconservador de Menem al populismo neokeynesiano de Duhalde y Kirchner. Los peronistas de segunda línea, ultrapragmáticos y también populistas al fin, aceptaron sin mayor dramatismo el cambio de cúpulas.

Así, siendo la batalla por el peronismo la verdadera competencia electoral en un país de partido predominante –que todavía no cuaja dentro de la clasificación sartoriana de la hegemonía, pero tampoco mantiene la distancia prudencial con el concepto-, el dato más relevante de las elecciones ha sido el retroceso aún mayor de referentes del populismo neoconservador de los noventa. Salvo Sobisch (Neuquén), ninguno de los nuevos gobernadores se ha declarado opositor al gobierno nacional. Cabe destacar que los casos de Cobos (Mendoza) y Colazo (Tierra del Fuego) también sentaron bases de independencia política. En el Congreso, el PJ –subdividido en varios bloques, con Duhalde y Kirchner como los jefes de las minorías más numerosas y disciplinadas- ya se aseguró la mayoría absoluta en ambas cámaras.

Todo pareciera indicar, en una primera mirada, que la consolidación del gobierno de Kirchner no podía ser más propicia. El peronismo es el partido predominante, que gobernará en 15 de las 24 provincias, y tendrá la mayoría de las Cámaras, a partir del 10 de diciembre. Y aunque el peronismo carezca de liderazgo y sea, más bien, una confederación de partidos provinciales, hoy son Duhalde y Kirchner los referentes principales del movimiento a nivel nacional, y hasta ahora han demostrado estar en condiciones de imponerle una orientación. Ambos líderes compiten por espacios de poder y tienen intereses en pugna, pero convergen plenamente en la visión que tienen sobre la economía, como se ha demostrado en los primeros lineamientos económicos del gobierno. La opinión pública acompaña esta visión, y eso ha permitido desplazar al populismo neoconservador en primer lugar. La escasez de organización de la masa crítica opositora y la confusión en que sigue sumergido el radicalismo, logró que sólo uno de los 24 gobernadores se declare opositor, mientras que los otros 23 se debaten entre diferentes tonalidades de adhesión y hasta de obsecuencia.

Pero más allá de esta primera mirada, la pregunta hacia adelante es cuán sólida es esta consolidación. Constituye, en principio, una extraña combinación de fortalezas y debilidades. El Presidente recibe mucho apoyo, casi inédito. Pero este apoyo se lo da una opinión pública volátil –me remito a la experiencia histórica- que aún se siente orgullosa de haber derrocado a un Presidente dos años atrás, un partido predominante que en realidad es una confederación fragmentada de intereses provinciales, una oposición sumergida en la confusión, y una alianza con el duhaldismo bonaerense que, pese a la convergencia ideológica, está plagada de áreas de tensión por el poder, potenciales o ya explicitadas.

El presidente Kirchner, así, ha avanzado en este año electoral en la consolidación de posiciones. Este esfuerzo ha consumido sus principales movimientos: a diferencia de presidentes originariamente fuertes como Menem o Lula, el pragmático Kirchner ve desde un principio limitado su margen de maniobra por la necesidad de afianzarse en el poder. La gran triunfadora ha sido la coalición político-social que desde hace años proponía desandar las reformas de los noventa. Pero esos avances no deben hacer perder de vista que podrían ser no mucho más que una caja de resonancia en un país que, como la mayoría de los estados sudamericanos, ha demostrado que el camino de la crisis política y la inestabilidad es demasiado corto. Pero esta fragilidad subyacente no debemos atribuírsela a Kirchner sino a la crisis política e institucional subyacente que, aún, no se supera.