13.10.03BOLIVIA: UNA SOCIEDAD DESBORDADA
En estos tiempos de intensos cambios en la sociedad boliviana, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Movimiento Nacional Revolucionario) traviesa unos de los momentos más duros de su gestión.En medio de la crisis política, económica y social, Bolivia necesita redescubrir sus raíces y promover cambios radicales para sostener su sistema de democracia participativa.
Por Magdalena Irigaray
En estos tiempos de intensos cambios en la sociedad boliviana, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Movimiento Nacional Revolucionario) traviesa unos de los momentos más duros de su gestión.
En medio de la crisis política, económica y social, Bolivia necesita redescubrir sus raíces y promover cambios radicales para sostener su sistema de democracia participativa.
Los números dan una idea precisa de la situación social en este país de 8.3 millones de habitantes, donde el 80% de la población es de origen indígena y el resto lo integran los blancos y mestizos que controlan el poder político y económico desde su independencia, en 1825. Bolivia es uno de los países más pobres de América del Sur: 6 de cada 10 bolivianos viven en la indigencia con un ingreso menor a los 2 dólares por día[1]. Cerca del 66% de los bolivianos viven en una economía de subsistencia con la venta de mercancía en las calles. Y la economía boliviana ha crecido sólo un 0.5% en el ultimo año con poca expectativa de mejorar en el 2004.
El actual mal rato presidencial comenzó el 15 de septiembre, cuando miles de campesinos bloquearon las rutas del norte de La Paz, en camino hacia el lago Titicaca. La demanda inicial era una mejora en los niveles de asistencia social del gobierno y en subsidios para mecanizar las actividades agrícolas. Pero cuando el gobierno anunció su decisión de vender gas a EUA y México a través de Chile, la protesta creció como espuma. Por un lado, hay un gran resentimiento contra Chile desde que, en 1879, Bolivia perdió su salida al mar tras la Guerra del Salitre. Además, los bolivianos desconfían del capital extranjero, al que han percibido históricamente como expoliador.
Posteriormente los cortes de rutas se intensificaron y el 21 de septiembre murieron siete personas en choques entre policías y campesinos. Las cosas se complicaron aún más cuando la Central Obrera Boliviana (COB) lanzó un paro general indeterminado y se sumó a las protestas campesinas. Esa doble presión colocó al presidente al borde del abismo y sin mucho margen de maniobra, con una población angustiada por un desempleo que ronda el 20%.
El gobierno de Sánchez de Lozada tiene, entre otros, los siguientes problemas: una fuerte oposición al neoliberalismo económico, una sociedad jaqueada por la pobreza, el desempleo y el analfabetismo, la producción de coca y su erradicación, y la venta de gas a EUA y México vía Chile.
Bolivia se transformó en una economía de mercado ante la presión del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos (quien había suspendido su ayuda financiera en los ochenta). Jeffrey Sachs, renombrado economista de la Universidad de Harvard, y Sánchez de Lozada, entre otros, fueron los principales contribuyentes de lo que se convertiría en el Decreto Supremo 21060. Este decreto efectivizó el cambio del sistema económico y enfatizó la liberalización de la economía y las privatizaciones.
La aplicación del programa de ajuste estructural buscó básicamente dos objetivos: la estabilización macroeconómica y la reforma estructural. Además, trató de articular un nuevo modelo de desarrollo teniendo como sustento tres pilares: 1) la liberalización de los mercados con el objetivo de que el mercado asigne los recursos de manera eficiente; 2) la apertura comercial, a través de la reducción de los instrumentos arancelarios y la eliminación de los no arancelarios e incorporación de estímulos fiscales y de otra naturaleza a favor de las exportaciones; y 3) la reforma estatal, que limitó la intervención del Estado a la provisión de servicios sociales y el desarrollo de obras de infraestructura social y productiva[2].
La reacción económica inmediata fue el poder controlar la hiperinflación y bajar el gasto público. Pero las principales ventajas fueron el poder renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y recibir el visto bueno de Estados Unidos.
La crisis que atraviesa Bolivia es el resultado de las políticas económicas y sociales instituidas a rajatabla por el gobierno. En estos últimos años, el descontento de la sociedad boliviana ha alcanzado su límite. Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS) y líder del movimiento cocalero y Felipe Quispe, líder del grupo indígena Aymará, son los opositores al gobierno con mayor presencia en los medios. Morales y Quispe están acompañados en la oposición por el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, quien amenazó con endurecer la lucha: "En el futuro, las marchas serán más radicales y en caso de que declaren el Estado de sitio, comenzará la guerra civil en todo Bolivia.”
En general, la oposición tiende a denunciar las políticas económicas neoliberales, y añoran retornar a la economía estatista y centralizada de principios de los ochenta. En lo social, piden el incremento de la representación de los grupos indígenas y obreros en el gobierno, y se oponen radicalmente tanto a la erradicación de los campos de coca como a la venta de gas a Estados Unidos y México vía Chile.
Las protestas, manifestaciones, cierres de rutas, y violencia siguen sucediendo principalmente en su capital, La Paz y en Cochabamba. El presidente se niega a renunciar y ha restado importancia a los acontecimientos de las últimas semanas. Ha llegado a negar que la venta del gas sea un trato ya hecho. Aclaró en una entrevista al diario argentino Clarín que no "hay tal proyecto de venta de gas". Luego agregó que "no hemos terminado todavía la exploración ni la explotación. Necesitamos un comprador y un vendedor. No puede haber matrimonio si no se ha elegido la novia. Y no hay novia."
Sánchez de Lozada enfrenta un reto importante que es el de terminar su gestión en un ámbito democrático (hasta el 2007). Una solución viable y a corto plazo parece imposible de alcanzar. Hubo un intento en las semanas pasadas de reestablecer un diálogo entre los partidos, auspiciado por la Iglesia Católica, denominado Reencuentro Nacional. Este encuentro estaba destinado a reunir a las diferentes facciones de la sociedad para establecer un diálogo constructivo y tratar de diseñar una salida a la crisis. Al fracasar este encuentro, mayormente por la falta de diálogo, propuestas de solución y el empecinamiento en la búsqueda de culpables entre los presentes, Bolivia sigue en el caos.
El desborde social alcanzado en Bolivia no es nuevo para Latinoamérica. Parece ser una constante de la cual pocos países pueden librarse. Las culpas abundan: las externas, donde el Fondo Monetario Internacional y los EUA se llevan los primeros lugares; y las internas, en las que Bolivia es un país sin verdadera representación (tradicionalmente regida por la clase privilegiada) y en donde las reformas económicas no han sido complementadas con reformas políticas, sociales y coyunturales.
Y no es cuestión de culpa. Hay una tendencia en las sociedades latinoamericanas a culpar al otro, al nunca hacerse cargo o el hacer oídos sordos a los reclamos de la propia población. Una democracia estable y una economía de crecimiento continúo y a largo plazo tiene que barrer primero con la inseguridad jurídica, la corrupción política y la inhabilidad de crear planes de desarrollo que incluyan a todos los sectores de la sociedad.
Para que Bolivia se estabilice, se va a necesitar un fuerte compromiso de cambio tanto del gobierno como de los grupos opositores. No basta con demandarlo, hay que trabajarlo como un plan a futuro, en las cuales todos estén incluidos y cada uno tenga su espacio, haciendo verdadero honor al sistema de democracia participativa.
*Magdalena Irigaray
Bachelor of Arts in Communication, Cardinal Stritch University, Wisconsin, USA.
Bachelor of Arts in International Studies, University of Wisconsin-Milwaukee, USA.
[1] Claudio Mario Aliscioni. Clarín -01/10/03- La Paz Enviado Especial.
[2] Efraín Huanca Quisbert. Cuando los paradigmas entran en crisis. CEDLA.
En estos tiempos de intensos cambios en la sociedad boliviana, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Movimiento Nacional Revolucionario) traviesa unos de los momentos más duros de su gestión.
En medio de la crisis política, económica y social, Bolivia necesita redescubrir sus raíces y promover cambios radicales para sostener su sistema de democracia participativa.
Los números dan una idea precisa de la situación social en este país de 8.3 millones de habitantes, donde el 80% de la población es de origen indígena y el resto lo integran los blancos y mestizos que controlan el poder político y económico desde su independencia, en 1825. Bolivia es uno de los países más pobres de América del Sur: 6 de cada 10 bolivianos viven en la indigencia con un ingreso menor a los 2 dólares por día[1]. Cerca del 66% de los bolivianos viven en una economía de subsistencia con la venta de mercancía en las calles. Y la economía boliviana ha crecido sólo un 0.5% en el ultimo año con poca expectativa de mejorar en el 2004.
El actual mal rato presidencial comenzó el 15 de septiembre, cuando miles de campesinos bloquearon las rutas del norte de La Paz, en camino hacia el lago Titicaca. La demanda inicial era una mejora en los niveles de asistencia social del gobierno y en subsidios para mecanizar las actividades agrícolas. Pero cuando el gobierno anunció su decisión de vender gas a EUA y México a través de Chile, la protesta creció como espuma. Por un lado, hay un gran resentimiento contra Chile desde que, en 1879, Bolivia perdió su salida al mar tras la Guerra del Salitre. Además, los bolivianos desconfían del capital extranjero, al que han percibido históricamente como expoliador.
Posteriormente los cortes de rutas se intensificaron y el 21 de septiembre murieron siete personas en choques entre policías y campesinos. Las cosas se complicaron aún más cuando la Central Obrera Boliviana (COB) lanzó un paro general indeterminado y se sumó a las protestas campesinas. Esa doble presión colocó al presidente al borde del abismo y sin mucho margen de maniobra, con una población angustiada por un desempleo que ronda el 20%.
El gobierno de Sánchez de Lozada tiene, entre otros, los siguientes problemas: una fuerte oposición al neoliberalismo económico, una sociedad jaqueada por la pobreza, el desempleo y el analfabetismo, la producción de coca y su erradicación, y la venta de gas a EUA y México vía Chile.
Bolivia se transformó en una economía de mercado ante la presión del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos (quien había suspendido su ayuda financiera en los ochenta). Jeffrey Sachs, renombrado economista de la Universidad de Harvard, y Sánchez de Lozada, entre otros, fueron los principales contribuyentes de lo que se convertiría en el Decreto Supremo 21060. Este decreto efectivizó el cambio del sistema económico y enfatizó la liberalización de la economía y las privatizaciones.
La aplicación del programa de ajuste estructural buscó básicamente dos objetivos: la estabilización macroeconómica y la reforma estructural. Además, trató de articular un nuevo modelo de desarrollo teniendo como sustento tres pilares: 1) la liberalización de los mercados con el objetivo de que el mercado asigne los recursos de manera eficiente; 2) la apertura comercial, a través de la reducción de los instrumentos arancelarios y la eliminación de los no arancelarios e incorporación de estímulos fiscales y de otra naturaleza a favor de las exportaciones; y 3) la reforma estatal, que limitó la intervención del Estado a la provisión de servicios sociales y el desarrollo de obras de infraestructura social y productiva[2].
La reacción económica inmediata fue el poder controlar la hiperinflación y bajar el gasto público. Pero las principales ventajas fueron el poder renegociar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y recibir el visto bueno de Estados Unidos.
La crisis que atraviesa Bolivia es el resultado de las políticas económicas y sociales instituidas a rajatabla por el gobierno. En estos últimos años, el descontento de la sociedad boliviana ha alcanzado su límite. Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS) y líder del movimiento cocalero y Felipe Quispe, líder del grupo indígena Aymará, son los opositores al gobierno con mayor presencia en los medios. Morales y Quispe están acompañados en la oposición por el dirigente de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, quien amenazó con endurecer la lucha: "En el futuro, las marchas serán más radicales y en caso de que declaren el Estado de sitio, comenzará la guerra civil en todo Bolivia.”
En general, la oposición tiende a denunciar las políticas económicas neoliberales, y añoran retornar a la economía estatista y centralizada de principios de los ochenta. En lo social, piden el incremento de la representación de los grupos indígenas y obreros en el gobierno, y se oponen radicalmente tanto a la erradicación de los campos de coca como a la venta de gas a Estados Unidos y México vía Chile.
Las protestas, manifestaciones, cierres de rutas, y violencia siguen sucediendo principalmente en su capital, La Paz y en Cochabamba. El presidente se niega a renunciar y ha restado importancia a los acontecimientos de las últimas semanas. Ha llegado a negar que la venta del gas sea un trato ya hecho. Aclaró en una entrevista al diario argentino Clarín que no "hay tal proyecto de venta de gas". Luego agregó que "no hemos terminado todavía la exploración ni la explotación. Necesitamos un comprador y un vendedor. No puede haber matrimonio si no se ha elegido la novia. Y no hay novia."
Sánchez de Lozada enfrenta un reto importante que es el de terminar su gestión en un ámbito democrático (hasta el 2007). Una solución viable y a corto plazo parece imposible de alcanzar. Hubo un intento en las semanas pasadas de reestablecer un diálogo entre los partidos, auspiciado por la Iglesia Católica, denominado Reencuentro Nacional. Este encuentro estaba destinado a reunir a las diferentes facciones de la sociedad para establecer un diálogo constructivo y tratar de diseñar una salida a la crisis. Al fracasar este encuentro, mayormente por la falta de diálogo, propuestas de solución y el empecinamiento en la búsqueda de culpables entre los presentes, Bolivia sigue en el caos.
El desborde social alcanzado en Bolivia no es nuevo para Latinoamérica. Parece ser una constante de la cual pocos países pueden librarse. Las culpas abundan: las externas, donde el Fondo Monetario Internacional y los EUA se llevan los primeros lugares; y las internas, en las que Bolivia es un país sin verdadera representación (tradicionalmente regida por la clase privilegiada) y en donde las reformas económicas no han sido complementadas con reformas políticas, sociales y coyunturales.
Y no es cuestión de culpa. Hay una tendencia en las sociedades latinoamericanas a culpar al otro, al nunca hacerse cargo o el hacer oídos sordos a los reclamos de la propia población. Una democracia estable y una economía de crecimiento continúo y a largo plazo tiene que barrer primero con la inseguridad jurídica, la corrupción política y la inhabilidad de crear planes de desarrollo que incluyan a todos los sectores de la sociedad.
Para que Bolivia se estabilice, se va a necesitar un fuerte compromiso de cambio tanto del gobierno como de los grupos opositores. No basta con demandarlo, hay que trabajarlo como un plan a futuro, en las cuales todos estén incluidos y cada uno tenga su espacio, haciendo verdadero honor al sistema de democracia participativa.
*Magdalena Irigaray
Bachelor of Arts in Communication, Cardinal Stritch University, Wisconsin, USA.
Bachelor of Arts in International Studies, University of Wisconsin-Milwaukee, USA.
[1] Claudio Mario Aliscioni. Clarín -01/10/03- La Paz Enviado Especial.
[2] Efraín Huanca Quisbert. Cuando los paradigmas entran en crisis. CEDLA.