A medida que los días del militarismo y la violencia guerrillera en América del Sur quedan cada vez más en el pasado, el deseo de obtener mayor información sobre lo que realmente sucedió y revisar las decisiones sobre amnistías y perdones a los violadores de derechos humanos ha aumentado.

Por Susan Kaufman Purcell

A medida que los días del militarismo y la violencia guerrillera en América del Sur quedan cada vez más en el pasado, el deseo de obtener mayor información sobre lo que realmente sucedió y revisar las decisiones sobre amnistías y perdones a los violadores de derechos humanos ha aumentado. El presidente argentino, Néstor Kirchner, está favoreciendo revertir el perdón otorgado a los generales convictos y repudiar la amnistía dada hace dos décadas a los oficiales de bajo rango. En Chile, el presidente, Ricardo Lagos, anunció un plan para acelerar los procesos para obtener más información sobre abusos a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Y en Perú, la Comisión de la verdad y la reconciliación acaba de publicar un reporte que pone en 69.000 los muertos y desaparecidos durante el conflicto entre Sendero Luminoso y los militares, dejando abierta la pregunta sobre qué hacer con esta información. Al mismo tiempo, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha propuesto otorgar una amnistía a los miembros de las fuerzas paramilitares que se rindan al gobierno, una iniciativa que recuerda de alguna forma al camino tomado originalmente en Argentina y Chile.
No es una coincidencia que en cada uno de estos países se estén debatiendo distintas opciones. Argentina, el primer país de América del Sur que procesó y sentenció a oficiales de alto rango involucrados en abusos a los derechos humanos, está hoy pensando en ir más lejos, castigando a oficiales que en el primer proceso fueron exonerados de castigo alguno. Argentina pudo ser pionera en el castigo, porque sus militares fueron derrotados en la Guerra de las Malvinas. Los militares argentinos han quedado con poco poder y muy disminuidos en tamaño. Existe, por tanto, un riesgo muy bajo de una represalia contra el gobierno civil.
Los militares chilenos eran fuertes y gozaban de un considerable apoyo cuando traspasaron el poder a un régimen civil en 1990. Como resultado, el acuerdo alcanzado entre civiles y militares fue un compromiso cuidadosamente negociado que no sólo ha permitido a estos últimos evitar castigos, sino que también les dio representación en el Congreso. Hasta hoy, esas condiciones se mantienen.
En Perú se está comenzando a debatir qué tipo de acciones tomar, si es que se toma alguna, contra unas fuerzas armadas que se mantienen fuertes. Además, los militares peruanos combatieron contra un grupo guerrillero extremadamente violento y despiadado como Sendero Luminoso, el que cometió muchas más atrocidades que las fuerzas armadas. Los abusos, además, se cometieron principalmente bajo gobiernos civiles y uno de esos ex presidentes, Alan García, es hoy uno de los principales candidatos para las próximas elecciones presidenciales. Todo esto apunta hacia una serie de eventuales decisiones más cercanas al tratamiento que dio Chile a sus militares que al que dio Argentina.
Colombia se diferencia de otros países por ser el único que se encuentra actualmente enfrascado en un conflicto violento con varios grupos guerrilleros bien pertrechados. Como Perú en el pasado, el gobierno colombiano es un régimen civil libremente elegido por la ciudadanía. Pero al contrario que en el caso de Perú, el gobierno colombiano, con ayuda de Estados Unidos, ha sido capaz de reformar a sus militares, convirtiéndolos en una institución menos abusiva y más profesional, sujeta al poder del presidente electo. Como resultado, Uribe puede usar una estrategia de "palo y zanahoria", esto es, tiene la habilidad de combinar incentivos y castigos con la finalidad de avanzar hacia el fin del conflicto, una opción que los presidentes elegidos de Perú no tuvieron.
Debido a las diferentes circunstancias que los rodean, es improbable que el modelo argentino de reabrir los casos y aumentar los castigos a quienes cometieron abusos a los derechos humanos se convierta en la norma sudamericana. Sin embargo, que los militares puedan ser hechos responsables de su comportamiento en algunos países, y que la posibilidad de que algo similar suceda en otros esté siendo discutida, ayudará a evitar una repetición de las atrocidades del pasado, así como a reforzar el principio de rendición de cuentas por parte de los militares.

Susan Kaufman Purcell es Vicepresidente del Council of the Americas y de Americas Society, en Nueva York.

Este artículo fue originalmente publicado en la revista América Economía www.americaeconomia.com