Después de 21 meses en segundo plano, las cifras de la apabullante deuda pública argentina han vuelto a ocupar la atención local e internacional en medio de un dilema aún no resuelto: cómo sostener el crecimiento y, paralelamente, salir del default más importante que haya protagonizado un país en desarrollo.

Por Néstor Scibona

Después de 21 meses en segundo plano, las cifras de la apabullante deuda pública argentina han vuelto a ocupar la atención local e internacional en medio de un dilema aún no resuelto: cómo sostener el crecimiento y, paralelamente, salir del default más importante que haya protagonizado un país en desarrollo. Tanto por su monto (más de 100.000 millones de dólares), como por sus alcances (cientos de miles de tenedores de títulos esparcidos por todo el mundo, así como millones de afectados en el país), esta cesación de pagos tiene pocos antecedentes en las últimas décadas.
Con la reestructuración de la deuda que arranca en estas horas en el lejano Dubai, el Gobierno está comenzando a desandar un largo camino para reinsertar a la Argentina en la comunidad financiera internacional. No será un tránsito fácil, ya que no hay antecedentes de una negociación tan compleja. Tampoco podrá contar esta vez con el "servicio de auditoría" del Fondo Monetario sobre un programa de largo plazo. En el nuevo acuerdo con la Argentina, el organismo prefirió jugar, junto con el Banco Mundial y el BID, su cuestionado rol de acreedor privilegiado: a cambio de un compromiso de disciplina fiscal por un año, otorgó al país la refinanciación de vencimientos por 21.000 millones de dólares para los próximos tres, asegurándose el cobro de intereses sin quitas ni períodos de gracia. El punto a favor es, en cambio, el inocultable respaldo político del gobierno de Washington.
De aquí en más, los negociadores argentinos deberán vérselas cara a cara con los representantes de los acreedores privados, que no olvidan que fue este mismo Congreso -durante el grotesco interinato de Adolfo Rodríguez Saá- el que festejó la ruidosa declaración de default. Otro elemento que hasta ahora jugó en contra fue la inestabilidad (política, institucional, económica y social) de la Argentina, que impidió durante 18 meses una negociación formal. Rusia, por citar otro caso resonante, tardó apenas 18 días para entablar conversaciones después de haber anunciado una cesación de pagos parcial.
Aunque ni los más optimistas esperan ahora resultados inmediatos, siempre es preferible tener negociaciones abiertas. Pero esto no quita que en el gobierno argentino estén preparados para muchos meses de intenso ruido alrededor de este proceso, en los que abundarán presiones de todo tipo, junto con amenazas de embargos o fallos adversos de tribunales extranjeros. No se puede evitar un escenario de esta naturaleza cuando el país dejó impagos 152 clases de bonos en 14 monedas y en 8 jurisdicciones legales diferentes.
Más allá de sus detalles técnicos, la propuesta argentina es sencilla de entender: conseguir tiempo para recuperar el crecimiento y comenzar a pagar lo menos posible. La carta de presentación es un nivel de actividad económica que está entrando en su sexto trimestre consecutivo de reactivación, después de cuatro años de recesión. Aún así, el importante crecimiento del PBI de este año significará recuperar poco más de la caída de fines de 2001 y comienzos de 2002.

Un menú para Dubai

Con este marco, el menú que el ministro Lavagna está a punto de abrir en Dubai prevé el canje de los bonos en default por tres opciones básicas, que alternativamente incluyen fuertes quitas de capital (equivalentes al 70 u 80%); importantes reducciones de tasa de interés y plazos del orden de los 30 años; o un pago de servicios creciente en el tiempo, indexado por el futuro crecimiento del PBI argentino. Un dato significativo es que el proyecto de presupuesto para 2004 no contempla ninguna partida para el pago de intereses de la deuda vieja. Esto indica que o bien se buscaría un período de gracia inicial o se espera una negociación que insumirá prácticamente todo el año, o ambas cosas a la vez.
No se descarta, sin embargo, que la Argentina efectúe en los próximos meses algún pago en efectivo, a fin de lubricar la negociación. Para ello se utilizarían los fondos que retendrá el FMI cuando devuelva 2600 de los 2900 millones que el Gobierno giró con atraso la semana pasada, en medio de la pulseada entre el presidente Kirchner y el staff del organismo.
A primera vista, la oferta de Dubai haría presumir que la mayoría de los acreedores minoristas se inclinaría por los títulos a menores tasas y mayores plazos, para asegurarse el cobro sin perder capital. Sin embargo, desde el equipo económico anticipan que habrá un racionamiento de esta variante, ya que se dará prioridad a la reducción del stock de deuda, ya sea mediante los bonos con quitas o los indexados al crecimiento del PBI. Estos títulos pueden ser ventajosos para inversores institucionales con carteras de largo plazo y mucho más para quienes especularon después del default .
Otra cuestión en la que enfatizan los funcionarios argentinos es que la negociación no debe verse como algo estático, con plazo final predeterminado. De hecho, la Argentina se verá obligada durante varios años a manejar y administrar sucesivos canjes de títulos viejos y nuevos. Esta hipótesis torna menos relevante que se haya fijado la meta de superávit fiscal de 3% del PBI solamente para el año próximo, cuando todo el proceso involucra plazos de varias décadas, las cuales convierten en futurología las proyecciones macroeconómicas de largo plazo.
El planteo, de todos modos, no contempla que en 2005 también comienzan a acumularse vencimientos de la deuda nueva (Boden y préstamos garantizados), para los cuales el superávit primario del 3% resulta insuficiente. Aquí la apuesta del Gobierno, expresada en el proyecto de presupuesto 2004, reside en que una reestructuración exitosa de la deuda en default reabra las puertas del mercado de capitales doméstico, como ocurrió en Rusia y Ecuador, y ello permita financiar localmente algún punto adicional de déficit.
Por cierto que éste es un escenario condicionado, pero no podría avanzarse en este terreno sin comenzar a recorrerlo. Por ahora, el Gobierno se ha aferrado a la actual reactivación económica como el capital más preciado. No es lo mismo negociar con el telón de fondo de una economía en crecimiento que correr el riesgo de una desaceleración económica. De ahí que el proyecto de presupuesto para 2004, corregido de puño y letra por el presidente Kirchner, destine la mayor parte del aumento de la recaudación al gasto social y a la inversión pública. En cambio, deja en un segundo plano una eventual rebaja de impuestos distorsivos para la producción.
La estrategia, a todas luces, es seguir impulsando la demanda interna desde el Estado. Sin embargo, habrá que ver con qué criterios se distribuye el incremento del gasto, del que quedan afuera jubilados y empleados públicos: una cosa es dinamizar sectores rezagados y otra muy diferente alimentar el clientelismo político. Otra incógnita está en las tarifas de servicios públicos. En la pauta inflacionaria del presupuesto está implícito que 2004 será el año del descongelamiento, pero no está claro cuáles, ni cuándo ni cómo. Ni tampoco quién subsidiará a los sectores que no están en condiciones de pagar los ajustes.

Néstor O. Scibona es periodista. 
Este artículo fue originalmente publicado en el diario LA NACION.
http://www.lanacion.com.ar/03/09/21/do_529199.asp