Hace un año, un terremoto sacudió la plaza bancaria uruguaya. El gobierno –mientras estaba preocupado por unos saqueos a almacenes barriales– buscaba apoyo internacional y respaldo político para votar una ley que permitiera reabrir los bancos tras un inusual feriado.

Por Nelson Fernández Salvidio

Hace un año, un terremoto sacudió la plaza bancaria uruguaya. El gobierno –mientras estaba preocupado por unos saqueos a almacenes barriales– buscaba apoyo internacional y respaldo político para votar una ley que permitiera reabrir los bancos tras un inusual feriado.
Uruguay cayó en una crisis bancaria por el impacto del contagio argentino. Si fue negativo el contagio de la crisis, lo positivo fue que no se contagiaron las medidas para responder a la misma.
No hubo “corralito” –en el sentido de lo que aplicó Argentina–, no hubo pesificación y tampoco hubo default del Estado con su deuda (aunque el canje de bonos pueda considerarse como un default técnico porque el tenedor de títulos no tenía mucha escapatoria).
¿Cuáles fueron las diferencias claves de la respuesta uruguaya a la crisis en relación a lo hecho en Argentina?
a) El gobierno no adoptó medidas que impusieran a la banca privada alteración en los contratos con sus clientes.
b) Al quedarse sin reservas, el Estado no pudo continuar con la política aplicada desde el retorno a la democracia, en 1985, de dar asistencia financiera o capitalizar a los bancos en problemas. Entonces cerró los bancos que por falta de liquidez o de solvencia no puedan cumplir sus obligaciones y anunció que sólo volverían a abrir si inversores privados inyectaban capital. Pero limitó el problema a los bancos en dificultades, aunque no lo generalizó al resto del sistema.
c) A los clientes que tenían cuentas transaccionales en los bancos cerrados (cuentas corrientes y cajas de ahorro hasta un máximo de 50 mil dólares), se les devolvió el dinero con un fondo especial (prestado por el FMI).
d) Como la banca del Estado (BROU y BHU) no pudo cumplir con los pedidos masivos de retiros de depósitos, se dispuso por ley (votada contra reloj en el fin de semana previo a la reapertura) que a los ahorristas de plazos fijos en dólares se entregarían tres certificados para estirar el plazo: 25% al año, 35% a los dos años y el restante 40% a los tres años. El depositante que no quisiera esperar, podría venderlos en el mercado.
e) Para esos “reprogramados” no hubo quitas de capital y además se dio un premio en la tasa de interés: 6% anual en dólares, mientras en el mercado la tasa era de 2%.
f) En las medidas que cambiaron las condiciones de plazos fijos estatales se respetó las monedas de cada depósito.
g) Para los ahorristas que sólo retiran intereses y no piensan cancelar su colocación, la medida no supuso una “congelación”. El interés se siguió pagando en forma trimestral.
h) Luego de meses de negociaciones, el gobierno anunció en abril un plan de canje de bonos por nuevos títulos de mayor plazo, sin quitas de capital. Más allá de la polémica respecto a si ese canje resolvía el problema de fondo o lo postergaba en el tiempo, la implementación del plan fue exitoso y hoy se observa en el exterior como un ejemplo a seguir.
Para los que tenían Bonos del Tesoro (o títulos similares), el canje significó también un resultado positivo, si se lo compara con lo que hubiera sido un cese de pagos (acá tampoco se imitó el default de Argentina). Nunca se dejó de pagar los intereses, los precios subieron más de lo previsto (hace un año el “riesgo país” era de 3.000 puntos y ahora está en 700 puntos); el inversor podrá quedarse ahora con el bono o venderlo, lo que depende de la confianza que tiene en el futuro del país.
El gobierno anota otro punto a favor que es la reapertura de un nuevo banco, porque con eso salvó puestos de trabajo (unos 800) y mantiene una institución para atender sectores necesitados de créditos que la banca extranjera no atiende. Como mínimo, esto es dudoso. Es cierto que “compró paz” con el sindicato (e incluso con ahorristas que se tranquilizan con ese banco abierto), pero a un precio que puede ser muy caro. Tenía el sistema limpio tras la crisis y el problema limitado a la banca pública, pero metió ahí un nuevo banco estatal. Si lo privatiza, la operación podrá considerarse un éxito. Mientras no lo logre, lo que tiene es una amenaza potencial de regeneración de desconfianza.
A un año de aquel terremoto, ¿cuál es la reacción?
Entre los dirigentes políticos, en general parece que se hubiese salido de la crisis y que la competencia electoral de 2004 esté cercana. La discusión ligera sobre refinanciación de deudas por ley de fin de enero contribuyó a una furiosa corrida de depósitos y en mayo, algunos insistieron con el asunto.
Los banqueros están en guardia, acomodándose a una nueva realidad con estímulos al personal para reducir la plantilla. El crédito es escaso, porque los bancos precisan liquidez para responder ante eventuales retiros de depositantes.
En el sindicato (AEBU), el principal dirigente Juan José Ramos triangula entre el Ministerio de Economía y el Banco Central para cumplir el lógico propósito del gremio: defender a sus afiliados. Sabe que se precisa calma (paz) para procesar la salida de la crisis, y con eso presiona a las autoridades para amortiguar el golpe a los trabajadores. AEBU metió en el nuevo banco muchos más empleados de los que se necesitaba y lo mismo hizo en los fondos liquidadores. El De Crédito sigue casi con toda la plantilla (que comienzan a ir a seguro de paro) y un tercio de éstos ingresará a la banca pública en forma gradual para cubrir puestos que queden vacantes (como si los bancos estatales precisaran personal).
¿Y los ahorristas?
Los que se llevaron al dinero al exterior ni pestañean, o traen la caja chica por comodidad, pero no más de eso.
Los que escondieron el dinero en el colchón, de a poco lo llevan a los bancos, pero en caja de ahorro, a la vista (por las dudas).
Entre los afectados por la reprogramación, la respuesta ha sido una formidable demostración de confianza en la banca pública. La amplia mayoría dejó el tramo devuelto de su depósito original y no vende en el mercado los certificados que vencen en 2004 (año electoral) y en 2005 (primer año del próximo gobierno y elecciones municipales en todo el país).
Para los ahorristas, la crisis dejó una marca a fuego sobre la elección del banco en el que se deposita.
Con excepción del Banco Galicia que en realidad era una off shore (porque operaba casi sólo con argentinos), los únicos bancos que no pudieron pagar en tiempo y forma sus depósitos fueron los del Estado o aquellos en los que el Estado estaba metido, fuera como accionista o como interventor.
No sólo el Hipotecario y el República. El Caja Obrera era manejado por el Estado desde junio de 1987 y el De Crédito desde septiembre de 1998 (en este caso en sociedad con el grupo Moon). Los otros eran más recientes: en el Comercial, el Estado había ingresado como accionista en febrero de 2002 y en el Montevideo, el gobierno separó a la familia Peirano de la dirección el 21 de junio de 2002 y pasó a dirigirlo (junto al Caja Obrera reprivatizado hacía pocos meses y en proceso de fusión).
Al momento del cierre o de la reprogramación, en todos los bancos en problemas estaba el Estado. En cambio, los bancos privados que responden a instituciones extranjeras con presencia internacional, pagaron todos los retiros, en un hecho que por su magnitud (por lo menos la mitad de los depósitos) constituye un récord mundial.
Según una encuesta encargada por el gobierno, 51% de la población cree que el banco que está en mejores condiciones es el República. Las menciones a todos los bancos extranjeros suman 27% y luego una cooperativa recoge 4%.
La respuesta de los ahorristas y el resultado de la encuesta se dan justo cuando el gobierno discute como ayudar al banco estatal a resolver sus problemas. Las autoridades manejan cuatro puntos: capitalización, tratamiento de “carteras pesadas”, nuevo plan de negocios y reestructura organizativa.
La población bancarizada muestra fallas importantes en la información que maneja a la hora de la toma de las decisiones. No es un asunto menor, teniendo en cuenta que el costo de la crisis no lo pagaron sólo los afectados directamente, sino todos los contribuyentes. Eso fue por la decisión política de que el Estado no cobre los U$S 1.100 millones que puso en los bancos quebrados, para mejorar la suerte de los ahorristas perjudicados.