Vázquez ordena trasladar presos a cuarteles militares luego de recibir un crítico informe de relator de la ONU
Por Raúl Ronzoni
Cuando Manfred Nowak, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y los Malos Tratos llegó a Uruguay, seguramente no imaginó que su presencia sería la consecuencia de uno de los mayores cambios en la historia del sistema carcelario y que obligaría al gobierno a tomar medidas de fondo para erradicar, (o al menos tratar de hacerlo) el hacinamiento, la falta de higiene, la inseguridad, la violencia y la corrupción en las cárceles uruguayas.
Luego de su inspección, Nowak afirmó que las condiciones de reclusión en la cárcel ubicada en la localidad de Libertad, próxima a Montevideo y la mayor del país, "son peores que en la cárcel de Black Bach" de Guinea Ecuatorial. La comparación es durísima porque Guinea Ecuatorial es un país gobernado por una dictadura y famoso por su medieval sistema carcelario. La de Uruguay es "una de las peores cárceles que he visto", remarcó el relator, quien luego, en declaraciones al diario "Ultimas Noticias", sostuvo que debía "ser clausurada de inmediato".
Para el gobierno del presidente Tabaré Vázquez el informe de Nowak se convirtió en uno de los golpes más duros que ha recibido la izquierda desde que asumió el poder en marzo del 2005. Es que el mismo día de su victoria electoral Vázquez se comprometió a revertir la grave situación carcelaria y no lo ha hecho. Por el contrario, se agravó. Apenas se tomaron algunas tibias medidas legales para permitir la salida de reclusos que representaran un riesgo social mínimo. Muchos de ellos volvieron a delinquir pasaron a engrosar los miles de reclusos ociosos y participantes de las aulas de aprendizaje del delito, como son las cárceles uruguayas y al mismo tiempo las fugas y los malos tratos en los centros de reclusión de menores -tambièn inspeccionados por NOWAK- se agravan y parece insolubles.
Desde que hace casi cuatro años el gobierno liberó algunos reclusos la situación se agravó: el número de presos se multiplicó por tres, creció la violencia, varios guardias y abogados fueron procesados por la justicia por actos de corrupción al ingresar drogas y armas y aumentó el riesgo sanitario.
Los continuos llamados de atención del Comisionado Parlamentario, Alvaro Garcé cayeron en saco roto. Una y otra vez Garcé encendió una luz roja advirtiendo sobre la situación, pero ni el gobierno en general -más allá de promesas incumplidas- ni la ministra del Interior, Daisy Tourne se tomaron la situación en serio. Desde la dictadura, la administración de las cárceles está en manos el Ministerio del Interior y aunque parezca una paradoja, quienes custodian a los reclusos son policías y no guardias penitenciarios especializados en esa tarea.
Pero no fueron sólo las advertencias de Garcé las que debieron forzar a tomar medidas. Organismos de protección de los derechos humanos, como el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y los partidos políticos de la oposición -que tampoco durante sus anteriores gestiones revirtieron la situación- apuntaron sus baterías hacia la caótica situación.
Es más, el año pasado, ante el gran número de presos sin condena (el sistema procesal uruguayo prevé la prisiòn preventiva antes de la condena) la embajada de Suiza en Uruguay impulsó un libro que fue editado por el Centro Para la Apertura y el Desarollo de América Latina (Cadal) titulado "Reforma al sistema penal y carcelario en Uruguay". A ese trabajo, con la excepción de los especialistas, pocos le dieron la importancia que merecía. En el libro los autores de los trabajos doctrinarios (jueces, fiscales, abogados penalistas y el propio Garcé) reclamaron cambios procesales de fondo y en el sistema carcelario...pero es muy caro... no se puede... hay otras prioridades... los presos por algo está presos... es mejor que estén adentro que fuera....lo de siempre.
La cuerda adquirió su máxima tensión mientras el presidente se encontraba en visita oficial a China y a Chile. A su regreso y durante la primera reunión con sus ministros, el lunes 30, dio una orden que jamás pensó: "hay que tasladar los presos a los cuarteles militares desocupados". Los muros de los cuarteles y los uniformados tienen un fortísimo ingrediente negativo para los militantes políticos de la izquierda uruguaya. Entre 1973 y 1985, durante la dictadura militar que gobernó este país, centenares de presos políticos fueron torturados y permanecieron recluidos tras las rejas en cuarteles y, mayoritaria e irónicamente, en la misma cárcel que ahora censuró Nowak, que fue construida para los detenidos opositores a la dictadura.
ES DE SIEMPRE
"Siempre nos preocupó la situación carcelaria, no es que lo hagamos ahora", dijo Vázquez a sus ministros, sabiendo que sus palabras trascenderían a la opinión pública y que la procupación no había surgido exclusivamente por el informe de Nowak.
Mientras, Tourné, que hace unos meses publicó en facebook una foto suya duchándose luego de ir a la playa, volvió a dar la nota: no asistió a su reunión con Vázquez porque, explicó su asesor de prensa, creyó que el acuerdo era ficto, es decir, las reuniones de los ministros con el Presidente en las cuales sólo se analizan documentos y el ministro no asiste.
Hace poco más de un año, cuando la Justicia procesó a los primeros militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura, el gobierno dispuso que fueran alojados en un establecimiento militar especialmente acondicionado para ellos. Allí, entre otros, está el último presidente militar, Gregorio "Goyo" Alvarez, convertido en el principal símbolo de ese perídodo. En ese lugar los militares tiene comida especial, esparcimiento de diversa índole y visitas frecuentes. Cuando el gobierno tomó esta decisión fue objeto de varios cuestionamientos pero claro, rápidamente las críticas se diluyeron, porque lo importante era que, en mejore o peores condiciones, los militares estuviran entre rejas.
De acuerdo a lo que consigna el dario El Paìs el martes 31, Vázquez le hizo notar a sus ministros el informe de Nowak y aunque el gobierno no esperaba que fuera bueno, jamás pensó que fuera tan duro. Por esa razón ahora está dispuesto a utilizar todas las unidades militares que sea posible para realojar a los reclusos.
Una fuente del gobierno comentó a El País: "en estos cuatro años nos hemos dedicado a defender los derechos humanos y a ubicarnos en el mundo como un país que los respeta y hora quedamos pegados (avergonzados, denunciados) por tener una de las peores cárceles del mundo y por violar los derechos humanos".
Ante a encrucijada, a dos meses de las elecciones internas de los partidos polìticos y a cinco de las nacionales, Vázquez admitiò tomar la sugerencia de la oposición y utilizar los cuarteles. Decidiò que el primero de ellos sea el de "Punta Rieles", un regimiento que durante la dictadura mantuvo recluidas a mujeres militantes de la izquierda, muchas de las cuales están hoy en el gobierno.
Fuente: Mirador Nacional (Argentina)
Cuando Manfred Nowak, el relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y los Malos Tratos llegó a Uruguay, seguramente no imaginó que su presencia sería la consecuencia de uno de los mayores cambios en la historia del sistema carcelario y que obligaría al gobierno a tomar medidas de fondo para erradicar, (o al menos tratar de hacerlo) el hacinamiento, la falta de higiene, la inseguridad, la violencia y la corrupción en las cárceles uruguayas.
Luego de su inspección, Nowak afirmó que las condiciones de reclusión en la cárcel ubicada en la localidad de Libertad, próxima a Montevideo y la mayor del país, "son peores que en la cárcel de Black Bach" de Guinea Ecuatorial. La comparación es durísima porque Guinea Ecuatorial es un país gobernado por una dictadura y famoso por su medieval sistema carcelario. La de Uruguay es "una de las peores cárceles que he visto", remarcó el relator, quien luego, en declaraciones al diario "Ultimas Noticias", sostuvo que debía "ser clausurada de inmediato".
Para el gobierno del presidente Tabaré Vázquez el informe de Nowak se convirtió en uno de los golpes más duros que ha recibido la izquierda desde que asumió el poder en marzo del 2005. Es que el mismo día de su victoria electoral Vázquez se comprometió a revertir la grave situación carcelaria y no lo ha hecho. Por el contrario, se agravó. Apenas se tomaron algunas tibias medidas legales para permitir la salida de reclusos que representaran un riesgo social mínimo. Muchos de ellos volvieron a delinquir pasaron a engrosar los miles de reclusos ociosos y participantes de las aulas de aprendizaje del delito, como son las cárceles uruguayas y al mismo tiempo las fugas y los malos tratos en los centros de reclusión de menores -tambièn inspeccionados por NOWAK- se agravan y parece insolubles.
Desde que hace casi cuatro años el gobierno liberó algunos reclusos la situación se agravó: el número de presos se multiplicó por tres, creció la violencia, varios guardias y abogados fueron procesados por la justicia por actos de corrupción al ingresar drogas y armas y aumentó el riesgo sanitario.
Los continuos llamados de atención del Comisionado Parlamentario, Alvaro Garcé cayeron en saco roto. Una y otra vez Garcé encendió una luz roja advirtiendo sobre la situación, pero ni el gobierno en general -más allá de promesas incumplidas- ni la ministra del Interior, Daisy Tourne se tomaron la situación en serio. Desde la dictadura, la administración de las cárceles está en manos el Ministerio del Interior y aunque parezca una paradoja, quienes custodian a los reclusos son policías y no guardias penitenciarios especializados en esa tarea.
Pero no fueron sólo las advertencias de Garcé las que debieron forzar a tomar medidas. Organismos de protección de los derechos humanos, como el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) y los partidos políticos de la oposición -que tampoco durante sus anteriores gestiones revirtieron la situación- apuntaron sus baterías hacia la caótica situación.
Es más, el año pasado, ante el gran número de presos sin condena (el sistema procesal uruguayo prevé la prisiòn preventiva antes de la condena) la embajada de Suiza en Uruguay impulsó un libro que fue editado por el Centro Para la Apertura y el Desarollo de América Latina (Cadal) titulado "Reforma al sistema penal y carcelario en Uruguay". A ese trabajo, con la excepción de los especialistas, pocos le dieron la importancia que merecía. En el libro los autores de los trabajos doctrinarios (jueces, fiscales, abogados penalistas y el propio Garcé) reclamaron cambios procesales de fondo y en el sistema carcelario...pero es muy caro... no se puede... hay otras prioridades... los presos por algo está presos... es mejor que estén adentro que fuera....lo de siempre.
La cuerda adquirió su máxima tensión mientras el presidente se encontraba en visita oficial a China y a Chile. A su regreso y durante la primera reunión con sus ministros, el lunes 30, dio una orden que jamás pensó: "hay que tasladar los presos a los cuarteles militares desocupados". Los muros de los cuarteles y los uniformados tienen un fortísimo ingrediente negativo para los militantes políticos de la izquierda uruguaya. Entre 1973 y 1985, durante la dictadura militar que gobernó este país, centenares de presos políticos fueron torturados y permanecieron recluidos tras las rejas en cuarteles y, mayoritaria e irónicamente, en la misma cárcel que ahora censuró Nowak, que fue construida para los detenidos opositores a la dictadura.
ES DE SIEMPRE
"Siempre nos preocupó la situación carcelaria, no es que lo hagamos ahora", dijo Vázquez a sus ministros, sabiendo que sus palabras trascenderían a la opinión pública y que la procupación no había surgido exclusivamente por el informe de Nowak.
Mientras, Tourné, que hace unos meses publicó en facebook una foto suya duchándose luego de ir a la playa, volvió a dar la nota: no asistió a su reunión con Vázquez porque, explicó su asesor de prensa, creyó que el acuerdo era ficto, es decir, las reuniones de los ministros con el Presidente en las cuales sólo se analizan documentos y el ministro no asiste.
Hace poco más de un año, cuando la Justicia procesó a los primeros militares acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura, el gobierno dispuso que fueran alojados en un establecimiento militar especialmente acondicionado para ellos. Allí, entre otros, está el último presidente militar, Gregorio "Goyo" Alvarez, convertido en el principal símbolo de ese perídodo. En ese lugar los militares tiene comida especial, esparcimiento de diversa índole y visitas frecuentes. Cuando el gobierno tomó esta decisión fue objeto de varios cuestionamientos pero claro, rápidamente las críticas se diluyeron, porque lo importante era que, en mejore o peores condiciones, los militares estuviran entre rejas.
De acuerdo a lo que consigna el dario El Paìs el martes 31, Vázquez le hizo notar a sus ministros el informe de Nowak y aunque el gobierno no esperaba que fuera bueno, jamás pensó que fuera tan duro. Por esa razón ahora está dispuesto a utilizar todas las unidades militares que sea posible para realojar a los reclusos.
Una fuente del gobierno comentó a El País: "en estos cuatro años nos hemos dedicado a defender los derechos humanos y a ubicarnos en el mundo como un país que los respeta y hora quedamos pegados (avergonzados, denunciados) por tener una de las peores cárceles del mundo y por violar los derechos humanos".
Ante a encrucijada, a dos meses de las elecciones internas de los partidos polìticos y a cinco de las nacionales, Vázquez admitiò tomar la sugerencia de la oposición y utilizar los cuarteles. Decidiò que el primero de ellos sea el de "Punta Rieles", un regimiento que durante la dictadura mantuvo recluidas a mujeres militantes de la izquierda, muchas de las cuales están hoy en el gobierno.
Fuente: Mirador Nacional (Argentina)