En las intensas tres semanas que lleva como presidente de la Nación, Néstor Kirchner se ha encargado de transmitir más señales hacia la política que hacia la economía. El orden de prioridades se justifica en función de su necesidad inmediata de generar poder político propio.

Por Néstor Scibona

En las intensas tres semanas que lleva como presidente de la Nación, Néstor Kirchner se ha encargado de transmitir más señales hacia la política que hacia la economía. El orden de prioridades se justifica en función de su necesidad inmediata de generar poder político propio y del superpoblado calendario electoral de los próximos cuatro meses. De ahí que muchos empresarios aguarden con ansiedad que la próxima visita del titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) sirva para que el Gobierno comience a mostrar un juego de más largo plazo.
La llegada del número uno del Fondo está precedida de dos circunstancias poco frecuentes. Horst Köhler desembarcará dentro de ocho días en Buenos Aires respondiendo a una invitación formal del gobierno argentino y lo hará con un objetivo que coincide con lo que han declarado públicamente el presidente Kirchner y el ministro Roberto Lavagna. Como se anticipó desde estas columnas, la estrategia oficial es negociar con el FMI un programa de facilidades extendidas a 3 años, pero con la presunción de que no será fácil cerrarlo antes del 31 de agosto, cuando vence el actual acuerdo provisional con el organismo. Si el tiempo no alcanza, habría prórrogas parciales. Ninguna de las dos partes, en efecto, cree que después de esa fecha la Argentina vaya a caer el default con los organismos internacionales de crédito. El principal escollo es que dentro de los vencimientos por más de 6000 millones de dólares que se acumulan hasta fin de año, hay uno a mediados de septiembre por 2700 millones con el FMI (por refuerzo de reservas) que no puede renovarse automáticamente. Este obstáculo obligará a acortar plazos, si es que no se quiere sacrificar reservas que, paralelamente, el Banco Central viene acumulando sin pausa.
Al igual que lo que ocurrió con la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Köhler viene a comprobar en persona qué visión tiene Kirchner de la economía y cuál es su disposición a encarar reformas que la Argentina tiene pendientes desde hace años. Si lo hará o no con buena onda es algo que aún está por verse. Su número dos, Anne Krueger, se cortó sola y volvió la semana pasada a poner sobre la mesa los temas más urticantes (deuda, sistema financiero, tarifas), como si el nuevo gobierno tuviera poder para ponerlos al día de la noche a la mañana o pudiera manejar los plazos a su antojo. Por eso mismo, el test le servirá al Presidente para explicar su estrategia política. Kirchner ha fijado como prioridades la renovación de la Corte Suprema y la búsqueda de consensos con el Congreso, para no actuar sin otro respaldo que no sea el de la opinión pública. También sufrió su primer tropiezo frente a la estructura corporativa del PAMI, que corroboró su función de botín político-sindical por donde se escurren millones de pesos sin control, y ahora lo obliga a medir fuerzas. Sin cerrar estos frentes, le será difícil acometer otras reformas de fondo.

Avances y retrocesos

Ningún acuerdo con el FMI será posible si el organismo coloca las reformas pendientes como requisito previo y no como objetivo a alcanzar en los próximos años. La secuencia es hoy por hoy tan importante como el contenido. Sin acuerdo, la Argentina tampoco podrá iniciar la reestructuración de su deuda en default que, según los cálculos oficiales, ascenderá a fin de año (incluyendo intereses atrasados) a 69.100 millones de dólares, de los cuales 51.700 millones corresponden a no residentes y 17.400 millones a tenedores locales de bonos. El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, inicia hoy una gira relámpago por Francia, Alemania, Gran Bretaña, Suiza, Bélgica y Holanda para tomar contacto con grupos representativos de acreedores y ponerlos al tanto del calendario que maneja el Gobierno.
En el camino de despejar obstáculos con el Fondo ha habido varios avances. El Gobierno logró en los últimos días que el Congreso apurara la modificación del impuesto a los combustibles y también la reforma de la carta orgánica del BCRA. También consiguió que el gobernador bonaerense Felipe Solá envíe finalmente a la Legislatura el proyecto para el rescate de patacones y que aceptara, con reservas, incluir al Banco Provincia en la auditoría que el FMI pide como paso previo a la reestructuración de la banca oficial. El Congreso, en cambio, aún debe la anulación de los planes de competitividad que subsisten desde la época de Cavallo. Esos subsidios -que tienen un costo anual de 300 millones de pesos- caducarán automáticamente en los próximos meses.
Pero también hubo retrocesos. La decisión de Kirchner de no tocar las tarifas de servicios públicos por 90 días -lapso que engloba las cruciales elecciones en la Capital Federal el 24 de agosto y en la provincia de Buenos Aires el 14 de septiembre- no cayó bien en el FMI. Y alteró los planes originales del Palacio de Hacienda de aprovechar la baja tasa de inflación para introducir ajustes selectivos en gas y electricidad, a cuenta de la futura renegociación de contratos. Como contrapartida, se enviará al Congreso la ley que devuelve al Poder Ejecutivo la facultad de modificar cuadros tarifarios para ponerse a cubierto de futuras impugnaciones judiciales.
Otras reformas pedidas por el Fondo se cocinarán a fuego lento. La Cámara de Diputados, que en diciembre se renovará parcialmente, difícilmente acepte tratar un tema tan complejo como los cambios al régimen de coparticipación de impuestos, cuando hasta entonces habrá una docena de elecciones provinciales. Pero nada impide que el Gobierno se comprometa a enviar un proyecto de ley para comienzos de 2004. Lo mismo ocurrirá con la reforma impositiva, que no tomaría la forma que muchos analistas imaginan. Más que cambios inmediatos en impuestos, se estaría trabajando en un esquema de largo plazo tendiente a atacar la creciente economía en negro, que se manifiesta en una notoria caída en el uso de cheques. La razón es que el impuesto a las transacciones financieras supone sobrecosto excesivo en una economía de baja inflación. Como a corto plazo no es posible una baja de este impuesto, ni tampoco de las retenciones a la exportación, un atajo para mejorar los resultados fiscales podría ser la aún imprecisa reforma del sistema previsional.
El avance de la economía en negro, que el año pasado fue favorecida por la proliferación de cuasi monedas provinciales, también podría explicar parte de otro fenómeno que desvela a los analistas: la alta demanda de dinero, que sigue absorbiendo la fuerte expansión de pesos que realiza el BCRA por la compra de dólares. Entre mayo y lo que va de junio, la base monetaria creció casi 3900 millones de pesos, de los cuales 1400 millones se explican por el rescate de cuasimonedas. Contra todos los pronósticos, esa expansión no se trasladó a los precios, en buena medida porque tampoco existe el efecto multiplicador que produce el crédito.
Ciertamente no es una buena noticia que haya poca oferta y demanda de crédito en una economía que necesita seguir creciendo. Tanto el Ministerio de Economía como el BCRA consideran que no pasará demasiado tiempo sin que los bancos -que rebosan de liquidez- se animen a volver a prestar, para no seguir acumulando pérdidas. También afirman que el marco regulatorio existente les permitiría hacerlo, sin necesidad de que antes se resuelva el problema de las compensaciones, que quedó en manos del Congreso, ni el fallo de la Corte sobre la pesificación compulsiva de los depósitos. Aquí también, sin embargo, la política sigue pesando sobre la economía. Y le aporta una dosis de incertidumbre que no ayuda a una recuperación más rápida.

Néstor Scibona es periodista.
Este artículo fue originalmente publicado en el diario La Nación (Argentina).