El argumento principal de la nueva hacienda pública siempre fue la necesidad de elevar la recaudación para aumentar los recursos de las arcas federales, y lograr destinar mayores erogaciones a vivienda, a educación, a salud.

Por Roberto Salinas-León

El argumento principal de la nueva hacienda pública siempre fue la necesidad de elevar la recaudación para aumentar los recursos de las arcas federales, y lograr destinar mayores erogaciones a vivienda, a educación, a salud. Este argumento se repite ad nauseaum, pero representa una petición de principio, al suponer que el fin de la reforma fiscal es tributario, y al suponer que el ejercicio del gasto público, mediante la intermediación burocrática, es un mecanismo eficiente. No lo es, y la reforma fiscal no se debe “vender” en términos de cómo conseguir más recursos para el gobierno.

En otras palabras, supongamos que el gobierno tuviera solucionado todo su problema de recaudación—que disfrutara un superávit fiscal, que no tuviera la bomba de tiempo de los pasivos del rescate bancario, que la evasión fuese baja, que los recursos tributarios fuesen altos, derivados de niveles aceptables de recaudación, (y claro, de “progresividad”), incluso, que la factura petrolera no se usara como vaca gorda fiscal. Aun bajo esta utopía tributaria, quedaría el problema capital de la reforma fiscal: los egresos presupuestales.

Por ello, independientemente del problema de la recaudación, de la cultura de evasión, incluso de la dependencia fiscal sobre las ventas de petróleo, el gran problema en el sistema fiscal mexicano es la falta de “justicia fiscal.” Los regímenes diferenciados implican una red de incentivos perversos, con subsidios cruzados, varias veces de los que menos tienen a los que sí pueden pagar. En nombre de la equidad fiscal, de cuentas claras, una reforma fiscal estructural debe buscar eliminar los regímenes diferenciados, más allá del impacto que este cambio tenga en la recaudación (por cierto, muy positivo). En materia fiscal, el privilegio de uno siempre es la pérdida de otro.

Asimismo, la reforma fiscal integral debe buscar, ante todo, la eficiencia y transparencia en la gestión del gasto público. El causante es un consumidor. Los cobros obligatorios que se ejercen (los tributos) son para financiar los servicios básicos del gobierno—paz, justicia, seguridad. Si éste, a su vez, no rinde cuentas, o las cuentas resultan obscuras, entonces no está cumpliendo con su parte del contrato fiscal. Ello implica una profunda reforma en los egresos. El causante, bajo esta óptica, no es un sujeto tributario aislado—es un consumidor ciudadano que da de su parte para obtener servicios requeridos en una sociedad civil.

Finalmente, una reforma fiscal integral debe buscar estabilidad—la estabilidad de saber que las reglas del juego tienen cierta permanencia, que éstas son modificables en tiempos de emergencia, pero que no cambian de acuerdo al capricho del momento, o la miscelánea en turno. Una ley fiscal sencilla, fácil de aplicar, fácil de obedecer, pareja y permanente, es la verdadera razón de ser de una reforma fiscal.
Existen, es cierto, varias necesidades tributarias, necesidades de gasto, necesidades de poder encarar retos como los pasivos contingentes del IPAB. Pero una reforma fiscal que sea estructural, y efectiva, debe comenzar con la equivalencia de que el causante es un consumidor. Lo demás, sería, como todo, un proceso de venta.

Roberto Salinas León es Director de Política Económica de TV Azteca. estrategiaeconomica@todito.com