Los legisladores paraguayos nos recuerdan a los tradicionales curanderos intentando con embrujos delirantes mejorar la salud de sus clientes. Pero en lugar de oraciones y hechizos, los legisladores tratan de abaratar el costo del dinero valiéndose de la coerción estatal.

Por Porfirio Cristaldo Ayala

Los legisladores paraguayos nos recuerdan a los tradicionales curanderos intentando con embrujos delirantes mejorar la salud de sus clientes. Pero en lugar de oraciones y hechizos, los legisladores tratan de abaratar el costo del dinero valiéndose de la coerción estatal. En su entusiasmo dirigista aprueban leyes que obligarán a los bancos y financieras a bajar las tasas de interés de los préstamos y las tarjetas de crédito, como si fuera posible fijar el precio de las cosas por decreto.
En algunos casos los políticos lo hacen de buena fe, motivados por el encarecimiento de los créditos que perjudica a los productores y en otros alentados por los oscuros intereses de algunos grupos de poder. Pero en su mayor parte lo hacen por ignorancia. No entienden que la economía es un sistema complejo, en delicado equilibrio, al que no se puede arrebatarle algunos engranajes y esperar que siga funcionando normalmente.
Los precios en una economía, incluyendo los salarios y tipos de interés, surgen de la mecánica del mercado que opera a través de los numerosos intercambios y las valuaciones que realizan continuamente las personas. Los precios de los bienes y servicios y las tasas de interés de los créditos, son esenciales para alcanzar el equilibrio y la eficiencia de una economía por que permiten armonizar los volúmenes de la demanda con los de la oferta.
Una ley económica básica, que solo los políticos muy necios pueden desconocer, es que en tanto no se consiga el equilibrio entre la oferta y demanda, a causa de la distorsión artificial de los precios, necesariamente habrá escasez o exceso de determinados bienes o servicios. Y eso es lo que ocurre cuando los gobiernos fijan compulsivamente los precios, salarios o tasas de interés a espaldas de la gente que opera en el mercado.
La fijación de tasas máximas de interés por debajo del nivel que el mercado hubiera establecido, como pretenden los legisladores, resulta en la destrucción del equilibrio, el exceso de la demanda y la escasez de ofertas de créditos. El caos consiguiente impone altos costos a la producción y el comercio, promueve el favoritismo y la corrupción, desbarata empresas y empleos, y causa enormes pérdidas a las personas. El efecto es exactamente el opuesto al que buscan los legisladores al sancionar la ley.
Los políticos que imponen coactivamente precios o tasas de interés máximas, no solo niegan la existencia de la ciencia económica y sus leyes, sino que también desconocen claros preceptos constitucionales. Precisamente, para evitar los perjuicios económicos que ocasiona la distorsión de precios, la Constitución Nacional de Paraguay en su Art. 107, expresamente prohíbe el alza o la baja artificial de los precios y garantiza la libre competencia en el mercado.
La pretensión de los legisladores es tan irracional como la de los curanderos. Es difícil entender cómo no ven que si fuera posible fijar por decreto los precios y las tasas de interés en un nivel distinto del que hubiera establecido una economía sin trabas, todos los países serían ricos. Los salarios serían muy altos, los productos agrícolas tendrían los mejores precios y las tasas de interés serían negativas, es decir, los bancos pagarían a los interesados por tomar sus créditos.
La realidad es muy diferente. Si los precios son muy altos, en relación al nivel del mercado, la demanda disminuye y caen las ventas y la producción. Si se fijan salarios mínimos oficiales por encima de la productividad de la mano de obra, cae la demanda de trabajadores y aumenta el desempleo. Lo mismo ocurre cuando se fijan tasas de interés máximas buscando promover la inversión. Si las tasas son muy bajas, el ahorro se derrumba, y caen la inversión y el empleo. El resultado de la injerencia estatal es siempre el opuesto al deseado.
Pero no todo es necedad en la legislatura. A veces la injerencia de los políticos solo busca el privilegio y lucro sectorial. Días atrás los legisladores impusieron una injusta ley que carga sobre el pueblo las deudas morosas del estatal banco BNF, notable fuente de prebendarismo y corrupción del gobierno. Y como si todo fuera poco, decidieron capitalizar el quebrado banco con bonos del Tesoro por 340 mil millones de guaraníes. Es lo que se dice, “engordar la piñata para los amigos”.
Esto no es casual. El intervencionismo estatal en la economía no solo distorsiona los precios, desorganiza la producción, origina escasez y destruye empleos, sino que inevitablemente genera corrupción y despilfarro.

Porfirio Cristaldo Ayala es presidente de la Fundación Foro Libertario (Paraguay).