El Banco República no se fundó para atender exigencias del erario público, ni para ser instrumento complaciente del gobierno: se fundó únicamente con el propósito de satisfacer necesidades sentidas del comercio y del trabajo y para regularizar el crédito en general

Por Nelson Fernández Salvidio

“El Banco República no se fundó para atender exigencias del erario público, ni para ser instrumento complaciente del gobierno: se fundó únicamente con el propósito de satisfacer necesidades sentidas del comercio y del trabajo y para regularizar el crédito en general (…) El Banco se ha desenvuelto dentro de las prescripciones de su ley orgánica, que son de autonomía, conquistando pronto el crédito y la confianza de que goza. Debe conservar, y si cabe, acrecentar ese crédito por la prudencia de su gestión, y por la corrección de sus procedimientos bancarios, por el mantenimiento de su independencia, tanto por parte de su Administración, como de los poderes públicos”.
El 13 de mayo de 1911, el entonces presidente José Batlle y Ordoñez, envió al Parlamento un proyecto de ley para estatizar el Banco República que había sido fundado en 1896 bajo un régimen de sociedad mixta (aunque no se había concretado participación privada en el capital de ese banco). En la exposición de motivos incluyó el fragmento transcripto.
Se trata del mismo banco, al que se le ha obligado a meterse en negocios ruinosos; al que se le ha impuesto dar préstamos a quien no tiene crédito de otra institución, sencillamente porque no tiene capacidad de pago; al que se le ha forzado a refinanciar deudas no de acuerdo a sus criterios técnicos, sino según el resultado de negociaciones políticas, entre otras atentados contra su “independencia”.
No conformes con eso, dirigentes políticos de todos los partidos discuten estos días sobre la forma de intrometerse también en el negocio entre privados.
En apariencia, la intención es buena, generosa, comprensiva. Hay gente que está endeudada en dólares y no puede pagar según las condiciones del contrato, porque tras la devaluación brusca del 20 de junio del año pasado, la cuota le pesa mucho en su gasto mensual. Y además, está preocupada porque la deuda –medida en pesos– ha crecido mucho.
Uno de los argumentos expuestos por quienes se inclinan por una ley para forzar una refinanciación, es que el Estado tiene culpa, porque el gobierno aseguró que no iba a devaluar en forma brusca y sí lo hizo. Eso es relativo, porque cada uno asume compromisos y riesgos y debe ser responsable por sus actitudes. Pero si se quisiera compensarlos, podría aprobarse una especie de subsidio directo a los afectados, sin afectar a la otra parte, que más que los bancos son los depositantes que colocan su dinero para que lo preste a los tomadores de crédito.
El otro argumento es que hay que salvar a la gente porque los bancos se quieren quedar con sus casas, sus automóviles y sus campos. El negocio de los bancos no es prestarle a gente que no puede pagar y luego ejecutar la garantía, sino recuperar el capital más un atractivo interés. Se imagina el lector lo difícil que es vender hoy una casa, un automóvil, a un precio cercano al que se manejaba hace uno o dos años atrás.
Cuando los depositantes van a retirar sus ahorros del banco, ¿con qué le pagaría la institución? “Bien, señores, a todos ustedes le vamos a dar una casa de dos dormitorios en el Buceo, una camioneta con 200 mil kilómetros pero bastante enterita, un taller grande en el Cordón y unos campos en Lavalleja y en Rocha: se los reparten, los venden, hagan lo que quieran”, les podría decir el banquero a los ahorristas. No quedarían muy conformes los que depositaron efectivo y quieren recuperar billetes.
Uruguay atravesó una crisis bancaria en 2002, de la cual no ha salido. La corrida de ahorristas marcó un récord mundial: salieron del sistema bancario la mitad de los depósitos. Se estiró el plazo de los depósitos en los bancos del Estado y quebraron cuatro bancos y una cooperativa de ahorro.
Como no se incurrió en una solución política “a la Argentina” que generalizó el problema (“corralito”), y se logró apoyo internacional a esa salida, en los meses de octubre, noviembre, diciembre y casi todo enero, muchos ahorristas que tenían el dinero en sus casas lo llevaron de nuevo a los bancos. Pero, escarmentados, lo colocaron “a la vista”, nada de plazo fijo y en algún caso, a sólo 30 días.
Desde fin de año, un rumor comenzó a circular en Montevideo: que se podían “pesificar“ los depósitos. La gente no creyó. Pero a fines de enero, en el Parlamento se comenzó a discutir una ley de refinanciación de deudas y se habló de convertir a pesos las que estaban en dólares a una determinada (y caprichosa) cotización. Los ahorristas entendieron que si se iban a “pesificar” los créditos, también se “pesificarían” los depósitos. El rumor comenzó a tener un fundamento.
Todo los ahorros que lentamente había recuperado el Banco República en casi cuatro meses, se esfumaron en cuatro días. La corrida fue en todo el sistema y su magnitud –medida en porcentaje de los depósitos existentes– fue mayor que la de cualquier semana de la crisis. Ello se dio porque ahora los ahorristas no tienen que esperar el vencimiento de su plazo fijo, pues tienen la liquidez de una caja de ahorro, porque están “en guardia” ante la mínima sensación de riesgo.
En el verano no prosperó esa ley y cuando la gente vio que el riesgo pasaba, que no había “pesificación”, dejó de hacer retiros y además fue llevando el dinero de nuevo, lentamente, a los bancos. Tendencia creciente que se mantuvo hasta hace unos días.
Una fecha clave para que esa tendencia se afirmara era la relativa al canje de deuda. Si Uruguay resolvía al menos en el corto plazo el pago de bonos, despejaba incertidumbre y aunque no fuera el paraíso, habría una calma temporal, “un veranito“, razonaban muchos ahorristas. Y si el canje fracasaba, la sensación de riesgo volvía.
El canje fue exitoso. Pero lo inesperado fue que la dirigencia política insistiera con proyectos de ley para suspender ejecuciones y obligar a los bancos a refinanciar deudas con determinados criterios.
Los depósitos ya no siguen en aumento, lo que significa que el impacto positivo del canje de deuda se está desaprovechando. O que directamente se desaprovechó. ¿La historia vuelve a repetirse?
El ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, reunió a banqueros para lograr un compromiso de que no se hagan ejecuciones y que se asegure públicamente un esquema de refinanciación para los deudores. Eso, para explicarle a los legisladores que hay una solución y pedirles que no voten una ley, lo que sería un golpe duro al sistema. “Si se vota la ley, yo renuncio”, dijo el ministro en su despacho, convencido que no tendrá fuerza para frenar una nueva corrida.
Es probable, aunque el riesgo persiste, que con la fórmula que Atchugarry trasladó a legisladores, se llegue a un acuerdo para que no haya ley.
Igualmente, el daño al sistema está hecho. Se registra en los datos de depósitos de los últimos días y se va a percibir cuando alguien vaya a pedir un crédito a un banco. Todo eso golpea a la economía, retarda la reactivación que tanto precisan los más pobres.
Hoy jueves 29, hace exactamente un año que el presidente Jorge Batlle dijo que el “modelo económico” de Uruguay no era “ni chicha ni limonada”. Un año después, se sigue “a mitad de camino”. Si el argumento para votar una ley como la mencionada es ideológico, sería mejor inclinar la balanza hacia ese esquema de pensamiento pero en serio: “estatizar la banca”.
Si lo que se quiere es que la cobranza de los créditos sea muy flexible, que se perdonen las deudas o parte de ellas, que se modifiquen las condiciones a favor del que tomó prestado, lo más adecuado sería manejar directamente todo el negocio y no conformarse con uno o dos bancos estatales.
Aún así, sólo con bancos estatales, para las refinanciaciones generosas, generalizadas y compulsivas desde el ámbito político, habría que incumplir los propósitos con los cuales se estatizó el República hace 92 años.

Nelson Fernández es periodista, docente de Periodismo en la Universidad Católica del Uruguay y profesor de Economía de la Universidad ORT de Montevideo. Preside el Capítulo Uruguayo de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas (AIPEF). Esta columna fue publicada en la revista Búsqueda de Montevideo, del 29 de mayo de 2003.