Lo que se ha producido en Cuba es un nuevo grave error de política económica, porque falta lo fundamental para su correcta aplicación: economía de mercado, derechos de propiedad y libre empresa, el segundo lazo de la relación. A nadie, en su sano juicio, se le ocurre en una economía intervenida centralmente y de corte estalinista aplicar sistemas de retribución diferentes a los trabajadores.

Por Elías Amor Bravo

La teoría económica convencional sugiere que el salario percibido por un trabajador debe guardar relación con la productividad obtenida, mas en concreto, con la productividad marginal del trabajo, la adición de producto que se genera por la aplicación de una unidad adicional de factor trabajo. Un poco complejo, pero sencillo desde el punto de vista práctico. Ninguna empresa podrá pagar a un trabajador más de aquello que produce en valor. Esta regla permite determinar el equilibrio en el mercado de trabajo y analizar, en qué medida, los individuos ajustan sus preferencias en la relación trabajo ocio en función de los precios y las preferencias.

Por lo tanto, la relación entre salarios y productividad viene determinada por las condiciones de proceso productivo, la tecnología, lo que los economistas denominan la “función de producción”, pero también está condicionada por las reglas del valor, del mercado, del precio. Esta segunda línea de dependencia no fue correctamente delineada por Marx y sus seguidores, de modo que en esta cuestión es donde se produce uno de los puntos más débiles de la ideología comunista. La incapacidad de la economía marxista para explicar en términos de lo que ellos denominan factor trabajo la retribución desigual de éste, complica de forma notable las conclusiones a las que estos autores conducen al sistema capitalista. La evidencia empírica ha confirmado que el sistema que precisamente ha desaparecido es el comunista, pero este es asunto para otra colaboración.

Lo que ahora nos ocupa y, preocupa, es saber que, de forma repentina, las autoridades cubanas han introducido la primera reforma destinada a que los salarios se determinen por la productividad, poniendo fin al sistema igualitario que se ha mantenido desde el triunfo de la revolución castrista, inspirado en la doctrina marxista. La Resolución 9/2008 del Ministerio de Trabajo y Seguridad social del 2 de febrero pasado fijó un mecanismo mediante el cual las empresas pueden ajustar sus retribuciones al personal de acuerdo con el resultado productivo.

Como ya se ha señalado, nada que objetar a esta decisión. Trabajos distintos deben percibir retribuciones diferentes en función de su resultado. Que la eficacia y aplicación en el desempeño vaya asociada a una mayor retribución, tampoco.

En el último sistema comunista de Occidente no deja de ser sorprendente que se establezcan mecanismos para aplicar salarios diferentes en función de la productividad. La instrumentación de la medida es asombrosa y el entusiasmo de las autoridades causa sorpresa. Hasta el viceministro de Trabajo y seguridad social, Carlos Mateu, hizo unas declaraciones argumentando que “igualitarismo y paternalismo son inconvenientes en un régimen comunista”. Hace algunos años, por afirmar algo así, le habrían hecho un juicio popular, o lo hubieran despedido de su trabajo como a un disidente.

En mi opinión, lo que se ha producido en Cuba es un nuevo grave error de política económica, porque falta lo fundamental para su correcta aplicación: economía de mercado, derechos de propiedad y libre empresa, el segundo lazo de la relación. A nadie, en su sano juicio, se le ocurre en una economía intervenida centralmente y de corte estalinista aplicar sistemas de retribución diferentes a los trabajadores.

La clave está en determinar qué burócrata está en condiciones de fijar diferencias salariales entre los distintos empleos y ocupaciones. Si la experiencia de la planificación del racionamiento ha sido un desastre, qué podemos esperar de una fijación desde arriba de las diferencias salariales. Nada bueno. En base a qué criterios objetivos se puede determinar esa distribución de las retribuciones.

Además, está la cuestión del valor de lo producido. La obtención de más producción no garantiza un mejor precio de venta, sino todo lo contrario, al caer los precios por un exceso de oferta en los mercados, por lo que la retribución posiblemente no debe estar directamente relacionada, si no existe una demanda suficiente. El exceso de producción puede llevar a una reducción de los salarios reales.

En muchas ocasiones he tenido la ocasión de explicar que el problema económico cubano no es trabajar más para producir más, sino hacerlo mejor, con más eficiencia, y ahí sí que entra la variable productividad. Pero los dirigentes comunistas deben saber que la productividad no depende sólo del factor trabajo, sino que también hay que tener en cuenta la influencia del resto de factores productivos: tierra, naturaleza, capital y tecnología, entre otros.

Pero hay más. Las empresas cubanas que pertenecen a la mayor parte de sectores productivos, no están a la altura de las exigencias tecnológicas del presente para operar con eficacia y eficiencia en los mercados, y ello influye en la productividad del trabajo. No es una mera cuestión de desmotivación o de no colaboración con el régimen lo que está pasando en Cuba. Es la inercia de cuatro décadas, casi cinco, de inactividad en materia de política económica y de fracaso de un modelo. No solo hay que reformar el sistema económico hacia la propiedad privada, el mercado, los incentivos y la competencia, hay que realizar antes cuantiosas inversiones para que las empresas cubanas puedan competir al mismo nivel que las mexicanas, colombianas o venezolanas.

Creo que no se van a conseguir los objetivos buscados, y finalmente habrá más gasto público, más déficit estructural, más demanda, y más inflación, lo que es un grave peligro para una economía débil y con escasa capacidad de maniobra. Cuando en 2005 se decidió aumentar salarios y pensiones, y las autoridades confiaron en el señoriaje del aumento del gasto público y la consecuencia fue inmediata: los precios en la Isla empezaron a crecer a unos ritmos cada vez más intensos.

Nadie está en contra de una política salarial que establezca diferencias de acuerdo con el trabajo, la especialización y la productividad. Simplemente, esta medida en un sistema comunista planificado e intervencionista, que mantiene notables desequilibrios estructurales, sólo puede obedecer al intento de silenciar voces de protesta que arrecian en la calle, o a un intento de ganar tiempo, hasta que realmente se produzcan los cambios necesarios a los que he hecho referencia. Mientras tanto, nada bueno cabe esperar de las mismas.

Elías Amor Bravo es Economista de la Unión Liberal Cubana.