CHILE: RESULTADOS ALARMANTES EN EVALUACIÓN EDUCATIVA
La única manera de que Chile responda a los desafíos de hoy y de las generaciones futuras es enfatizar los instrumentos de políticas públicas en un marco de mucho mayor descentralización de la gestión educacional. Luego, se debiera tender a reforzar los mecanismos de subsidio a la demanda, de libre elección para los padres y de mayor autonomía de los establecimientos sujetos a metas específicas.Por Cristián Larroulet y Rodrigo Castro
(El Mercurio, 30 de Abril de 2003) Los resultados del Simce 2002 de cuarto básico son - por decir lo menos- preocupantes. Muestran el enorme déficit de calidad que mantiene nuestro sistema escolar y dan cuenta de una fallida estrategia para mejorar el rendimiento de los estudiantes tanto en la educación básica como en la media. Algo aún más alarmante de esta nueva medición es que por tercera vez consecutiva, desde que se implementó la reforma educacional en 1997, la evaluación muestra resultados negativos.
Este magro desempeño indica que, pese a la enorme inversión que se está realizando en educación, el aprendizaje de los jóvenes ha evolucionado a un ritmo que no sigue siquiera de cerca el gasto público en educación. Este último se ha más que triplicado en los últimos 12 años, aumentando su participación en el PIB desde un cuatro a un siete por ciento.
Asimismo, se constata que los resultados en las pruebas internacionales - TIMSS- en las que nuestro país ha participado tampoco reflejan el enorme esfuerzo realizado en términos de recursos. Parte de estos recursos adicionales se han distribuido por medio del sistema de subvenciones, y el resto, en una proporción creciente, en programas centralizados - P900, Jornada Escolar Completa, Montegrande, Enseñanza Media obligatoria, entre otros- que buscan intervenir de forma directa en la entrega del servicio educacional. Sin duda que este mecanismo de asignación de recursos no respeta la enorme diversidad existente entre las escuelas, en donde cada una de ellas enfrenta realidades muy distintas, y para lo cual se requieren diferentes soluciones.
En este contexto, cabe recordar dos elementos centrales que fueron postulados por la Comisión Brunner en 1994. Por un lado, aquellos que dicen relación con lograr estímulos para mejorar la gestión educacional, y por otro, los relacionados con los recursos destinados a la educación.
Ambos elementos guardan una estrecha relación entre sí. Nada se ganaría con gastar más si no se cambian el contexto ni los incentivos dentro de los cuales operan las escuelas, y no sería suficiente modificar ese contexto y los incentivos que proporciona si el país no invierte más en educación.
A la luz de estos resultados, parece conveniente introducir mejores sistemas de incentivos a profesores y escuelas, como también mejorar el diseño e implementación del Simce. Lo primero se facilitaría por la vía de fortalecer el sistema de subvenciones existente, por ejemplo, a través de una subvención diferenciada, que permita apoyar en mayor proporción a los alumnos más pobres, dado el mayor costo relativo de su educación. Lo segundo, por ejemplo, implica traducir los puntajes obtenidos en cada materia evaluada a logro de los contenidos. Así, alumnos, padres y profesores se interesarían en que se alcancen los niveles de conocimiento de los planes de estudio. También se podría aumentar la frecuencia de las mediciones a los 4º y 8º básicos y a los segundos medios. De esta manera, sería posible evaluar los avances en calidad y aporte de cada escuela al desempeño de los alumnos. Por último, se hace necesario asegurar que los padres y apoderados reciban en forma clara y directa los resultados de sus hijos. Esto permitiría que se sepa cómo está cada uno de los estudiantes en relación con el promedio del colegio y cómo se encuentra el establecimiento en relación con los demás.
La única manera de que Chile responda a los desafíos de hoy y de las generaciones futuras es enfatizar los instrumentos de políticas públicas en un marco de mucho mayor descentralización de la gestión educacional. Luego, se debiera tender a reforzar los mecanismos de subsidio a la demanda, de libre elección para los padres y de mayor autonomía de los establecimientos sujetos a metas específicas. Esto significa que la mayor cantidad de recursos posibles debieran ser transferidos a través de la subvención educacional en un marco de autonomía de la gestión y de sana competencia entre las escuelas. Éste será el único modo en que las escuelas se constituyan verdaderamente en el centro del proceso educativo y logren dar el gran salto que hoy requiere la educación.
(El Mercurio, 30 de Abril de 2003) Los resultados del Simce 2002 de cuarto básico son - por decir lo menos- preocupantes. Muestran el enorme déficit de calidad que mantiene nuestro sistema escolar y dan cuenta de una fallida estrategia para mejorar el rendimiento de los estudiantes tanto en la educación básica como en la media. Algo aún más alarmante de esta nueva medición es que por tercera vez consecutiva, desde que se implementó la reforma educacional en 1997, la evaluación muestra resultados negativos.
Este magro desempeño indica que, pese a la enorme inversión que se está realizando en educación, el aprendizaje de los jóvenes ha evolucionado a un ritmo que no sigue siquiera de cerca el gasto público en educación. Este último se ha más que triplicado en los últimos 12 años, aumentando su participación en el PIB desde un cuatro a un siete por ciento.
Asimismo, se constata que los resultados en las pruebas internacionales - TIMSS- en las que nuestro país ha participado tampoco reflejan el enorme esfuerzo realizado en términos de recursos. Parte de estos recursos adicionales se han distribuido por medio del sistema de subvenciones, y el resto, en una proporción creciente, en programas centralizados - P900, Jornada Escolar Completa, Montegrande, Enseñanza Media obligatoria, entre otros- que buscan intervenir de forma directa en la entrega del servicio educacional. Sin duda que este mecanismo de asignación de recursos no respeta la enorme diversidad existente entre las escuelas, en donde cada una de ellas enfrenta realidades muy distintas, y para lo cual se requieren diferentes soluciones.
En este contexto, cabe recordar dos elementos centrales que fueron postulados por la Comisión Brunner en 1994. Por un lado, aquellos que dicen relación con lograr estímulos para mejorar la gestión educacional, y por otro, los relacionados con los recursos destinados a la educación.
Ambos elementos guardan una estrecha relación entre sí. Nada se ganaría con gastar más si no se cambian el contexto ni los incentivos dentro de los cuales operan las escuelas, y no sería suficiente modificar ese contexto y los incentivos que proporciona si el país no invierte más en educación.
A la luz de estos resultados, parece conveniente introducir mejores sistemas de incentivos a profesores y escuelas, como también mejorar el diseño e implementación del Simce. Lo primero se facilitaría por la vía de fortalecer el sistema de subvenciones existente, por ejemplo, a través de una subvención diferenciada, que permita apoyar en mayor proporción a los alumnos más pobres, dado el mayor costo relativo de su educación. Lo segundo, por ejemplo, implica traducir los puntajes obtenidos en cada materia evaluada a logro de los contenidos. Así, alumnos, padres y profesores se interesarían en que se alcancen los niveles de conocimiento de los planes de estudio. También se podría aumentar la frecuencia de las mediciones a los 4º y 8º básicos y a los segundos medios. De esta manera, sería posible evaluar los avances en calidad y aporte de cada escuela al desempeño de los alumnos. Por último, se hace necesario asegurar que los padres y apoderados reciban en forma clara y directa los resultados de sus hijos. Esto permitiría que se sepa cómo está cada uno de los estudiantes en relación con el promedio del colegio y cómo se encuentra el establecimiento en relación con los demás.
La única manera de que Chile responda a los desafíos de hoy y de las generaciones futuras es enfatizar los instrumentos de políticas públicas en un marco de mucho mayor descentralización de la gestión educacional. Luego, se debiera tender a reforzar los mecanismos de subsidio a la demanda, de libre elección para los padres y de mayor autonomía de los establecimientos sujetos a metas específicas. Esto significa que la mayor cantidad de recursos posibles debieran ser transferidos a través de la subvención educacional en un marco de autonomía de la gestión y de sana competencia entre las escuelas. Éste será el único modo en que las escuelas se constituyan verdaderamente en el centro del proceso educativo y logren dar el gran salto que hoy requiere la educación.