En la edición digital del martes 15 de mayo del diario El Sureño de Tierra del Fuego, se publicó una réplica del diputado nacional Leonardo Ariel Gorbacz al trabajo de investigación que Gabriel Salvia viene desarrollando en la Fundación Friedrich A. von Hayek con el nombre de Burocratómetro , y que año a año recoge la lista de aquellos proyectos de ley, presentados por los legisladores nacionales, que con un claro espíritu redistributivo proponen todo tipo de actividades que implican un incremento en el gasto público. Dentro de esta lista, el Burocratómetro correspondiente al año 2006 incluyó un proyecto del diputado Leonardo Ariel Gorbacz y de su colega María Fabiana Ríos, para la creación de un “boleto aéreo estudiantil”. A su vez, un nuevo legislador también manifestó su enojo por el Burocratómetro . Esta vez se trata de la senadora nacional por la provincia del Chaco Alicia E. Mastandrea, quien efectuó su descargo en la edición del 16 de mayo de datachaco.com bajo el título: “Mastandrea cuestionó publicación de Infobae”. Dentro de los proyectos que suponen incrementar el gasto público, se incluyó en el Burocratómetro a la iniciativa de esta senadora de sancionar una ley para la “Protección de meteoritos y demás Cuerpos Celestes”.

Por Ricardo M. Rojas

En la edición digital del martes 15 de mayo del diario El Sureño de Tierra del Fuego, se publicó una réplica del diputado nacional Leonardo Ariel Gorbacz al trabajo de investigación que Gabriel Salvia viene desarrollando en la Fundación Friedrich A. von Hayek con el nombre de Burocratómetro, y que año a año recoge la lista de aquellos proyectos de ley, presentados por los legisladores nacionales, que con un claro espíritu redistributivo proponen todo tipo de actividades que implican un incremento en el gasto público.

Dentro de esta lista, el Burocratómetro correspondiente al año 2006 incluyó un proyecto del diputado Leonardo Ariel Gorbacz y de su colega María Fabiana Ríos, para la creación de un “boleto aéreo estudiantil”.

Según el proyecto, se dispondría una tarifa diferencial en los pasajes aéreos equivalente al 40% de la tarifa normal, para los estudiantes universitarios o de establecimientos de nivel terciario, residentes en el país, que realicen sus estudios a más de 1.500 kilómetros de su domicilio, dentro del territorio nacional. Las líneas aéreas deberían permitir cambios de fecha sin penalidades y no podrían establecer cupos.

Sostiene el artículo 6º del proyecto, que el Poder Ejecutivo Nacional deberá incorporar al presupuesto anual, la partida pertinente para garantizar el presente beneficio, incluyendo en los próximos pliegos de condiciones de licitaciones de rutas aéreas que correspondan, como condición excluyente, que los oferentes garanticen la implementación del beneficio.

En un intento por desviar la atención del asunto hacia la discusión de ideologías políticas, el diputado Gorbacz declaró al diario: “El gasto en educación es inversión, aunque para algunos economistas de derecha es mejor utilizar el superávit para pagar la deuda externa”.

Ese argumento perdido en las tinieblas de décadas pasadas, e incluso desfasado de la realidad actual argentina –fue el propio Presidente Kirchner quien hace poco utilizó parte de ese mismo superávit para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y lo hizo desde un discurso típicamente de “izquierda”-, no alcanza para desviar la atención de las verdaderas cuestiones en juego.

Se pueden señalar algunos errores conceptuales y metodológicos en el razonamiento del diputado:

1. Da por presupuesto que existe un superávit fiscal, y lo que es peor, que ese superávit no genera costos y sacrificios para quienes lo forman. La idea misma de superávit fiscal es altamente cuestionable. Está en la base de toda sociedad libre, que los impuestos son una excepción, que sólo deben recaudarse en la medida indispensable para cubrir los gastos básicos del funcionamiento del gobierno, pues se trata de exacciones forzosas sobre la propiedad de los ciudadanos.

Por el contrario, lo que viene sucediendo desde hace algún tiempo es que el Estado avanza con una voracidad arrolladora sobre la propiedad privada, recauda todo lo que puede, mucho más de lo que necesita, y luego aparecen quienes, como el diputado Gorbacz, piensan en qué gastarlo. El propio diputado explica en el reportaje que en el primer trimestre del año hubo un superávit de $ 5.086 millones, y esto es invocado frecuentemente con orgullo por muchos funcionarios del gobierno. Claro que con este superávit, es lógico que a los diputados y senadores se les agudice la imaginación para presentar proyectos como los que se describen en el Burocratómetro.

Para mencionar sólo unos pocos de los últimos años: llamar a licitación internacional para la creación del símbolo argentino de los derechos humanos, declarar de interés nacional al básquetbol argentino escolar, la incorporación de la pasa de uva a la dieta alimentaria escolar, la creación de un oratorio abierto multidenominacional, instituir el premio “Senado Nacional” para la mejor tropilla participante en la X Edición de la Fiesta Nacional del Cordero; construcción del monumento dedicado al “Argentino Anónimo”; solicitar al Poder Ejecutivo el otorgamiento de un subsidio al Marabunta Rugby Club de Cipoletti, provincia de Río Negro; declarar a la ciudad de Gancedo, en la provincia del Chaco, Capital Nacional del Meteorito; un fondo de fomento y desarrollo de la actividad camélida; otro fondo de fomento para el cultivo del arándano; la construcción de un monumento a la madre, etc., etc.

La lista es interminable, y cada proyecto, por supuesto, incluye una cantidad de dinero para sustentarlo; o lo que es peor, simplemente dice que deberán disponerse las partidas necesarias del Tesoro Nacional, con lo cual no se sabe cuánto se debería gastar para ello. La lista anual de estos proyectos, con el nombre de los legisladores que los presentaron y un análisis de su impacto realizado por Gabriel Salvia, puede ser consultado en la sección Investigaciones de la página web de la Fundación Hayek: www.hayek.org.ar

2. Sin embargo, lo que el diputado Gorbacz no explica, es que los impuestos son pagados por personas, su pago significa un esfuerzo grande, y sobre todo, como los recursos son escasos, pagar los impuestos significa no poder realizar otros gastos, quizá mucho más importantes y necesarios para el contribuyente.

Por lo tanto, lo primero que debería despejarse es esa ilusión de que esos miles de millones de pesos surgieron de la nada, que son un hecho dado, y que entonces sólo es cuestión de buscar la mejor manera de gastarlos. Debería pensar el diputado que el 60% de cada pasaje aéreo que el Estado deberá pagar, será previamente quitado a otras personas en sacrificio de sus propios intereses y necesidades. Una parte pequeña de alguno de esos pasajes de avión será pagado con un esfuerzo gigantesco, por ejemplo, por un señor que jamás podrá enviar a sus hijos ni siquiera a un colegio secundario.

Esa presunción de omnipotencia tan frecuente en los funcionarios políticos, debería hacernos reflexionar respecto de la palabra “mandatario”. Se la menciona con pompa y formalismo en las reuniones oficiales, especialmente cuando se habla del Presidente de la República como el “primer mandatario”. Pero el mandatario es, por definición, el que hace una tarea por encargo de otro (el mandante), que es el verdadero titular del negocio de que se trate. Es más, la Constitución de 1853 consideraba al Presidente y vicepresidente como empleados, al sostener en el art. 74 de la numeración original que duraban en su “empleo” el término de seis años. Al reformarse este artículo en 1994, se sustituyó “empleo” por “funciones”, lo que muestra el cambio ideológico producido desde entonces.

Los verdaderos “mandantes”, aquellos para quienes los empleados públicos trabajan, son los ciudadanos contribuyentes, que los eligen y pagan impuestos para que el gobierno cumpla con aquellas funciones taxativamente enunciadas por la Constitución, no para que se apoderen de su propiedad y la redistribuyan a su antojo.

3. Analizando concretamente el proyecto del diputado Gorbacz, también deben destacarse varias inexactitudes y peculiaridades.

a) En primer término, es una típica norma destinada a redistribuir recursos en beneficio de sectores determinados. Decir que la ley se aplicará a aquellas personas que viven a más de 1.500 kilómetros de la universidad donde estudian, es prácticamente lo mismo que decir: los habitantes de Tierra del Fuego que estudian en Buenos Aires. Se trata de un proyecto de ley netamente destinado a otorgar privilegios a ciertos habitantes de la provincia del legislador, como muestra habitualmente el Burocratómetro.

b) En segundo lugar, el diputado trata de disfrazar este proyecto como si fuera un gasto en educación. El título del artículo periodístico lo dice todo: “’El gasto en educación es inversión’, replicó Gorbacz”.

Ahora bien, en muchas partes del mundo, sobre todo en países de extenso territorio, los estudiantes universitarios tienen que irse a vivir a lugares lejanos de su hogar durante años para completar sus estudios. Muchas veces, quizá vuelven a sus casas unas pocas semanas por año, durante las vacaciones. Lo que plantea el proyecto del diputado Gorbacz no supone invertir en educación, en facilitar o mejorar la educación del beneficiario de este privilegio,sino, en todo caso, facilitar sus relaciones familiares durante la época de estudios. De no existir este privilegio, la persona estudiaría exactamente en las mismas condiciones; la única diferencia es que quizá no podría viajar tan seguido a visitar a su familia. De modo que el acceso a la educación y su nivel no tienen vinculación alguna con este subsidio.

Todo esto es admitido incluso por el propio legislador en los Fundamentos con los que acompaña el proyecto. En efecto, sostiene el informe en uno de sus párrafos:

“Muchos jóvenes, año a año, se van por razones de estudio de sus provincias y no sólo deben sufrir el desarraigo y el alejamiento de su familia en los primeros tiempos, sino que luego, si no existe la posibilidad de regreso frecuente a sus ciudades, terminan sobreadaptándose a su nuevo lugar de residencia a partir de cortar los vínculos afectivos con el de origen. Es decir, luego ya no regresan, con lo cual aquellas provincias terminan perdiendo buena parte de sus jóvenes, que una vez formados vuelcan sus conocimientos en las regiones donde estudiaron y no en aquellas donde nacieron y se criaron. Así, en parte, el desproporcionado poblamiento de nuestro país se explica también por la falta de políticas de distribución de las posibilidades educativas”.

Nuevamente, para ponerlo en términos reales, se refiere a los habitantes de Tierra del Fuego que se van a estudiar a Buenos Aires, o La Plata, o Rosario o Córdoba, y se quedan a vivir en esas ciudades porque tienen mejores expectativas laborales una vez que terminan su carrera universitaria.

A este problema real no se lo soluciona regalándoles el 60% de los pasajes aéreos para que visiten a su familia mientras duren sus estudios. Pues si las chances laborales siguen siendo más favorables en Buenos Aires, de todos modos intentarán quedarse allí una vez que se gradúen.

Entre otras cosas, el problema de las chances desproporcionadas tendría un principio de solución disminuyendo la presión tributaria, permitiendo que las personas que habitan las provincias, especialmente las más alejadas de Buenos Aires, no estén obligadas a generar estos superávits que el diputado Gorbacz pretende redistribuir, sino que puedan aplicar los recursos en sus propias regiones, generando un crecimiento genuino y demandando el trabajo de quienes, luego de estudiar en otros lados, pueden regresar a su tierra a aplicar el producto de su estudio.

c) Es más, el proyecto fue presentado en la Comisión de Transportes, y curiosamente, el diputado Gorbacz menciona como fundamento el artículo 42 de la Constitución Nacional, al cual cita textualmente, y vale la pena reproducir aquí:

“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos…”. No se alcanza a entender qué relación pueda tener esta cláusula constitucional con el privilegio de determinadas personas a viajar en avión pagando tan sólo el 40% del precio del pasaje. Pero sí es muy adecuada para evaluar la situación de todo el resto de los usuarios de aviones.

En la medida en que sea el gobierno nacional quien se haga cargo de la diferencia en los pasajes, aparentemente no hay motivos para que haya ninguna alteración en la prestación del servicio. Pero como se dijo, la redacción del artículo 6º del proyecto de ley, al referirse a la incorporación de este privilegio dentro de los futuros pliegos de licitación de rutas aéreas, pareciera querer pasarle la carga a las empresas aéreas.

Entonces, podríamos ponernos en la piel de los futuros consumidores de pasajes aéreos. Subirán a aviones colmados de pasajeros que pagan el 40% del boleto (de acuerdo con el proyecto del diputado Gorbacz, no puede haber cupos para estudiantes).

Las alternativas a las que se verán por lógica enfrentados son: o bien una drástica disminución en la calidad del servicio, especialmente en las áreas de la seguridad, como consecuencia de la disminución en los ingresos de la empresa; o bien, a un enorme incremento en los precios de los pasajes, para pagar las diferencias de aquellos que viajan con privilegios. Esto último no parece condecir con el trato equitativo y digno al que se refiere la norma constitucional.

¿Qué pasará con el viajero común que cambie su pasaje y deba pagar un adicional por los inconvenientes producidos, frente al estudiante que puede cambiar la fecha cuantas veces quiera sin penalidad alguna? Esto llevaría a una razonable demanda por trato desigual, y a que, eventualmente, se quite toda penalidad en los cambios en las fechas de los vuelos, lo que provocaría un caos a las empresas aéreas.

Por otro lado, un incremento en el precio de los pasajes para absorber el privilegio de los estudiantes, chocaría de inmediato con los esfuerzos del gobierno nacional por evitar el incremento de los precios a través de “precios sugeridos”.

Si una gran cantidad de personas viajan por el 40% del pasaje, el gobierno no permite incrementar el precio, y a la vez exige condiciones de seguridad y confort en la prestación del servicio, en poco tiempo ya no habrá vuelos de empresas privadas a Tierra del Fuego. Seguramente la Fuerza Aérea deberá improvisar vuelos como lo hizo en otros tiempos. Pero incluso la Fuerza Aérea, hoy en día, ni siquiera puede garantizar el estado de sus aviones para prestar este servicio.

Ello sin perjuicio de una regla de oro del análisis económico del derecho, que indica que las normas generan incentivos, tanto para evitar perjuicios como para obtener beneficios. Por lo cual, no sería extraño que muchas personas que viven y trabajan a más de 1.500 kilómetros de distancia de sus ciudades de origen, se inscriban en cualquier universidad o instituto terciario para seguir cualquier carrera, por el sólo hecho de obtener pasajes aéreos al 40% del precio.

Frente a esto, parece irrelevante que el diputado Gorbacz haya gestionado la firma de 1.400 padres y alumnos que gozarán del privilegio, frente a los millones que deberán pagarlo directa o indirectamente. 4. Siguen ahora algunas objeciones más básicas al reportaje que estoy analizando, pero que creo muy importantes desde el punto de vista institucional.

Resulta muy curiosa, aunque preocupante, la reflexión del diputado Gorbacz respecto a la relación entre el sueldo de los legisladores y la presentación de proyectos de ley.

Según su apreciación, siguiendo la “lógica” del Burocratómetro, aquellos legisladores que no han presentado ningún proyecto de ley durante su mandato, estarían, en palabras del diputado: “…malgastando en mayor medida el presupuesto estatal al ocupar una banca y todo lo que ello significa y no devolverle nada a la comunidad…”.

El error conceptual del diputado en este punto, según mi criterio, tiene varios fundamentos:

a) La función principal del parlamento, en una sociedad libre, no es dictar leyes, sino controlar los actos del gobierno. Los parlamentos deberían ejercer mucho más celosamente las funciones de control institucional que la Constitución les otorga, en lugar de pensar que su única función es dictar leyes. Por ejemplo, debieron desquitar su sueldo los congresistas al discutirse leyes tales como la que otorgó superpoderes al jefe de gabinete, o la que modificó la integración del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, no se vio ningún celo republicano en esos casos.

Una de las funciones esenciales que tiene el diputado Gorbacz, para la cual se le pagan su sueldo y todos sus suplementos, es la de controlar que el gobierno no gaste más dinero del necesario; que el presupuesto sea equilibrado, no “superavitario”.

Es función del parlamento controlar a los principales funcionarios de los demás poderes, especialmente presidente y vicepresidente, ministros del poder ejecutivo, jueces de la Corte Suprema. En el ambiente político actual, el diputado Gorbacz tiene mucho trabajo por hacer para garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas, sin necesidad de inventar proyectos de ley para justificar su sueldo.

b) El argumento de que, con tal de justificar su sueldo, se debe presentar cualquier proyecto, no importa su contenido y consecuencias, no resiste análisis lógico. Seguramente es preferible un legislador que no presente ningún proyecto, antes que otro que presente proyectos que impliquen empeorar la situación de los contribuyentes y generar aventuras redistributivas. Es más barato, siguiendo el análisis del diputado, pagarle solamente su sueldo y todos sus suplementos que, además, pagar las consecuencias de malos proyectos de ley.

Los cuatro proyectos presentados durante 2006 por el diputado Gorbacz, ninguno de los cuales fue convertido en ley, no justifican ni en un mínimo porcentaje, su sueldo y extras. Si el diputado no entiende que su tarea no es la de presentar cualquier proyecto de ley, sino la de cumplir un rol institucional, podrá presentar cien proyectos y no sólo no justificará su sueldo, sino que lo hará más oneroso todavía.

5. Una última reflexión respecto de algo que le llamó la atención al diputado Gorbacz cuando visitó nuestra página web, lo cual agradezco personalmente.

Lo impactó, al punto de invocarla como una crítica a nuestra ideología, una frase de Ludwig von Mises, cuando dice: “las leyes y constituciones más generosas, cuando desaparece la economía de mercado, no son más que letra muerta”. No se menciona en el reportaje al diputado Gorbacz qué parte de esta frase no le gustó, o le pareció demostrativa de una ideología contraria a su pensamiento. Intuyo que tiene que ver con la referencia a la “economía de mercado”.

Se podrían agotar ríos de tinta discutiendo sobre esto. Sólo sería bueno que el diputado recuerde que sin una “economía de mercado”, no se producirían los recursos recaudados coactivamente como impuestos, que él, desde su banca y disfrutando del sueldo y “todo lo que ello significa” –según sus palabras- pretende redistribuir según su parecer. Eliminar la economía de mercado no significa solamente eliminar el proceso productivo, las libertades individuales, el progreso, las chances de bienestar. También significa eliminar la riqueza que el Estado toma por la fuerza en forma de impuestos, y que en todo caso debería utilizarse para cumplir con las auténticas funciones del gobierno.

Una nueva queja, una nueva respuesta

Un nuevo legislador manifestó su enojo por el Burocratómetro, trabajo de investigación producido por Gabriel Salvia para la Fundación Friedrich A. von Hayek.

Esta vez se trata de la senadora nacional por la provincia del Chaco Alicia E. Mastandrea, quien efectuó su descargo en la edición del 16 de mayo de datachaco.com bajo el título: “Mastandrea cuestionó publicación de Infobae”.

Dentro de los proyectos que suponen  incrementar el gasto público, se incluyó en el Burocratómetro a la iniciativa de esta senadora de sancionar una ley para la “Protección de meteoritos y demás Cuerpos Celestes”.

En primer lugar, habría que hacer algunas observaciones respecto de la respuesta de la Senadora. En ningún caso se consideró a su proyecto como una “burda iniciativa”, cosa que no está en el espíritu ni en la metodología de la investigación realizada. Sólo se señaló que es un proyecto que supone incrementar el gasto público.

Por otro lado, llama la atención la afirmación de la senadora de estar acostumbrada a que “desde Buenos Aires no conozcan todas las realidades de la República Argentina y menos aún sus bienes culturales”. Esto causa cierta perpelejidad, pues pareciera sugerir que con un sentido netamente federal, los meteoritos escogen caer en las provincias, no en la Capital, y sobre todo en la provincia del Chaco, como se puede advertir examinando proyectos presentados en años anteriores, como aquel que propuso convertir a la ciudad de Gancedo, en esa provincia, como la Capital Nacional del Meteorito.

Resulta un poco forzado considerar a los meteoritos como bienes culturales, si nos atenemos al concepto estricto de cultura, que supone la intervención o el desarrollo del hombre. El Diccionario de la Real Academia Española define a la cultura como “el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”.

Ciertamente se puede sostener que los meteoritos tienen un importante valor científico, y que por esa vía incrementan el conocimiento humano y contribuyen indirectamente a su cultura. Pero en todo caso, su protección, su clasificación y su estudio deberían estar en manos de las universidades e instituciones científicas, no del Estado.

Algo que causó cierta preocupación es que el proyecto de ley se refiere a los meteoritos y “demás cuerpos celestes”. Los cuerpos celestes son aquellos que están en el espacio, por ejemplo los planetas, los satélites, estrellas, cometas, etc. Afortunadamente, el proyecto aclara que la ley sólo protege a aquellos que ingresan en el territorio de la República Argentina y no a todos, pues de lo contrario –teniendo en cuenta que el proyecto no menciona cuánto dinero habría que invertir- esta protección sería excesivamente onerosa para los contribuyentes argentinos. Es bueno aclarar que cuando los meteoritos ingresan en jurisdicción del Estado Argentino, dejan de ser cuerpos celestes para convertirse en rocas.

Dos son las objeciones, desde la perspectiva de lo que el Burocratómetro estudia, que merecería este proyecto:

1. Tal como venimos sosteniendo, los recursos que recauda el gobierno son limitados, y en todo caso deben ser aplicados de la manera más eficiente posible, para satisfacer requerimientos vinculados con la protección de derechos básicos de la población.

Se pueden mencionar muchas de estas actividades que merecerían protección antes que las rocas que caen del espacio. Pero para poner un ejemplo comparativo, en el espacio aéreo de la República circulan también otros objetos colmados de personas, que insistentemente se sostiene que en cualquier momento chocarán y provocarán muchas muertes, por falta de radares y controles adecuados. Si bien las escalas de valor son individuales, se podría sostener con cierta autoridad que las vidas humanas deberían ser más valiosas que las rocas al momento de invertir los fondos públicos.

2. Como ocurre frecuentemente, el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo determinará una asignación presupuestaria específica dentro de la Ley de Presupuesto de la Nación para el cumplimiento de la presente ley. Lo que nuevamente deja a los contribuyentes indefensos respecto de poder saber cuánto dinero les costará mantener organismos públicos que, supuestamente, se dedicarán a proteger los meteoritos.

En definitiva, no cuestiono el valor científico que tiene el estudio de los cuerpos caídos del espacio (de allí el gran valor económico que tienen estos cuerpos y la existencia de un mercado que la senadora pretende erradicar). Las objeciones tienen que ver, fundamentalmente, con que en momentos de crisis los legisladores sigan priorizando estos temas frente a la necesidad de proteger derechos básicos del individuo, que deberán ser nuevamente pospuestos; y también con el hecho de que, más allá de modificar la naturaleza jurídica de los meteoritos y disponer su protección legal, todo lo que tiene que ver con su clasificación, cuantificación, estudio y preservación, no debería estar en manos del Estado sino de instituciones que realmente conozcan del tema, mantenidas con fondos privados y no con el dinero de los contribuyentes.

Por eso, podemos concluir en que es el meteorismo legislativo lo que el Burocratómetro se propone mostrar al ciudadano común.

Ricardo M. Rojas es Vicepresidente y Director Ejecutivo de la Fundación Friedrich A. Von Hayek www.hayek.org.ar