Por Fabian C. Calle

Seattle 1999, Génova 2002, Santiago de Chile 2006, Seúl 2006… ¿Qué tienen todos estos lugares y fechas en común? A primera vista muy poco. Se podría decir tentativamente que se trata de ciudades de países dotados de instituciones democráticas y con importantes éxitos, antiguos o más recientes, de respeto a la Ley. En los primeros dos casos son ciudades de dos de los países más desarrollados del planeta. En los otros, de dos exitosas transiciones a la democracia.

Pero hay algo más por lo cual hacemos mención expresamente a esas localidades y años: el uso del monopolio de la fuerza del Estado para actuar con todo el peso de la Ley contra acciones violentas de grupos que —bien o mal intencionados— infringieron la ley. Sea ante grupos de los más extremistas (los "non global") en los dos primeros casos, sectores anarquistas en el marco del aniversario por el golpe del 11-9-1973, o protestas sindicales en la potencia asiática, el denominador común fue la existencia de un Estado, de un poder político y de una sociedad que actuaron haciendo respetar la Ley y sin que la posterior emisión de los medios de prensa audiovisuales generara —al menos no significativamente— protestas sociales, crisis de gabinete, histerias colectivas o instrumentalizaciones políticas.

Una mirada a la Argentina post crisis 2001, nos muestra un país que con el esfuerzo conjunto de los actores sociales y políticos ha logrado revertir un derrumbe económico; siendo reconocido, aún por los opinólogos más pesimistas, crecimientos de hasta casi el 40% en los últimos 4 años y proyecciones de aumento del PBI no menor al 4% para los próximos 3 años. Fuertes caídas en los índices de pobreza y de extrema pobreza, así como la creación (según el INDEC) de más de 2 millones de empleo, aunque paralelamente —como costado negativo— persistan sustanciales niveles de disparidad en los ingresos.

También, hemos pasado de un debate político signado por la fragilidad del poder político y el debilitamiento de la figura presidencial (entre el 2000 y el 2003) a discusiones políticas —más o menos sinceras y bien intencionadas— sobre la existencia de un poder hegemónico.

Se podrían agregar diversos datos para completar este panorama de una supuesta normalidad mayor: el canje de la deuda, el pago al FMI, el reestablecimiento de una relación estratégica con Brasil, "buenas notas" del Departamento de Estado hacia la cooperación de la Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, etc.

¿Algo falta entonces para asumir que hemos dejado atrás la crisis y la emergencia? Sí, y volvemos al comienzo del presente artículo: el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado o el Leviatán en palabras de T. Hobbes. Desarrollemos este punto.

Por diversos motivos (la memoria colectiva de la violencia bifronte de los años setenta, la guerra de Malvinas, el derrumbe social de amplios sectores, medios de comunicación que en muchos casos asumen que criticar al Estado atrae rating, etc.) la dinámica político-social argentina del último lustro —aproximadamente— se caracteriza por la visión compartida por oficialistas y opositores sobre la consecuencia que tendría para el Estado hacer uso de ese monopolio. ¿Qué consecuencia? Crisis, inestabilidad, marchas, contramarchas, horas y horas de noticieros cargando las tintas contra el Estado, etc.

A partir de este diagnóstico, los que están en el poder —sea cual fuera su ideología o sistema de ideas y valores— evitan por todos los medios ejercer el monopolio del uso de la fuerza, y los que están en la oposición —sea cual fuera su ideología o sistema de ideas y valores— reclaman, en muchos casos, el uso de la fuerza movidos con la intención de que se activen esos mecanismos de crisis.

En este escenario, poco importa si unos son de centro-izquierda y otros de centro-derecha, con la eterna dificultad que existe para aplicar estas categorías europeas o chilenas a una Argentina en donde ha existido y existe el fenómeno del peronismo.

Seguramente este fenómeno no durará muchos años, pero tampoco parece tender a extinguirse en el corto plazo. Frente a ello, cabe asumir que un país que no logra los consensos sociales, políticos y mediáticos para ejercer el monopolio del uso de la fuerza dentro de parámetros racionales y legales —tal como en los casos de los cuatro casos nacionales citados al comienzo— aún no ha completado su salida de la crisis de gobernabilidad y que todo su proceso de estabilización y crecimiento económico y consolidación institucional está sujeto a las crisis latentes que genera la falta de esos consensos básicos.

El desafío central, como lo muestra la historia, recae más en los líderes y tomadores de decisión políticos y sociales —un buen caso para diferenciar a estadistas de meros políticos—, pero también en la sociedad en general, especialmente en los grandes centros urbanos con impacto mediático como Buenos Aires. En conclusión, todo se torna más confuso y disfuncional cuando la hipersensibilidad social hacia la fase coercitiva del Leviatán convive con activos reclamos por la seguridad ciudadana y la transformación de este tema en un estandarte electoral, tal como en el pasado lo fueran la inflación y el desempleo.

Fabián Calle es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y la Universidad Católica Argentina (UCA) e Investigador Asociado de CADAL.