Por Ricardo M. Rojas

En los últimos tiempos se han desarrollado a través de distintas organizaciones, una serie de índices destinados a medir variables sociales, y a comparar las de distintos países. Así, se han elaborado índices de eficiencia institucional, corrupción, libertad económica, confianza en la justicia, satisfacción con el gobierno, seguridad jurídica, etc.

La confección de estos índices entraña una serie de dificultades, vinculadas con cuáles son las variables a utilizar y de qué modo medirlas.

El trabajo que Gabriel Salvia viene realizando desde el año 2.000, bajo el nombre de "Burocratómetro", no puede ser considerado un índice en el sentido antes señalado, pero ciertamente está destinado a convertirse en una herramienta fundamental para elaborar alguno de los índices mencionados.

Este "Burocratómetro" consiste en un relevamiento de todos los proyectos de ley presentados por los legisladores anualmente, y un análisis posterior de cuáles de ellos supondrían un incremento en el gasto público. Es una tarea que a simple vista parece sencilla, pero un análisis un poco más profundo del material que contiene, permite extraer unas cuantas conclusiones respecto del funcionamiento y la filosofía de nuestro Poder Legislativo:

1) El derecho es identificado con la ley.

2) Los congresistas entienden que su tarea fundamental es elaborar leyes que establezcan marcos regulatorios de todas las actividades humanas.

3) La mayor eficiencia de la labor parlamentaria se mide por la cantidad y extensión de los proyectos de ley presentados.

4) La actividad legislativa es considerada como un mecanismo para distribuir privilegios a determinados sectores o regiones del país.

5) Normalmente, los legisladores ponderan los beneficios sectoriales que supondría sancionar las leyes que propugnan, pero no reparan en los costos involucrados para el resto de la sociedad.

Esto se ve ya desde las primeras cifras que arroja la investigación: En el período comprendido entre el 1º de marzo de 2005 y el 28 de febrero de 2006, se presentaron un total de 2.530 proyectos de ley, de los cuales 161 suponen un incremento directo en el gasto público. Dicho incremento en algunos casos es cuantificado en los propios proyectos, y en la mayoría simplemente se dispone que los gastos que implique la implementación de la ley serán cubiertos con fondos del tesoro nacional.

Desde proyectos de ley que proponen crear un fondo para la promoción y desarrollo del Cultivo del Arándano (que según el proyecto no debería ser inferior a los diez millones de pesos anuales, a valores constantes), un Fondo de Fomento Artesanal (con aportes que anualmente le asigne el Presupuesto General de la Nación), o el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Actividad Camélida (con un presupuesto, durante quince años, no inferior a los cinco millones de pesos anuales), hasta el ente para la promoción del consumo de frutas, verduras y hortalizas de producción nacional (que deberá subvencionarse con aportes del Tesoro Nacional), la fructífera imaginación de los legisladores, unida a los reclamos sectoriales de privilegios, han convertido al Congreso en una suerte de mercado persa de redistribución del dinero que se le quita por la fuerza a los contribuyentes día a día.

Los datos objetivos que arroja este trabajo, sugieren reflexiones que van más allá de lo anecdótico o risueño de determinados proyectos, y hacen pensar seriamente en la grave crisis institucional que vive la Argentina:

1) Esta peculiaridad de nuestros legisladores, ha dado lugar a lo que en algunos ámbitos se denomina como "inflación legislativa". El aumento en la "masa normativa" disminuye su valor frente a la sociedad, y así como la gente tiende a despreciar la moneda devaluada y busca otros bienes para usar como medios de intercambio, la inflación legislativa produce el desprecio de la gente por la ley, y la impele a buscar métodos alternativos de organizar su vida y relacionarse con los demás.

Por otra parte, el peligro de esta inflación crece desde que, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico las leyes se presumen conocidas, y por lo tanto son obligatorias, desde su publicación en el Boletín Oficial, y la ignorancia de la ley no es excusa para su incumplimiento (artículos 20 y 923 del Código Civil).

2) Desde otro perfil, puede advertirse cómo mes a mes, el Poder Ejecutivo muestra como un logro de gestión el "superávit fiscal", el récord constante en la recaudación impositiva. La ortodoxia constitucional indica que el gobierno debe limitar sus gastos a la medida necesaria para desarrollar eficientemente su labor, de acuerdo con la previsión presupuestaria aprobada por el Congreso.

En este sentido, cada peso de más que se recauda, es una exacción que carece de justificativo. En lugar de ver al superávit como un logro, en realidad debería considerárselo una desviación injustificada de dinero de los contribuyentes.

Pero a partir de este incremento en las arcas del Tesoro Público, no faltará imaginación a los legisladores para intentar que ese dinero se emplee en actividades que generan beneficios para determinados grupos. De este modo, en lugar de invertirse el escaso capital en actividades productivas genuinas, cae en la bolsa común que paga la redistribución forzada de privilegios sectoriales y corporativos.

3) Resulta penoso ver cómo, mientras los legisladores se esfuerzan por canalizar los dineros públicos en esta vorágine redistributiva, van resignando una a una sus fundamentales funciones institucionales, que pasan más por ejercer controles republicanos que por dictar leyes.

La concesión prácticamente irrestricta al Poder Ejecutivo de la atribución de legislar por decreto, o la resignación en el Jefe de Gabinete del control vinculado con el destino de ciertas partidas presupuestarias, son votadas sin ruborizarse por los mismos legisladores que proponen declarar de interés nacional la lucha contra la obesidad o crear un registro nacional de tatuadores.

Por todo ello, existen razones filosóficas, económicas, jurídicas y políticas para no dejar de ponderar los datos que arroja este trabajo, un termómetro que mide la febril propensión de los legisladores a generar constantemente beneficios para determinados sectores, a expensas del empobrecimiento general.

Ricardo Manuel Rojas es Vicepresidente de la Fundación Friedrich A. von Hayek.