El problema no es si la gente o los médicos tienen más necesidades. Todos sufren la prolongada recesión económica y todos están en un mismo bote. Si este hace agua todos se hunden. No puede un grupo sacar ventajas a expensas de otro, valiéndose de la ley, sin destruir al mismo tiempo las bases de la cooperación social sustentada en la acción voluntaria y la libre elección de las personas

Por Porfirio Cristaldo Ayala

El exaltado debate sobre la conveniencia de un aumento de los aranceles médicos para el sector privado, propuesto en un reciente proyecto de ley, es un paradigma de las ideas estatistas, opuestas al mercado, que predominan en el Paraguay y que explican su pobreza y atraso. El gremio médico que impulsó el proyecto de ley discutía sobre la necesidad de actualizar las tasas, mientras la asociación de consumidores y las empresas de medicina prepaga advertían que en la actual recesión ello dejaría sin servicios de salud a gran parte de la población. Pero lo que no se dijo es que la ley de aranceles jamás debió existir.
El problema no es si la gente o los médicos tienen más necesidades. Todos sufren la prolongada recesión económica y todos están en un mismo bote. Si este hace agua todos se hunden. No puede un grupo sacar ventajas a expensas de otro, valiéndose de la ley, sin destruir al mismo tiempo las bases de la cooperación social sustentada en la acción voluntaria y la libre elección de las personas. Cuando la ley instaura la injusticia, pierde el respeto de los ciudadanos y debilita el estado de derecho.
No se trata de si los aranceles médicos son altos o bajos, sino que son nocivos e innecesarios. El paciente y su médico pueden decidir libremente los honorarios profesionales, en cada caso, de acuerdo a sus medios y a los precios actuales. Los honorarios médicos, para ser justos, tienen que ser acordados libremente. Lo mismo para los servicios hospitalarios y las cuotas de los seguros o la medicina prepaga. ¿Por qué imponer por la fuerza de la ley un determinado precio cuando las personas pueden acordarlo voluntariamente?
No hay explicación razonable. El proyecto se basa en las ideas estatistas predominantes que consideran – como en 1940 – que el Estado debe dirigir la economía para evitar supuestos abusos y desorden. Los estatistas aseveran que el gobierno debe fijar precios por ley en algunos sectores de la economía utilizando los pretextos más diversos, a los que denominan “fallas del mercado”. En algunos casos la intervención estatal es para presumiblemente defender a los consumidores de los empresarios y en otros para regular “bienes esenciales”, que no pueden ser considerados “simple mercancía”.
En realidad, lo que rechazan los estatistas es la economía libre o de mercado, sistema que podría definirse como el intercambio y la cooperación libre y voluntaria de las personas, sin la intromisión del gobierno. En el mercado las empresas están sometidas a la soberanía del consumidor. El que decide los precios no es el capitalista, sino el consumidor, incluso el más humilde, con su decisión de comprar o no comprar. El consumidor no necesita pues que el gobierno lo defienda. Y en cuanto a “bienes esenciales”, pocas cosas son más valiosas que la salud. Por eso mismo, los servicios médicos – al igual que los alimentos – deben ser suministrados por el mercado, en total libertad, y no mediante decretos, al antojo de políticos y funcionarios públicos.
El mercado no es una máquina como alegan los socialistas. El mercado es la gente, personas comunes que producen, contratan, compran y venden bienes y servicios voluntariamente. La oposición al mercado, en definitiva, solo busca poner trabas a la libertad de elección de la gente. Los estatistas imponen su voluntad a las personas a través de las leyes, por que ¡creen saber más que las personas lo que a estas les conviene! Ejemplos recientes son la prohibición de exportar carbón y materias primas, y la fijación de tarifas de celulares.
El abuso de la ley para beneficio particular, sin embargo, daña el estado de derecho, viola la propiedad y origina permanentes conflictos sociales. En una sociedad justa, en la que se protege los derechos de cada persona, el intercambio de bienes y servicios, incluyendo los servicios médicos, de escribanos y abogados, tiene que ser libre y voluntario, sin mediar leyes que perjudiquen a unos en beneficio de otros.
La intervención en la economía para favorecer a algunos sectores termina envileciendo las leyes, convirtiéndolas en instrumentos del robo y la explotación legalizada, como advertía Bastiat. Las leyes que violan la libertad de elegir como la ley de aranceles médicos, resultan desastrosas, dado que no solo atentan contra el progreso social, malgastando valiosos recursos, sino que conducen a una sociedad injusta en la que cada sector trata de vivir a expensas de los demás, mediante los buenos oficios del gobierno.