Por Angel Soto

La historia latinoamericana del siglo XX y comienzos del XXI se ha caracterizado por una constante inestabilidad reflejada en democracias frágiles, dictaduras y populismos que en definitiva lo único que consiguieron fue retrasar el desarrollo de nuestra región coartando su libertad, ya sea en su dimensión política, económica, social y de expresión.

En ese sentido, los populismos tienen en común con las dictaduras que ambas tienen una política comunicacional similar destinada a menospreciar el ejercicio del periodismo, es decir, restringen su libertad utilizándolo como arma política y construyendo "ejércitos mediáticos" al servicio de su causa. Se autoproclaman un gobierno popular que interpreta la voz del pueblo y que por tanto cree poder "fabricar" una verdad, decretada como verdad única.

Los populismos analizan los medios de comunicación exclusivamente como un campo de batalla política y definen estrategias al estilo "batalla de las ideas", "ejércitos de periodistas", "combates comunicacionales" o "terrorismo mediático", cargando el discurso de un sentido bélico que no deja espacio para la crítica libre, la oposición, la discrepancia y con ello la expresión libre de las ideas, cuestión propia de la democracia deliberativa. Es decir, al igual que las dictaduras, construyen ejércitos mediáticos organizados en forma centralizada que poseen un discurso homogéneo destinado a fortalecer al caudillo que está en el poder. Y cuando no es expresamente atacado, ya sea en forma directa o indirectamente, de manera física o verbal, la violencia implícita en el sistema genera autocensura y restringe en forma dramática la agenda sobre la cual el periodismo trabaja limitando así la calidad de la información que los ciudadanos reciben.

Eso es parte de lo que se desprende del último número del informe "Indicadores de periodismo y democracia a nivel local en América Latina" que acaba de dar a conocer el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) con sede en Buenos Aires y que se publica dos veces al año.

En el informe, más allá de los clásicos países donde no hay o existen restricciones a la libertad de expresión,  se destaca la situación de Venezuela como una de las peores zonas para ejercer la profesión de periodista.

Hay casos en México y Colombia en donde existen privados o son autoridades aisladas las que promueven las restricciones contra el libre ejercicio del periodismo. Sin embargo, en el caso venezolano el control viene desde el propio ejecutivo quien ha acorralado las posibilidades de crítica a su gestión a través de herramientas legales y administrativas que acosan a los medios que le son hostiles. Es decir no existe la neutralización y el equilibrio entre los poderes tal como ocurre en una democracia, apareciendo como utópico pensar que pueda existir en ese país libertad de expresión y de prensa, cuestión que ha sido constatado por la propia reunión de la SIP celebrada a fines del 2005. En este país se ha ido construyendo ese ejército mediático del que se hablaba más arriba, que al mismo tiempo ha cooptado a los medios pequeños convirtiéndolos en clientes o promoviendo la creación de otros nuevos.

Junto a lo anterior, no debe olvidarse el programa "Aló Presidente" en el cual es el propio Hugo Chávez quien se encarga de "informar" y "responder" las inquietudes de los venezolanos.

Históricamente, nuestra región sabe que los autoritarismos atentan contra el periodismo mientras que la gobernabilidad y consolidación democrática están en directa relación a su libre ejercicio.

Es de esperar entonces que, de cara a los procesos electorales que se avecinan en el vecindario, la preocupación de los analistas no sólo este centrada en los "ofertones electorales", las orientaciones de izquierda o derecha de los candidatos, o los indicadores de crecimiento económico y bienestar socioeconómico, sino que también, y principalmente, en los grados de libertad, tolerancia y responsabilidad que ellos defiendan y promuevan.

Ángel Soto es Profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes (Chile) e Investigador Asociado de CADAL.