En sus primeros meses de mandato, el presidente electo Luis Ignacio “lula” da Silva se ha esforzado por entregar señales de prudencia económica desde que asumió a principios de enero del 2003.

Por Francisco Garcés

En sus primeros meses de mandato, el presidente electo Luis Ignacio “lula” da Silva se ha esforzado por entregar señales de prudencia económica desde que asumió a principios de enero del 2003.
La nueva administración se ha visto enfrentada a un escenario de alto riesgo que incluye: el ambiente económico internacional desfavorable, las reformas estructurales poco populares que deberá enfrentar el gobierno, sin olvidar la persistente inflación que afecta al país y las medidas contractivas de política monetaria y fiscal.
Sin embargo, el nuevo Gobierno planea llevar a cabo una serie de reformas entre las cuales destacan: 1) la reforma tributaria; 2) la independencia del Banco Central y 3) la reforma del sistema previsional, la cual será la primera que intentará en mayo próximo.
La reforma tributaria se vislumbra como la más difícil de implementar, ya que supone una modificación de las relaciones fiscales entre el gobierno federal y los gobiernos estaduales, al mismo tiempo que suscita alto rechazo por parte de los municipios.
Esta reforma supone, por una parte, la creación de un impuesto al Valor Agregado Nacional, en reemplazo al actual Impuesto sobre la Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) que es de carácter estadual. Este punto parece fundamental puesto que el actual ICMS es establecido sin coordinación alguna entre los diferentes gobiernos estaduales.
Cabe señalar también que este impuesto, que afecta todas las etapas de la producción, es la mayor fuente de fondos para los gobiernos estaduales y los municipios, lo que explica la reticencia de los gobernadores frente al tema.
Por otra parte, la reforma tributaria prevé modificar el impuesto a la renta, aumentando aún más la progresividad, de modo que los ingresos más altos se verán afectados por un impuesto a la renta cercano al 35%.
Por último, esta reforma supone la introducción del impuesto a la transmisión hereditaria de bienes.
Hasta ahora no está claro si el Gobierno logrará generar el consenso necesario para aprobar esta reforma, ya que de los 27 gobernadores, sólo 3 pertenecen al Partido de los Trabajadores (PT).
La segunda reforma estructural apunta a la independencia del Banco Central. Este proyecto debiera ser votado en el segundo semestre con éxito, puesto que el propio PT aprobó esta propuesta en 1988.
La tercera reforma estructural intentará modificar el sistema de seguridad social, que destaca por el alto costo fiscal que le significa al Estado. A modo de ejemplo, se puede señalar que el sistema previsional tuvo un déficit total de US$ 20.000 millones en el 2002, de los cuales un 75% se atribuyen al déficit que genera el sector público, con el agravante que sólo 3 de los 23 millones de jubilados pertenecen a este sector.
Por otra parte, el sistema de seguridad social se percibe como poco equitativo, puesto que las pensiones de los trabajadores del sector privado se calculan sobre la base de un promedio del ingreso mensual de los tres últimos años, con un tope de US$ 400 por mes, mientras que las pensiones del sector público no registran límites y se calculan sobre la base del ingreso del último mes de trabajo.
En ese contexto, la reforma previsional apunta a mejorar la equidad, así como la viabilidad financiera de este sistema. En particular, el Gobierno Federal desea alinear las contribuciones y los beneficios de los trabajadores públicos y privados, por una parte, y fijar un tope único a las pensiones mensuales, por otra.
Resulta fácil comprender el rechazo que genera esta iniciativa, ya que reduce una fuente de ingresos importante para ciertos grupos políticos.
Junto con estas reformas, la nueva administración ha tenido que lidiar con un ambiente económico frágil e inestable.
En efecto, y si bien la economía creció en un 1,5% en el 2002 - en parte debido al repunte de las exportaciones del orden del 7,8% - el consumo y las inversiones se han visto afectadas por el alza de las tasas de interés, el debilitamiento del real y el deterioro de la confianza en el mercado. A modo de ejemplo, se puede señalar que el consumo registró una baja cercana al 1,2%, mientras que la inversión disminuyó en un 4,1%.
Paralelamente, la inflación está demostrando ser un problema crónico, de difícil solución. En efecto, el Índice de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) registró un alza de 2,25% en el mes de enero, lo que suma un aumento acumulado de 14,5% en los 12 últimos meses.
Esto responde a la devaluación del real, por una parte, y al aumento de los precios de los sectores públicos, por otra. Cabe destacar que el real se devaluó en respuesta a la pérdida de confianza de los inversionistas, la cual fue absorbida por la moneda local en un contexto de tasas de cambio flotante. En particular, la devaluación alcanzó un 34,3% en el 2002.
Frente a este escenario de inflación persistente, el Comité de Política Monetaria (COPOM) optó por contraer la oferta monetaria, a mediados de febrero, mediante un aumento de la tasa de referencia SELIC de 25,5% a 26,6%.
Esta política revela una actitud de cautela por parte del Gobierno, puesto que se anticipa a un eventual aumento del precio del petróleo, esto a pesar de los efectos adversos en términos de rentabilidad.
Por lo demás, un aumento del tipo de cambio agravaría aún más la situación de la deuda interna indexada, ya que su perfil de vencimiento se concentra en el segundo semestre, entre los meses de mayo y junio.
De ese modo, se espera que la inflación se estabilice alcanzando un 11% a fines del 2003, nivel cercano al inicialmente presupuestado por la autoridad monetaria (meta de 8,5% con un intervalo de tolerancia cercano al 2,5%)
Cabe destacar que el mayor temor inflacionista nace del retorno de la indexación salarial, que se acompaña de una serie de reclamos ante el aumento de precios, acumulado desde la devaluación de la moneda local en enero de 1999.
En el ámbito fiscal, destaca el aumento de la meta de superávit fiscal primario para el 2003, de un 3,75% a un 4,25% del PIB.
Esta medida ha sido muy bien recibida por la comunidad internacional, ya que revela la voluntad, por parte de la nueva administración, de reducir el ratio deuda pública/PIB, que alcanzó los 55,9% el año pasado, y de mejorar la confianza de los mercados.
Por otra parte, se prevé que el gasto del Gobierno Central disminuya en un 16,3% en el 2003, esto a pesar del aumento del salario mínimo de un 20%.
Cabe destacar que de realizarse la reforma previsional, el Gobierno podría esperar disminuir el déficit social de 5,5% a 3% del PIB, lo que le permitiría continuar con la política de reducción del ratio deuda/PIB.
En el ámbito social, en cambio, Lula está llevando a cabo su programa “Hambre Cero” desde febrero pasado. En él, las familias que cumplen con los requisitos reciben una tarjeta magnética que les permite comprar alimentos. Este programa ha sido fuertemente criticado en la medida que no se ha definido con claridad el costo del proyecto, los criterios que definen a un indigente, ni tampoco el origen del financiamiento.
Lula, por su parte, argumenta que este proyecto se financiará mediante la suspensión de las compras de aviones de guerra.
A nivel político, cabe señalar que el gobierno oscila frecuentemente entre su voluntad de complacer al mundo empresarial, y al mismo tiempo a los sectores izquierdistas de Brasil. A esto se agrega el hecho de que el PT sólo obtuvo el gobierno de 3 estados sobre 27. Este escenario obliga a la realización de consensos parlamentarios de modo de generar una coherencia política que sustente la gobernabilidad del nuevo presidente.
En síntesis, los resultados por venir dependerán de la disciplina fiscal, al mismo tiempo que del escenario económico internacional. Lo cierto es que los resultados de los próximos meses demostrarán en qué medida el nuevo Gobierno está apto para administrar el país en un escenario económico desfavorable.
Para el 2003, en tanto, y suponiendo que las reformas estructurales se lleven a cabo, se puede esperar que el crecimiento alcance un 2% mientras que se espera un 3% para el 2004. Estos niveles difícilmente superarán los pronósticos establecidos dado el frágil escenario mundial, por una parte, y la austeridad fiscal a la cual se comprometió el Ejecutivo por otra.
En términos más descarnados cabe señalar que la economía de Brasil es sumamente frágil todavía y acarrea riesgos significativos, como los efectos de la guerra en el medio oriente, las presiones inflacionarias y el desafió de mantener políticas públicas conservadoras.
La cuenta de capital de balanza de pago es uno de los aspectos delicados y de observación.
Para que la evolución económica de Brasil sea sostenible, se requiere que el índice de riesgo país baje a la mitad, vale decir de 1200 a 600 puntos base.

Francisco Garcés es Director del Centro de Economía Internacional del Instituto Libertad y Desarrollo.