Por Carlos Alvarez

En febrero de 1972 el ex presidente estadounidense Richard Nixon, un recalcitrante republicano de derecha, propició un acercamiento nada menos que con China comunista. Esta visita constituyó un paradigma de la supremacía del necesario reconocimiento de la realidad por parte de los gobernantes sobre la voluntad de actuar motivados por una ideología.

Desde entonces, se conoce como efecto "Nixon en China", a la paradoja política según la cual gobiernos llegados al poder con una identificación política muy precisa, enfrentados a los problemas concretos, adoptan  medidas que, en principio, parecerían más propias de sus opositores.

¿Los primeros meses del gobierno de izquierda en Uruguay podrían enmarcarse en la Paradoja de Nixon en China? Puede que haya algo de eso, pero todavía es prematuro afirmarlo.

El nuevo gobierno ha dado diversas muestras de realismo en temas no menores como el equilibrio fiscal, el acuerdo con el FMI, la política monetaria, la actitud hacia los diversos grupos de deudores de instituciones públicas, el respeto de los contratos de concesión firmados por el anterior gobierno, la confirmación del régimen mixto en la seguridad social (AFAPs), etc. Esto es innegable, pero también es innegable que se trata de los temas en los que el gobierno tenía menos margen de maniobra. Es decir, que el mérito de allanarse al realismo y el pragmatismo no es tan alto, puesto que el costo de ceder a la ideología hubiese sido altísimo.

La macroeconomía es extremadamente rígida y no ofrece demasiadas opciones viables para que un gobierno elija según su identidad ideológica. Por eso no es sorprendente que la conducta macroeconómica se parezca a la de sus predecesores, y esa no es señal suficiente para cuestionarle su identidad de izquierda.

A partir de marzo de 2005 en Uruguay la macroeconomía ha salido del plano de lo discutible y las diferencias de impronta ideológica hay que buscarlas en otros planos de la gestión gubernativa. Sin duda esta es la gran noticia de este año 2005. Si los primeros meses del gobierno de izquierda van a ser recordados por algo en la historia de este país ha de ser sin duda por haber producido una política macroeconómica de consenso. Un pequeño esfuerzo de memoria nos permitirá recordar que el 16 de febrero en el Palacio Legislativo los cuatro partidos con representación parlamentaria suscribieron un "acta de entendimiento interpartidario" que incluía acuerdos en torno a "una conducta fiscal rigurosa, aprobar una transformación del Estado y mantener la política cambiaria de libre flotación del dólar", avalaron el mecanismo de canje de deuda instrumentado por el gobierno de Batlle y coincidieron en impulsar una reforma tributaria que simplifique el actual sistema y sea coherente con una reducción de la presión impositiva. También acordaron mantener una política monetaria basada en el control de los stocks de circulante para obtener determinados objetivos inflacionarios (Semanario Búsqueda, 17 de febrero de 2005). Este acuerdo fue precedido por un informe preparado por el CINVE para el BID en el mes de enero, cuando este instituto era presidido por el actual Jefe de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Fernando Lorenzo, y es muy gráfico al constatar que "...la principal restricción que la política económica heredó de la crisis del 2002 es el requerimiento de obtener un superavit fiscal sustancial que permita, en un horizonte de mediano plazo, la recomposición de la relación deuda/producto, y el retorno a los mercados voluntarios de crédito...el escaso o nulo margen de maniobra en materia de política fiscal se explica por la gran sensibilidad de este resultado a la evolución del nivel de actividad y a la trayectoria del tipo de cambio real."

Tal vez en su momento este "entendimiento"  pasó como un acuerdo más entre líderes políticos que muy pronto sería olvidado. Sin embargo, los hechos demostraron que este acuerdo reflejaba la sincera voluntad y convicción de sus firmantes.

¿Pero que ocurre si dejamos el terreno de la macroeconomía y analizamos lo que ha ocurrido en los temas en los que los costos del impulso voluntarista no son tan dramáticos a corto plazo (es decir donde todavía el gobierno no está tan acorralado por la realidad)?

Claramente, en estos casos la paradoja Nixon en China no se verifica. Veamos tres ejemplos: Ministerio de Trabajo,  Ministerio del Interior y  Cancillería

La formación de los Concejos de Salarios, la derogación de las normativas que habilitaban el desalojo policial de locales de trabajo ocupados, la ley de fuero sindical, que hace muy riesgoso despedir empleados agremiados, y la reciente iniciativa que hace co-responsable a los contratistas por el incumplimiento de obligaciones laborales de sus subcontratados, está creando un ambiente enrarecido en el que parece diluirse el derecho de propiedad. Desde el gobierno se insiste en que estas medidas no serán obstáculo para atraer a la inversión privada, pero seguramente no son parte de una estrategia coherente con la dramática necesidad de atraer inversión al país con la que insiste el Ministro de Economía.

Las políticas de seguridad pública, o mejor dicho la inexistencia de estas, también constituyen una evidencia irrefutable de que este es un gobierno de izquierda. Desde que asumieron las actuales autoridades es prácticamente imposible radiar a los menores infractores de la actividad delictiva: El nuevo Código de la Niñez y la Adolescencia complica la acción policial, la saturación de los establecimientos de seguridad del INAU hace que los jueces remitan solo a la fracción mas violenta de menores infractores y la crisis de recursos humanos de esa institución hace que permanezcan internados solo aquellos que no se proponen fugarse. La frutilla de la torta llegó con a ley de Humanización del Sistema Carcelario, que lisa y llanamente está liberando delincuentes porque no hay donde ponerlos. La exposición de motivos de esta ley es descriptiva de la ideología que en la materia anima a este gobierno: El delincuente es una víctima de la sociedad capitalista. Como lo ha señalado la oposición en las prioridades de este Ministro del Interior todo está antes que la garantía de seguridad para los ciudadanos honestos.

El Canciller no le va a la zaga a sus dos colegas ya mencionados: Su anti norteamericanismo es confeso, se opuso a la firma del tratado de protección recíproca de inversiones con Estados Unidos, y si para muestra basta un botón, ni siquiera habla inglés.

Otros proyectos emblemáticos de este gobierno también nos hablan de su innegable identidad izquierdista: El ya concretado Plan de Emergencia (Panes), el insinuado Sistema Nacional de Salud y la vedette de estos días, el Impuesto a la Renta dan suficiente muestra de que la fuerza de gobierno no ha olvidado muchas de sus mas caros objetivos. Ni que hablar del modo en que se ha encarado el revisionismo de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la dictadura.

Los hechos nos inducen a creer que, por ahora, este es un gobierno con una impronta clásica de izquierda, pero de una izquierda que afortunadamente ha abandonado el cuestionamiento a la ortodoxia macroeconómica. Lo que habrá que verificar con el correr del tiempo es si son compatibles las medidas adoptadas en el terreno macroeconómico con las implementadas en otros ministerios como fruto de las convicciones tradicionales de la izquierda. Quizás se llegará a un punto en que las consecuencias de estas últimas comprometerán seriamente la posibilidad de éxito de aquellas.

La paradoja de Nixon en China existe más como una sensación cuando se comparan  las primeras medidas de este gobierno con las expectativas que alentó históricamente la izquierda en la sociedad, y que en los últimos años se identificó con la idea de "país productivo". En las expectativas de la gente (no solo de sus votantes) estaba que el gobierno instrumentaría subsidios, subiría los aranceles y el tipo de cambio para proteger a la industria nacional, aumentaría sustancialmente la asignación presupuestal de la salud, la educación y el poder judicial (con aumento salarial para los funcionarios incluido), financiaría la construcción de viviendas populares, fijaría los precios de los artículos de consumo popular, retornaría al control del estado servicios privatizados por los gobiernos "neoliberales" de blancos y colorados, suspendería las ejecuciones de deudores y se plantearía muy firme ante los organismos multilaterales de crédito para decirles que se les pagaría en la medida en que se pudiera, pero que primero había "que darle de comer al pueblo".

También se alimenta esta sensación cuando analizamos que algunos miembros del equipo económico anunciaron tener la intención de llevar adelante en el futuro: Pasar las empresas públicas al derecho privado, eliminar los monopolios públicos, asociar empresas públicas al capital privado, terminar con la inamovilidad de los funcionarios, reformar el Banco Central, etc.

Pero de momento se trata no de lo que el gobierno ha hecho, sino de lo que no ha hecho o de lo que dice que va a hacer. Solo si se aleja definitivamente del horizonte la amenaza de comportamiento demagógico y populista, manifiestamente hostil a la economía de mercado, y si se empiezan a concretar las intenciones anunciadas, podremos decir entonces que en Uruguay nos hayamos ante la paradoja de Nixon en China.

Carlos Alvarez es Coordinador de Programas de CADAL en Uruguay.