LIBERTAD EDUCATIVA
El proyecto de reformas estructurales ha sufrido un estancamiento total a causa del entorno político, de la falta de consensos básicos entre el ejecutivo, el legislativo, y todas las instancias políticas del país. La reforma estructural de mayor importancia a largo-plazo, la reforma educativaPor Roberto Salinas León & Adolfo Gutiérrez Chávez
El proyecto de reformas estructurales ha sufrido un estancamiento total a causa del entorno político, de la falta de consensos básicos entre el ejecutivo, el legislativo, y todas las instancias políticas del país. La reforma estructural de mayor importancia a largo-plazo, la reforma educativa, representaría un avance fundamental, dadas nuestras condiciones en un plano demográfico favorable, así como la falta de inversión en capital humano. Empero, un cambio estructural se ve difícil, sino imposible.
El dilema es sencillo. Por un lado, mejorar la educación sigue siendo el desafío más importante de nuestro país. Sin embargo, el sistema educativo genera un producto de mala calidad, con altísimos costos para la sociedad. La solución, favorita del coro político, casi siempre se reduce a “aumentar el gasto educativo.” El año pasado presenciamos este pobre impulso, en forma dramática, con la iniciativa para formalizar en ley un gasto equivalente al 8% del ingreso nacional—iniciativa bonita, bienintencionada, pero irresponsable. Cada año, hay mayores erogaciones por motivo del gasto en educación, pero sin un efecto visible en el capital educativo mexicano.
El tema de reforma educativa ya no puede ignorar la oportunidad conocida como el cheque o el bono educativo. De hecho, el fin de semana pasado estuvo en México el gúru en la materia, el famosísimo economista Milton Friedman, creador de esta idea. La reforma basada en una versión del bono educativo busca dos objetivos, uno fiscal, uno personal. Por un lado, poner fin al derroche en gasto educativo, por otro lado, dar a los padres de la familia cotidiana la libertad de elegir escuelas para sus hijos. La tesis es que el efecto neto de esta ecuación sería mejorar la calidad de la oferta educativa, y por lo tanto, a la larga, del nivel de bienestar de la sociedad.
Bajo esta óptica, el papel del Estado no es ser dueño de las escuelas, ni establecer programas de estudio, sino, en palabras de Friedman, “ayudar a la gente más pobre y más necesitada a poder escoger la escuela de su elección.” Ello se materializa por medio de una garantía para igualar las mismas oportunidades de educación, tanto a ricos como a pobres.
La propuesta es que en lugar de que el dinero que gasta el gobierno en sostener a las escuelas públicas se dirija a la burocracia vigente, éste se entregue directamente a los padres de familia, con medios de pago canjeables por servicios educativos, para que estos elijan la escuela que más les convenga, incluso una privada. En México, el gobierno destina unos 270 mil millones de pesos a la educación; pero 8 de cada 10 pesos se pierden entre maestros, burócratas, intereses sindicales y asuntos administrativos, por lo cual realizar una inversión efectiva en proyectos educativos resulta prácticamente imposible.
Vaya, con el presupuesto que el gobierno destina a la educación básica, se podría financiar un cheque hasta por 1,000 pesos mensuales a cada alumno; con ello, los más necesitados tendrían la libertad de elegir una buena educación para sus hijos, y el nivel de educación de los estudiantes mexicanos mejoraría por motivo de la creación de un sistema de competencia abierta.
El aumentar el gasto educativo con relación al ingreso nacional, no es sinónimo de una mayor calidad educativa. Los gobiernos de países como Namibia o Zimbabwe gastan mucho más de la norma estadística, pero no disfrutan precisamente los mejores sistemas o niveles educativos. El gasto estatal en la educación mexicana ha resultado ser regresivo—o sea, beneficia a los que más tienen, en lugar de las familias de pocos recursos. Y a pesar de todo, cada año reprobamos los estándares internacionales más tradicionales en materia de calidad educativa se refiere.
La propuesta del cheque educativo no es ideológica, es pragmática: habría mayores oportunidades de mejorar la calidad educativa si se respetara la libertad de elección en los servicios educativos de nuestro país.
Roberto Salinas León & Adolfo Gutiérrez Chávez son Director de Política Económica y Jefe de Estudios Económicos, de TV Azteca; e-mail: estrategiaeconomica@todito.com
Este artículo fue originalmente publicado en www.toditoeconomico.com
El proyecto de reformas estructurales ha sufrido un estancamiento total a causa del entorno político, de la falta de consensos básicos entre el ejecutivo, el legislativo, y todas las instancias políticas del país. La reforma estructural de mayor importancia a largo-plazo, la reforma educativa, representaría un avance fundamental, dadas nuestras condiciones en un plano demográfico favorable, así como la falta de inversión en capital humano. Empero, un cambio estructural se ve difícil, sino imposible.
El dilema es sencillo. Por un lado, mejorar la educación sigue siendo el desafío más importante de nuestro país. Sin embargo, el sistema educativo genera un producto de mala calidad, con altísimos costos para la sociedad. La solución, favorita del coro político, casi siempre se reduce a “aumentar el gasto educativo.” El año pasado presenciamos este pobre impulso, en forma dramática, con la iniciativa para formalizar en ley un gasto equivalente al 8% del ingreso nacional—iniciativa bonita, bienintencionada, pero irresponsable. Cada año, hay mayores erogaciones por motivo del gasto en educación, pero sin un efecto visible en el capital educativo mexicano.
El tema de reforma educativa ya no puede ignorar la oportunidad conocida como el cheque o el bono educativo. De hecho, el fin de semana pasado estuvo en México el gúru en la materia, el famosísimo economista Milton Friedman, creador de esta idea. La reforma basada en una versión del bono educativo busca dos objetivos, uno fiscal, uno personal. Por un lado, poner fin al derroche en gasto educativo, por otro lado, dar a los padres de la familia cotidiana la libertad de elegir escuelas para sus hijos. La tesis es que el efecto neto de esta ecuación sería mejorar la calidad de la oferta educativa, y por lo tanto, a la larga, del nivel de bienestar de la sociedad.
Bajo esta óptica, el papel del Estado no es ser dueño de las escuelas, ni establecer programas de estudio, sino, en palabras de Friedman, “ayudar a la gente más pobre y más necesitada a poder escoger la escuela de su elección.” Ello se materializa por medio de una garantía para igualar las mismas oportunidades de educación, tanto a ricos como a pobres.
La propuesta es que en lugar de que el dinero que gasta el gobierno en sostener a las escuelas públicas se dirija a la burocracia vigente, éste se entregue directamente a los padres de familia, con medios de pago canjeables por servicios educativos, para que estos elijan la escuela que más les convenga, incluso una privada. En México, el gobierno destina unos 270 mil millones de pesos a la educación; pero 8 de cada 10 pesos se pierden entre maestros, burócratas, intereses sindicales y asuntos administrativos, por lo cual realizar una inversión efectiva en proyectos educativos resulta prácticamente imposible.
Vaya, con el presupuesto que el gobierno destina a la educación básica, se podría financiar un cheque hasta por 1,000 pesos mensuales a cada alumno; con ello, los más necesitados tendrían la libertad de elegir una buena educación para sus hijos, y el nivel de educación de los estudiantes mexicanos mejoraría por motivo de la creación de un sistema de competencia abierta.
El aumentar el gasto educativo con relación al ingreso nacional, no es sinónimo de una mayor calidad educativa. Los gobiernos de países como Namibia o Zimbabwe gastan mucho más de la norma estadística, pero no disfrutan precisamente los mejores sistemas o niveles educativos. El gasto estatal en la educación mexicana ha resultado ser regresivo—o sea, beneficia a los que más tienen, en lugar de las familias de pocos recursos. Y a pesar de todo, cada año reprobamos los estándares internacionales más tradicionales en materia de calidad educativa se refiere.
La propuesta del cheque educativo no es ideológica, es pragmática: habría mayores oportunidades de mejorar la calidad educativa si se respetara la libertad de elección en los servicios educativos de nuestro país.
Roberto Salinas León & Adolfo Gutiérrez Chávez son Director de Política Económica y Jefe de Estudios Económicos, de TV Azteca; e-mail: estrategiaeconomica@todito.com
Este artículo fue originalmente publicado en www.toditoeconomico.com